La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, forma parte de ese reducido núcleo duro que se ha mantenido con cartera en los tres gabinetes de Pedro Sánchez. En el equipo del Ministerio de Transición Ecológica también ha aguantado desde el inicio de la etapa de Sánchez el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Este último firma, por delegación de la primera, una resolución sin duda histórica: la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach y su demolición. Aunque los ecologistas se han apresurado a exigir a la cadena RIU que proceda al derribo, en realidad es el punto de partida de una ardua batalla legal. Estas son las principales claves:

El origen del conflicto. El 7 de diciembre de 2017, la empresa Geafond Número Uno Lanzarote, propiedad de la cadena RIU, solicita autorización de obras para tres proyectos: la “reforma y modernización” del Hotel Oliva Beach, la “modernización y reforma” de los apartamentos del mismo nombre y la ejecución de piscinas en el complejo. De entrada, la Dirección General de Costas concluía que la reforma del hotel “sería autorizable”. En teoría es lo que siempre había alegado la cadena hotelera: que el hotel que lleva la firma del insigne arquitecto Fernando Higueras, aunque luego renegase del resultado, estaba obsoleto.

Pero la cadena hotelera no se conformaba e insistía en intervenir en el complejo de apartamentos y modificar su configuración original. Y es ahí donde la situación descarriló: Costas advirtió de que los proyectos para los apartamentos incluían “incrementos de volumen para usos expresamente prohibidos por la Ley de Costas” y que no estaban englobados en la concesión para ocupar el dominio público en las Dunas de Corralejo.

Ocho meses antes de que RIU solicitase el permiso de obras, un particular con un nombre que es difícil de olvidar -Napoleón González Martínez- consulta con la Demarcación de Costas de Canarias la situación de uno de los apartamentos del complejo Oliva Beach de cara a una posible transmisión de titularidad. Es a partir de ese momento cuando, oficialmente, salta la liebre: de los 442 apartamentos, un total de 20 habían sido vendidos por la empresa promotora antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Cuando en 2003, la empresa de RIU había conseguido la concesión para ocupar 59.768 metros cuadrados no le comunica a Costas que no es la única propietaria. En la Dirección General de Costas, en manos de Ana María Oñoro, con responsabilidad política pero jurista de la casa, esa ya era una irregularidad clamorosa como para anular la concesión.

El siguiente episodio se sustanciará en la Audiencia Nacional y el desenlace en el Supremo

Oñoro llegaría a dejar por escrito que en julio de 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, “los apartamentos no estaban construidos”, aunque contaban con licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de La Oliva, presidido por Domingo González Arroyo, conocido como el Marqués de las Dunas. Y si no estaban terminados los apartamentos no podían acceder a una concesión que amparase su uso alojativo. La directora general de Costas deslizó otra curiosidad: cuando en 2016 se prorrogó de forma extraordinaria la concesión del Oliva Beach (que hubiera vencido en abril de 2017, con el consiguiente derribo que llevaría aparejado), “no se consultó al Servicio Jurídico” del Ministerio. Oñoro era precisamente su responsable.

La estrategia de RIU de arremeter contra la directora general, con denuncia judicial incluida, buscaba una consecuencia a corto plazo -su obligación de apartarse de los expedientes del Oliva Beach y del Tres Islas- y era todo un aviso a navegantes, por inusual: la mayor cadena hotelera por facturación (2.905 millones en 2022) atacando por la vía penal a un alto cargo del Gobierno de España. La querella se acaba de archivar.

Las irregularidades. Desde ciertos sectores críticos con la resolución del Gobierno central se culpa, en general, a “los ecologistas”. Es cierto que Ecologistas en Acción, principalmente, ha estado encima del expediente del Oliva Beach, pero el análisis de las denuncias y la confirmación de las irregularidades es trabajo de los funcionarios del Ministerio. ¿Cuáles son? Una infracción grave de la Ley de Costas y dos leves. RIU vulneró una condición clave de la concesión: garantizar el “acceso público y gratuito” a una superficie de 18.122 metros cuadrados, que debería estar perfectamente señalizada. En vez de ello, colocó un vallado.

Cuando los técnicos de Costas inspeccionaron la zona, les fue imposible “localizar” el área pública. También comprobaron que había terrenos ocupados “fuera de los límites de la concesión” y que se habían instalado, de forma ilegal, 566 metros de vallado, 7.050 metros cuadrados de carretera y aparcamiento, 2.020 metros de aceras, 4.851 metros cuadrados de jardines, contenedores, depósitos y una caseta, en unos terrenos que no se podían tocar.

En el Tres Islas, RIU se ha negado a derribar unas habitaciones construidas en la última planta

La multa de 204.458 euros que le impuso Costas a RIU por todo ello era peccata minuta pero daba argumentos al Ministerio para culpar a la hotelera de incumplir la concesión en las Dunas, caducarla y ordenar la demolición. El siguiente episodio se sustanciará en la Audiencia Nacional y el desenlace en el Tribunal Supremo, probablemente con la derivada respecto a las competencias de Costas en el Constitucional. No será sencillo ver caer el Oliva Beach, pero ahora la hotelera parte en situación de desventaja.

No es su único problema: en una situación más comprometida si cabe está el vecino Hotel Tres Islas, con expediente de caducidad abierto en junio pasado. Aquí el absurdo es mayor: RIU se ha negado a derribar unas habitaciones construidas en la última planta, donde había un solárium, pese al riesgo que le supone de perder la concesión y al hecho de que ya había sido sancionada por ello.

Los actores. Quien primero reaccionó a la resolución de derribo del Oliva Beach fue el secretario general del PSOE majorero, Blas Acosta, tachándola de “atropello y persecución”. En las filas socialistas son conscientes del “daño político” que les supone la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. El ahora senador José Antonio Valbuena se lio la manta a la cabeza y autorizó como consejero de Transición Ecológica las obras del Oliva Beach -luego paralizadas por la Justicia- a pocas horas de las últimas elecciones.

La posición de Ángel Víctor Torres es todavía más comprometida: como secretario del PSOE canario tendría que seguir defendiendo con ahínco su postura de que los hoteles de las Dunas sigan en pie, pero como ministro novato no está en posición de alzar la voz y generar una crisis en el Gobierno de Sánchez, que ya tiene el cupo de polémicas lleno entre la amnistía y las mascarillas.