La Fiscalía de Puerto del Rosario solicita ocho y nueve años, respectivamente, de inhabilitación para cargo o empleo público para las dos exalcaldesas de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE) y Claudina Morales (CC), por delitos de prevaricación administrativa en el nombramiento de tres técnicos municipales (secretaria, interventora y tesorero) entre los años 2008 y 2013.

Este procedimiento, que instruye el Juzgado de primera instancia e instrucción numero 4 de Puerto del Rosario y en el que ejerce la acusación popular Votemos Fuerteventura, se acabó llamando caso ‘Dedocracia’ por considerar que se hicieron los nombramientos a dedo.

La fiscal María del Carmen Ramírez considera que Fernández es autora de un delito de prevaricación por el nombramiento de la interventora accidental y Morales de dos delitos continuados por los otros dos funcionarios.

En el primero de los casos, Fernández nombró a Rita Darias, que es técnico administrativo y Bachiller superior, como interventora accidental por decreto y sin que se conformara un expediente administrativo, según la acusación. De igual modo, se señala que en 2009, 2010 y 2011 no se aprobaron las bases para la provisión del puesto de trabajo por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza.

Por su parte, Morales nombró en 2011 a Rosa Delia Cabrera como secretaria accidental, cuando su puesto es de técnico administrativo y su formación Bachiller superior. La Fiscalía considera que el nombramiento se produjo sin expediente y que la resolución no se hizo por parte de un órgano colegiado, que se hizo sin motivar y sin informe de la comunidad autónoma que acreditase que no había funcionarios de habilitación nacional interesados en el puesto de trabajo.

Por otra parte, la plaza de tesorero se crea en el año 2013, pero no se realizó la convocatoria pública para dicha plaza, que acabó ocupando José Hilarión Cabrera, que es auxiliar administrativo y Graduado escolar.

Las dos exalcaldesas, defendidas por el mismo abogado, se han opuesto al auto de apertura de procedimiento abreviado, dictado por el Juzgado. Consideran que se ha vulnerado el principio del derecho a una tutela judicial efectiva y que se les genera indefensión porque no consta que se haya ordenado una serie de diligencias de investigación que habían solicitado.

Rosa Fernández, concejal del PSOE en La Oliva.

Rosa Fernández y Claudina Morales dicen que se les genera indefensión porque no se han practicado unas diligencias solicitadas y Votemos señala que la información que se quiere obtener ya está en la causa

Las exalcaldesas pedían que Función Pública certificara una serie de cuestiones, como las fechas de concurso de las plazas y otros datos sobre si hay muchos otros ayuntamientos de Canarias en que se haya procedido de igual forma, así como si hay bolsas de trabajo de personal interino. La defensa considera que antes del año 2013 no existía un procedimiento reglado a seguir para nombrar a estos funcionarios en caso de que las plazas quedaran vacantes en el concurso.

Por otra parte, la acusación popular, Votemos, se opone a ese recurso argumentando que no se ha causado indefensión, porque el auto de paso a procedimiento abreviado se dictó un día antes de la solicitud de la prueba, que además aún no ha sido ni admitida ni denegada por el juez.

Señala la representación procesal de Votemos que las diligencias que han pedido son impertinentes porque ya constan en la causa o bien resultan intrascendentes a la hora de impugnar o anular el paso a procedimiento abreviado de esta instrucción.

En cuanto a la petición de conocer si se habían convocado las plazas desde el año 2000 hasta la fecha actual, que también solicitaba la defensa de las dos acusadas, señala Votemos que consta en las diligencias que la secretaría general del Ayuntamiento de La Oliva certificó que no consta que existieran dichas convocatorias desde 2008 (entre 2000 y 2008 hubo interventor y secretario habilitados) y que eso mismo lo ha reconocido expresamente Claudina Morales en su declaración judicial.

En la actualidad, Morales es directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno regional y Rosa Fernández es portavoz en la oposición en el Ayuntamiento. En el juicio, la Fiscalía solicita que declare como testigo Belinda Ramírez, abogada del Ayuntamiento de La Oliva y exdiputada en el Parlamemto de Canarias por el PSOE.