En virtud de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2019, los ayuntamientos, a través de sus departamentos de servicios sociales, podrán pronunciarse en los casos de desahucios que se produzcan en sus jurisdicciones territoriales, "cuestión fundamental para que se pueda llevar a cabo una política rigurosa sobre vivienda pública", según Juan Jiménez, candidato socialista a la alcaldía de Puerto del Rosario.

Esta medida pretende mejorar la coordinación de las instancias judiciales con los servicios sociales municipales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad para el mismo, al tiempo que se trata de agilizar el procedimiento que lo procura. "El Ayuntamiento podrá, de esta manera, mitigar, en cierto modo, el sufrimiento y la angustia de quienes se ven abocados a abandonar el calor que les proporciona un techo protector, al menos durante unas semanas, que podrán servir para tratar de buscar una nueva vivienda y construir un hogar", establece el candidato del PSOE y secretario general de la agrupación socialista de Puerto del Rosario.

Para Juan Jiménez, "los desalojos forzosos necesitan una regulación integral que evite el sufrimiento personal. Esta medida será buena, pero será mejor la que conlleve un tránsito que evite el sufrimiento". En este sentido, para proteger a los hogares vulnerables se podrá notificar de oficio al departamento de servicios sociales, que podrá solicitar al juez instructor que paralice el proceso de desahucio durante un mes, hasta que se encuentre una solución a dicho problema. Con ello se podrá procurar que se elimine la posibilidad de los desahucios abiertos, sin fecha de ejecución, de tal manera que se obligue a informar del momento en el que se va a llevar a cabo.