El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha rechazado un recurso de Red Eléctrica de España (REE) y también otro del Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo para instalar un nuevo tendido aéreo, con torretas eléctricas, en Fuerteventura.

El TSJC suspendió de forma cautelar el pasado 4 de enero la instalación de las torretas eléctricas en el tramo comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, en un procedimiento iniciado por el Cabildo de Fuerteventura.

Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma recurrieron la decisión del tribunal, a pesar de que el Parlamento de Canarias acordó por unanimidad exigir al Gobierno que retirase su recurso y que paralizase la instalación de más de 370 torretas de hasta 50 metros de altura en Fuerteventura.

En un auto dictado el jueves, el TSJC rechaza de plano los argumentos del Gobierno de Canarias para reactivar la instalación de las torretas. Así, el tribunal destaca que su recurso “parte de una afirmación tan sorprendente como inexacta”, que el Cabildo majorero “sólo se ha opuesto a la línea” área de alta tensión basándose en que “el trazado no respeta el planeamiento insular aprobado y los planes generales en vigor”, pero que “no puede oponerse al trazado por motivos ambientales”.

“Tal afirmación”, subraya el auto del TSJC, cuyo ponente es el magistrado Francisco Javier Varona, “es contraria a los principios y normas más esenciales del ordenamiento jurídico de Canarias”, que encomienda las competencias de ordenación de los recursos naturales y del territorio “a las administraciones de la comunidad autónoma” pero también “de las Islas, que participarán en la ordenación de los recursos naturales”.

En ese sentido, el tribunal destaca que “precisamente los planes insulares de ordenación territorial” son “el elemento básico” de una ordenación “que comprende la defensa medioambiental”.

¿Quién defiende el “interés general”?

Además, el Gobierno de Canarias criticó en su recurso al TSJC, por hacer caso al Cabildo de Fuerteventura, al afirmar que era “curioso” que diese “prioridad en un conflicto de intereses entre administraciones” a la que representaba “intereses más locales”, en vez de tener en cuenta el criterio del Ejecutivo, que dijo representar “el interés general de toda la comunidad autónoma”.

“Tal afirmación”, recalca el tribunal, “resulta asimismo sorprendente”, puesto que “el posible conflicto de intereses entre administraciones no se resuelve en favor de la administración con mayor ámbito territorial, sino aplicando los criterios legales para la adopción de medidas cautelares”.

Sin notificación a instituciones afectadas

La abogada de la comunidad autónoma también pretendió sostener ante el TSJC que, “en caso de disconformidad con el planeamiento” de un proyecto eléctrico, “se elevará” al Gobierno de Canarias, que “decidirá si procede o no su ejecución”. Si el Gobierno decide que se ejecute, se tendría que modificar o revisar “el planeamiento territorial o urbanístico”. Sin embargo, en Fuerteventura no se ha modificado el planeamiento para la instalación de las torretas.

El tribunal hace hincapié en que el decreto del Gobierno, de mayo de 2015, que dio luz verde a Red Eléctrica no fue notificado al Cabildo ni a los ayuntamientos “afectados y encargados de la modificación del planeamiento”.

Por ello, concluye el TSJC, “difícilmente puede entenderse cumplidas las condiciones” que establece la Ley del sector eléctrico canario y que “condiciona la decisión del Gobierno de Canarias de proceder a la ejecución del proyecto”.

Consulte el auto del TSJC

El TSJC tumba el recurso del Gobierno de Clavijo para instalar las torretas en Fuerteventura by Manuel Riveiro Leis on Scribd