La Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por el Cabildo de Fuerteventura contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se daba la razón al exconsejero del Cabildo y fundador del PPMajo, Domingo González Arroyo, y se anulaba su expulsión como consejero.

El Supremo tendrá que decidir, por tanto, si esa expulsión fue ajustada a Derecho y si el veterano político podría volver a su cargo en el Cabildo. El interés casacional, según un auto del Alto tribunal, está en si la sentencia por la que se inhabilitó a Arroyo y le obligó a dejar la alcaldía de La Oliva en el año 2015 también abarcaba su cargo en el Cabildo o solo hacía referencia al ámbito municipal.

González Arroyo fue apartado de la Corporación insular después de haber sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, en junio de 2015, a una pena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

La sentencia hablaba de inhabilitación “para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal durante nueve años”. Arroyo tuvo que dejar la alcaldía, mientras que el Cabildo, donde también era consejero, pidió un informe a la Junta Electoral Central, que concluyó que también debía dejar de ser consejero.

González Arroyo acudió a los tribunales, perdió en primera instancia pero el TSJC le dio la razón y declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo del pleno de la Corporación insular por la que fue apartado del cargo de consejero al interpretar de “forma extensiva” la condena penal de inhabilitación. Según el TSJC, la sentencia penal se limitaba a la inhabilitación a cargos que impliquen “una participación en el gobierno municipal durante nueve años”.

Tras esa sentencia, González Arroyo declaró que se iba a volver a presentar a las elecciones al Cabildo en 2019, pero poco después volvió a ser condenado por el caso de Las Clavellinas por subastar, cuando era alcalde de La Oliva, una finca que había sido donada para “cubrir la necesidad de solares de los vecinos de Corralejo”.

La condena supone una pena de inhabilitación para cargo público durante cinco años por un delito de prevaricación administrativa. En este caso, en la sentencia no se especificaba más, por lo que, aunque el Supremo le diera la razón, el político majorero no podría volver a la política hasta dentro de otros cinco años.