La Audiencia Provincial de Las Palmas se trasladará a Puerto del Rosario los días 30 y 31 de enero para celebrar la vista oral del juicio de Las Clavellinas en el que se sentarán en el banquillo como acusados el ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y los concejales en el periodo 1999-2003, José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Tomás Andrés Pérez Rodríguez. Todos ellos militaban entonces en el Partido Popular.

Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y a González Arroyo se le añade el de apropiación indebida. Se enfrentan a una petición de pena de inhabilitación para ejercer cargo público además de seis años de prisión para todos ellos, y de nueve para González Arroyo.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la empresa Difusión Comercial e Inmobiliaria consideran que los acusados son responsables del primero de ellos mientras que la acusación popular, que ejerce la Asociación de Vecinos Las Clavellinas suma los otros dos delitos.

La Fiscalía solicitó una fianza de más de un millón y medio de euros y añade otros 67.500 euros más para Arroyo. La querella que da origen al caso se interpuso en el año 2002 por esa asociación vecinal, y después el procedimiento ha estado viajando entre los Juzgados de Puerto del Rosario y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en función de la condición de aforado de González Arroyo.

Para llegar al origen del caso hay que remontarse al año 1982. Ese año, el ciudadano belga Guy Van Dahl, que desde los años sesenta había comenzado a comprar una gran cantidad de terrenos en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, decidió donar al Ayuntamiento de La Oliva una parcela rústica de 27 hectáreas en Corralejo conocida como “Coto del tamboril y fragoso de los negros”.

La donación estaba destinada, a su vez, para que el Ayuntamiento se la cediera a los vecinos del pueblo. La condición de la donación del empresario belga era que los terrenos se destinaran a “cubrir la necesidad de solares de los vecinos de Corralejo, quedando el sobrante a favor del Ayuntamiento de La Oliva, como bienes propios”.

Esa condición no se cumplió nunca. En 1999 el Ayuntamiento hizo una segregación de la finca y decidió subastar 12,5 hectáreas, algo menos de la mitad de su superficie. La decisión se tomó en un pleno en agosto de ese año. El acuerdo se firmó sin que hubiera en el expediente informe técnico ni jurídico alguno y sabiendo que el suelo no se había destinado, hasta entonces, al fin con el que fue donado, según señalan los escritos de acusación.

Se sentarán en el banquillo Domingo González Arroyo y otros cinco concejales más de su gobierno en 1999, para los que se pide seis años de cárcel y tres más para el ex alcalde

En el pleno, el secretario de la Corporación advirtió de que los ingresos que provienen de la enajenación de bienes patrimoniales no se pueden destinar a gastos corrientes. Sin embargo no se hizo caso alguno de esta advertencia y se subastaron los terrenos, que se adjudicó la entidad bancaria La Caixa por 250 millones de pesetas, un precio inferior al que marcaba la subasta inicialmente.

El Ayuntamiento, no obstante, no ingresó nada por este concepto ya que se decidió compensar el valor de la finca con un crédito que se mantenía con el banco. La acusación ejercida por la asociación de vecinos señala en su escrito de acusación que La Caixa emitió un cheque de 11,2 millones de pesetas (67.500 euros) en concepto del pago del IGIC que no fue ingresado en la Agencia tributaria y que tampoco fue registrado en el Ayuntamiento, pero que sí habría sido recogido por el entonces alcalde, González Arroyo, presuntamente incorporándolo a su patrimonio.

El Juzgado número 2 de Puerto del Rosario decretó la apertura de juicio oral en octubre del año pasado. De la causa quedaron excluidos el ex secretario municipal Miguel Ángel Rodríguez y el delegado en Canarias de La Caixa, Andrés Orozco, que también habían sido objeto de la querella.