La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, mostró este martes en el Parlamento su "solidaridad" con los más de 300 trabajadores del hotel Oliva Beach, ubicado en las Dunas de Corralejo, en dominio público marítimo terrestre, y que está a expensas de que se resuelva una solicitud de la cadena RIU para su rehabilitación.

"No me gustaría que se cerrara, pero tenemos que hablar con claridad a los ciudadanos y a los trabajadores, y no con demagogias", señaló Castilla en respuesta al diputado majorero Fernando Enseñat (PP), quien le interpeló por las acciones del Gobierno de Canarias para que salga adelante el proyecto de reforma del establecimiento.

La consejera de Turismo señaló que la concesión de la autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica para las obras "no es una cuestión de voluntad política sino de cumplir o no la legalidad". Castilla insistió en que el Gobierno de Canarias y la Consejería de Turismo en particular carecen de competencias y que la decisión corresponde al ministerio.

Castilla pidió a Enseñat "no confundir a los trabajadores" sobre la Administración que puede resolver el expediente de reforma del establecimiento hotelero en las Dunas de Corralejo y recordó que el proyecto se elevó en septiembre del año pasado al Ministerio de Transición Ecológica "con un informe negativo" de la Demarcación de Costas de Canarias.

La consejera destacó que ese informe negativo había sido emitido por parte de un funcionario y que no se puede "saltar a la torera", porque los trabajadores públicos "garantizan la objetividad en la aplicación de la ley". "¿Estamos los políticos para prevaricar?", lanzó Castilla en respuesta a Enseñat.

El diputado del Partido Popular aseguró que el Ministerio de Transición Ecológica ha pedido otro informe, sobre la vigencia y legalidad de la concesión del dominio público que se prorrogó por 75 años a la cadena RIU "a raíz de un intenso trabajo del entonces senador Claudio Gutiérrez", actual portavoz de su partido en el Cabildo de Fuerteventura.

"Este hotel es legal y tiene una concesión legal", afirmó Enseñat, quien redujo el bloqueo del expediente para la reforma del establecimiento, cuyo proyecto se presentó hace dos años, a un simple "problema de voluntad política".

El diputado popular acusó al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, de haberse sacado una "foto electoral" con la plantilla de trabajadores del hotel y la consejera de Turismo le replicó asegurando que Torres se había reunido al menos en cuatro ocasiones con el Gobierno central para abordar la situación del Oliva Beach y que le hace un "estrecho seguimiento".

Fernando Enseñat y Yaiza Castilla.

Pique entre Enseñat y Castilla

Uno de los momentos más tensos de la Comisión parlamentaria de Turismo, Industria y Comercio de este martes llegó cuando Enseñat acusó a la consejera, de la Agrupación Socialista Gomera, de "esconderse detrás de las competencias" y le pidió que se implicase "igual" que si el hotel "estuviese en Valle Gran Rey".

"Me parece cínico que dé a entender que mi acción política sería distinta si el hotel estuviese en Valle Gran Rey, porque soy una consejera regional y no insular", dijo Castilla, visiblemente irritada, quien añadió que también se ha reunido con RIU para conocer la situación del expediente.