La Ley contra la Violencia de Género de 2004 señala en su artículo 43 que cada partido judicial debe tener, al menos, un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer. En Fuerteventura empezó a funcionar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario en 2005 compartiendo las competencias de violencia machista con las propias de este tipo de Juzgados. Catorce años después, sigue arrastrando deficiencias. A la falta de personal especializado, se unen unas sedes judiciales carentes de espacios que velen por la intimidad de las víctimas.

“A pesar de que había una orden de alejamiento, en el Juzgado siempre estuvo cerca. Como víctima sentí que no había protección ninguna. Sentía miedo de tenerlo cerca. Me intimidaba”. Es el testimonio de Andrea, nombre ficticio. Sufrió durante diez años agresión psicológica por parte de su pareja. Los tres últimos años de relación, también golpes. Se atrevió a denunciar después de que su hija presenciara un episodio de maltrato. Cuando fue a declarar tuvo que ver la cara de su agresor por los pasillos y sentir cómo intentaba intimidarla con la mirada.

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 28 de diciembre de 2004 y la de 26 de noviembre de 2007 sobre Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género se refieren a la necesidad de que existan o se creen espacios en los Juzgados de violencia sobre la mujer para la espera de la agredida, que eviten cualquier contacto visual entre la víctima y el agresor. Además, deben contar con lugares en los que se garantice la seguridad y el bienestar emocional de la víctima durante su declaración.

El delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Luis Suárez, reconoce que la situación de las sedes judiciales en Fuerteventura arrastra “un problema grave de falta de espacios” y aclara cómo “el espacio físico que delimita el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 es insuficiente para que, la mayoría de las veces, no coincidan víctima y maltratador”.

Suárez cuenta cómo, en muchos casos, se ven en el Juzgado y se incumple “la obligación de esconder a las víctimas porque no tienen espacio físico donde poder ponerlas ni instalaciones adecuadas mientras declara el maltratador y se practican las actuaciones”. “Es deplorable el cuartito donde las meten”, añade.

El Centro de Apoyo Integral a la Mujer de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva suele escuchar cómo sus usuarias se quejan de la falta de intimidad cuando acuden a los Juzgados. Critican que su declaración se les tome en una oficina donde también está el personal del Juzgado que trata otros asuntos además de otras personas externas que están testificando por otra causa, abogados realizando otras gestiones, etc.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Fuerteventura se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario. Por tanto, no se dedica en exclusiva a temas de violencia machista sino que al tener un carácter mixto debe atender los procedimientos y materias propias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción aunque se libera del 50 por ciento de la parte civil de asuntos que corresponden al Juzgado.

El representante del citado sindicato señala que las quejas en Fuerteventura “tienen un nivel equitativo al que puede tener otro partido judicial de Canarias o del resto del territorio nacional” y apunta que la respuesta de la justicia “intenta ser lo más rápida posible que se le pueda dar”.

También han escuchado en Arena y Laurisilva cómo las usuarias se quejan de “la falta de empatía, tacto y sensibilidad” por parte de los abogados designados en turno de oficio y del personal que trabaja en el Juzgado de Violencia contra la Mujer y de los jueces y fiscales que se encuentran destinados en esa sede. Incluso, “algunas se han quejado en varias ocasiones de que, por parte de algunos jueces y juezas, se les realizan recriminaciones y se les llama la atención delante de todo el mundo llegando a sentirse ridiculizadas o se cuestionan sus testimonios o vivencias”, señala la abogada de Arena y Laurisilva, Ángela Fleitas.

Carmen, también con nombre ficticio, se atrevió a denunciar después de que su agresor violara a su hija menor de edad. Denunció la violación en la Policía Local y acabó reconociendo que ella sufría también malos tratos. Recuerda cómo la jueza actuó “borde” con ella. “Como si estuviera en mi contra”, asegura. “Tampoco vi que mi abogada hiciera algo por mí”, lamenta.

