Casi nueve años después de la denuncia de los vecinos del casco viejo de Corralejo ha finalizado la instrucción judicial por la trama inmobiliaria. Diez personas se sentarán en el banquillo de los acusados. El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, una asociación que obtuvo el Premio Cabildo de Fuerteventura al Mérito Social en 2006 y la Medalla de Oro de Canarias en 2017, denunció los hechos en 2009 en Fiscalía por una presunta estafa masiva.

Todo se inicia con la compra de parte de una finca a la mercantil Plalafusa, la sociedad que adquirió gran parte de los terrenos de Corralejo hace medio siglo. En el momento de la compraventa, el Registrador de la Propiedad advierte al comprador que no se conocían cuáles eran los linderos de la finca en ese momento.

José Manuel Jiménez del Valle, que era vecino del pueblo desde hacía más de cuarenta años, sabía que los vecinos no tenían registradas sus casas y comienza a pedir licencias de segregación al Ayuntamiento de La Oliva. El Ayuntamiento no las concede pero tampoco las deniega y, acogiéndose al silencio administrativo, Jiménez del Valle, interpreta que se las han concedido y se presenta en dos notarías, una de Puerto del Rosario y otra de Madrid para elevar a público la propiedad de los terrenos, en los que hay construidas 65 viviendas.

El siguiente paso fue inscribir todas esas casas en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad Delval Internacional y comenzar a venderlas. En realidad se las vende a sí mismo, ya que la mayoría de las casas acaban en manos de otra sociedad, Sincronía 99, de la que es administrador único, o bien en sociedades creadas para la ocasión pero también en manos de otros compradores.

La acusación particular, que ejerce la propia asociación de vecinos, pide que se le imponga una pena de nueve años de cárcel por un delito de estafa continuada. Mientras ocurría todo esto, los vecinos seguían viviendo en sus casas, en las que llevaban residiendo desde hacía décadas, antes incluso de que la sociedad Plalafusa se hiciera con esos terrenos. Jiménez del Valle no es el único acusado. Hay nueve más, que son los siguientes:

Fernando Rodríguez Ravelo es abogado. En 2004, como representante de JLJ Parfums, adquiere a la sociedad Sincronía 99 dos solares por algo más de medio millón de euros. En realidad se trataba de dos restaurantes abiertos al público en la Avenida Marítima de Corralejo.

No eran los primeros que compraba. Dos años antes, esa misma sociedad había adquirido un solar ganado al mar al que, según el escrito de acusación, se le había dado en la Oficina del catastro de La Oliva una referencia catastral inventada para poder registrarlo. El solar, que había costado 120.000 euros, pasa a nombre de Rodríguez Ravelo por sólo 15.000. La acusación particular pide para él seis años de cárcel.

José Luis Jarne Elizalde es administrador único de JLJ Parfums y socio de Industrias Theron Dos. En 2001 compra la casa de los herederos de Félix Benítez por 270.000 euros. La casa a pasa a ser de la sociedad Theron Dos, de la que es administradora María Ángeles Rodríguez Ravelo, hermana de Fernando y también abogada, que a su vez alquila la casa a una empresa de Lanzarote. Al primero le piden seis años de cárcel y a la segunda, dos.

Ezequiel Huergo Lacunza es empresario madrileño. Administrador de Britt Party y apoderado de Sincronía 99. La primera de estas sociedades adquirió tres propiedades del Casco Viejo como si fueran solares, por sólo 120.000 euros, cuando en realidad eran tres viviendas. También intervino en la compra de otras 15 casas más como apoderado de la segunda sociedad. Le piden seis años de cárcel. A Cristina Martínez de Lucas, que también es administradora de Britt Party, se le pide la misma pena por participar en esa misma operación.

Miguel Socorro y Gregorio Benítez, del comité de afectados. Foto: Carlos de Saá.

Diez acusados se sentarán en el banquillo por la estafa de la compraventa de las casas. La acusación particular, ejercida por los vecinos, pide penas de entre dos y nueve años de cárcel

Eloy Sampedro Bañado es administrador único de Lugiamantine. Primero compró un solar aunque se trataba de una casa. Recibió una demanda por esa compraventa y, a pesar de ello, repitió al año siguiente la operación con otra vivienda. La acusación particular pide para él cuatro años de cárcel por estafa continuada.

Feliciano Alonso Carreño es administrador de Javal Unión. Ocupaba, como arrendatario, un local con contrato en vigor hasta 2006, pero compra el local a Blanca Ortega tres años antes de que expire ese contrato y denuncia a los vecinos, que eran los propietarios originales del local. Como deja de pagar el préstamo con el que adquiere el local, la entidad bancaria intenta ejecutar la hipoteca, aunque los vecinos ganan el pleito en los tribunales. Se le pide una pena de dos años por estafa.

José Blas Alonso Vera es vecino del pueblo. Compró una vivienda del Casco Viejo por unos 40.000 euros. Le piden dos años de prisión.

Por último, Juan Lagos Orta es empresario de Corralejo. Explotaba un restaurante frente a la vivienda que compró y que pertenecía a otro vecino. Además es propietario de las casas que lindan por el norte y por el sur con esa vivienda. A pesar de saber de quién era la casa, se la compra a la sociedad Delval Internacional. Le piden otros dos años de cárcel.