La Fiscalía ha presentado una denuncia en los Juzgados de Puerto del Rosario después de iniciar una investigación sobre contrataciones de obras en el Ayuntamiento capitalino desde el año 2006. El fiscal Tomás Fernández apunta en un decreto a que los hechos investigados podrían ser constitutivos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, tráfico de influencias y cohecho, además de otros posibles “delitos instrumentales”.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un familiar de un técnico municipal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en la que aseguraba que “se habría estado beneficiando de contratos públicos municipales bien a través de empresas por él mismo gestionadas o por amigos y testaferros, o bien a través de comisiones que le pagarían las empresas finalmente adjudicatarias” a cambio de “favorecerlas”.

El fiscal señala que la investigación se extiende desde enero de 2006 hasta la actualidad y ha puesto el foco en ciertas empresas. En concreto, cita a la sociedad Construcciones y Promociones Casillas del Ángel, con domicilio en Telde (Gran Canaria), que resultó adjudicataria de “múltiples” contrataciones. El fiscal destaca que en ningún expediente se especifica la “razón” de que se adjudiquen contratos o se invite a procedimientos negociados a una empresa de otra Isla y se apunta a la vinculación entre el técnico municipal y el aparejador de la citada empresa.

El fiscal Tomás Fernández subraya en su decreto tres obras sobre las que advierte diversas irregularidades. Así, cita el contrato de una zona deportiva de usos múltiples en la gavia Los Hormiga, adjudicada en junio de 2010 por 534.000 euros. Señala que la Mesa de contratación hizo suyo el informe del técnico municipal y que “ninguno de los criterios utilizados para su adjudicación se han materializado” o se han efectuado “en fraude de ley”.

En esta obra, el fiscal pone el ejemplo de que el criterio que más puntuaba era la contratación del mayor número de trabajadores en paro. “Prácticamente el 90 por ciento de los mismos, al menos 83 trabajadores, solo fue contratado por tiempo inferior a tres días y cuando la obra” estaba “prácticamente paralizada por falta de actividad. En cambio, en el último mes y medio de los trabajos, entre noviembre y diciembre de 2011, se ejecutó la mitad de las faenas sin que estuviese ya contratado “ninguno de aquellos 83 trabajadores”.

También incide que otro criterio de adjudicación fue el del plazo de ejecución de los trabajos, con una oferta de tres meses, casi la mitad que el resto de empresas, pero luego se tardó en realidad 18 meses. En la Fiscalía, el director de las obras admitió que las mejoras sobre el proyecto, otro criterio para puntuar la oferta, fueron propuestas después de la adjudicación, algo “incompatible” con las bases del concurso. Aunque existió el compromiso de unas mejoras valoradas en 106.890 euros, el importe final fue “mucho menor”, apenas 24.290 euros.

La Fiscalía también ha investigado unas obras de embellecimiento de la zona comercial de la calle León y Castillo por 202.650 euros, adjudicadas en marzo de 2012. La empresa reclamó unos gastos “fuera de presupuesto” valiéndose de un informe de su técnico, “después de que la obra hubiese sido recepcionada por el Ayuntamiento”. Esos pagos, señala el fiscal, no tendrían “aparente justificación jurídica” y su justificación, añade, se efectúa con “expresiones incompatibles con los principios básicos de la contratación pública”.

Empresas que no se localizan y firmas que no se reconocen

Otra de las presuntas irregularidades que destaca el Ministerio Fiscal está relacionada con los procedimientos negociados de contratación, en los que se invita a un mínimo de tres empresas para que presenten sus ofertas. En el caso del proyecto de la calle León y Castillo, adjudicado a Construcciones y Promociones Casillas del Ángel, “no se localiza a ninguna de las empresas contratistas invitadas como licitadoras, salvo una, Construcciones Facay”, cuyo administrador aseguró “expresamente” en la Fiscalía que la firma que consta en la invitación “no es la suya” y que “nunca tuvo conocimiento” de la misma.

En otra obra analizada por la Fiscalía, el acondicionamiento en las instalaciones de los centros educativos, adjudicada en abril de 2009 por 158.000 euros, el fiscal tampoco localizó a ninguna de las empresas licitadoras “salvo la propia investigada”. El fiscal apunta con respecto a esta obra que el técnico municipal investigado “estaba en excedencia” en aquel momento.

El fiscal Tomás Fernández también hace constar en su decreto que el denunciante afirmó en la Fiscalía que el técnico municipal “comparecía en la casa familiar con cantidades de oro y artículos de lujo en Navidades”, regalos “incompatibles con su sueldo de funcionario público”.

La fiscal jefe de Puerto del Rosario y Arrecife, Yolanda López, indica en una notificación del pasado mes de octubre que la denuncia de la Fiscalía había sido ya interpuesta en los Juzgados de la capital majorera.