Su hija lleva esperando desde mediados de 2017 para que la vea un médico forense. Tampoco Carmen recibió esa asistencia. Si volvemos a la Ley de 2004 vemos cómo se especifica la organización de los servicios forenses, de modo que los Juzgados de violencia contra la mujer deben contar con Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). La Ley implica, por tanto, que deben tener equipos técnicos para realizar valoraciones psicosociales durante el proceso penal y civil.

El equipo debería contar con médico forense, psicólogo forense y trabajadora social forense además de equipos técnicos de menores. La abogada Ángela Fleitas explica cómo “una vez más, y como consecuencia de la insuficiencia de medios, no se cuenta con equipos integrales, siendo el médico forense adscrito al Juzgado quien, en su caso, desempeña las funciones”.

El delegado sindical de STAJ reconoce la sobrecarga que tienen los tres médicos forenses que hay en estos momentos en la Isla. El sindicato se une a la petición del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para que haya un cuarto médico forense para el partido judicial de Puerto del Rosario con el fin de “dar una mejor calidad asistencial al tema de las mujeres maltratadas, que sí se da, pero también se está cargando mucho a los médicos forenses de Puerto del Rosario”.

Abogados de oficio

Hasta Arena y Laurisilva también han llegado protestas relacionadas con la asistencia y atención que prestan los abogados de oficio a las víctimas. En este sentido, las trabajadoras de la Federación han oído cómo las mujeres se quejan de que estos no acuden a las dependencias policiales para asistirles o la falta de información sobre el procedimiento que se va a desarrollar a partir de la denuncia por violencia de género.

En el caso de Fuerteventura desde la interposición de la denuncia, la instrucción de la misma, la celebración del juicio y el desarrollo de una causa civil derivada del procedimiento penal no se atienda por el mismo abogado designado sino que acuden diversos profesionales: uno a la Policía, otro al Juzgado de violencia sobre la mujer, otro, en su caso, al Juzgado de lo Penal y en el caso de que se deriven procedimientos de divorcio o de guardia y custodia uno diferente a los otros, explican desde la Federación.

Ángela Fleitas señala que, en el último supuesto, es porque en el turno de oficio de violencia de género de Fuerteventura se encuentran inscritos abogados de otras Islas con lo que “si el o los procedimientos se alargan en el tiempo se sustituyen unos abogados a otros”. Aclara que, en la actualidad, no se permiten las sustituciones en sede judicial, salvo causa justificada, pero “a pesar de ello, puede acudir un abogado en dependencias policiales en sustitución del designado en turno de oficio”.

Fuentes de los juzgados de Puerto del Rosario también ponen sobre la mesa otra problemática en torno al Juzgado de violencia sobre la mujer, inscrito en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1, cuando llega el fin de semana. Momento en el que se suelen producir más episodios de violencia machista.

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Puerto del Rosario sólo funciona de lunes a viernes y el fin de semana que está de guardia. “Si coincide que no está de guardia el 1, los demás juzgados no pueden hacer el juicio por violencia de género sino tomar medidas cautelares que son la prisión o la libertad para el agresor o dictar una orden de alejamiento”.

Esta situación hace que la víctima tenga que volver el lunes a declarar. La presión que padecen hasta que llega el lunes, y el miedo, hacen que a veces se replanteen la denuncia y acaben perdonando. La solución, plantean desde los juzgados, sería que el que esté de guardia el fin de semana “tenga competencias en materia de violencia de género para poder hacer el juicio ese mismo día y no someter a la víctima a una segunda comparecencia judicial”.

La abogada de Arena y Laurisilva, Ángela Fleitas, concluye insistiendo en que es “importante tener presente que un mal funcionamiento del sistema judicial puede provocar una victimización secundaria en las mujeres”. Es decir, “generar en la víctima un daño o perjuicio adicional a los daños derivados del momento de comisión del delito”.