El secretario insular del PSOE y vicepresidente en funciones del Cabildo, Blas Acosta, declaró este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario en calidad de investigado por una imputación por prevaricación urbanística.

La investigación judicial se centra en la concesión por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, en el año 2010, de una licencia de primera ocupación y de la cédula de habitabilidad para una vivienda en la urbanización de La Pared, permisos que previamente se habían denegado por el propio Consistorio.

Blas Acosta fue concejal de Urbanismo de Pájara entre los años 2003 y 2015. La licencia de construcción de la vivienda en La Pared se concedió en el año 2001. En el año 2008 el propietario pidió la licencia de primera ocupación “y se le deniega”, reconoció Acosta, quien aseguró que el inmueble tenía “problemas de linderos, de depuración de aguas y de urbanización”.

El actual vicepresidente en funciones del Cabildo insistió este lunes en que por parte del propietario de la vivienda “se corrige” todo aquello que había provocado que se le denegase la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad.

Acosta hizo hincapié en que “el secretario” del Ayuntamiento de Pájara estaba “presente”, como "siempre", en la Junta de Gobierno municipal celebrada en el año 2010, cuando se cambia el criterio de la institución y se otorga la autorización para la primera ocupación de la vivienda, dando a entender que el máximo responsable de los servicios jurídicos no puso reparos al acuerdo.

Además de Blas Acosta, este lunes declararon como investigados por presunta prevaricación urbanística el alcalde en funciones, Rafael Perdomo, o la concejal Rosa Bella Cabrera, además del resto de miembros de la Junta de Gobierno que dio la licencia, compuesta también por Ramón Cabrera, Jesús Umpiérrez y Antonio Jiménez.

Denuncia vecinal

A la salida del Juzgado, Blas Acosta afirmó que el procedimiento judicial en el que se encuentra investigado por prevaricación urbanística es una “denuncia política, como todas los demás que han estado presentando durante todo este tiempo”. Sin embargo, la causa se origina por una querella de la asociación Viejo Rey de La Pared, que agrupa a propietarios y vecinos de la urbanización.

El colectivo vecinal ganó en los tribunales un contencioso contra el Ayuntamiento de Pájara y la Justicia ha obligado al Consistorio a que asuma los servicios de la urbanización, que se encuentra en malas condiciones. Además, la asociación emprendió acciones penales y el procedimiento por el que declararon este lunes en el Juzgado tanto Acosta como el resto de cargos municipales es una pieza separada de aquella causa.

A pesar de ello, Acosta insistió en que se trataba de una “denuncia política” interpuesta en el año 2014 por el partido Votemos y añadió que se está “instruyendo desde entonces”. Sin embargo, las acciones penales no son de Votemos, que como partido se constituyó en abril de 2015, sino del citado colectivo vecinal.