“Solo somos números”, repite la calle en diversidad de contextos para manifestar gráficamente el papel residual que la sociedad otorga al ser humano, pero mucho peor que la vida se esté convirtiendo en un derecho potestativo que margina a una inmensa minoría.

El informe Derecho a la Vida 2024 que acaba de publicar esta semana la ONG Caminando Fronteras, sobre el número de personas fallecidas en la frontera occidental euroafricana, es absolutamente demoledor: 10.457 migrantes se dejaron la vida en el mar en su intento de alcanzar las costas españolas, un 58 por ciento más que en 2023.

La llamada Ruta Canaria, que une África Occidental con las Islas Canarias, continúa siendo “la más letal a nivel mundial”.  En esta travesía,  murieron en el Atlántico 9.757 personas del total de 10.457 víctimas mortales registradas, ya que la ONG intuye que son muchas más, siendo Mauritania el principal punto de salida entre la treintena de países africanos de origen.

Si ya la estadística es calamitosa, las causas y responsabilidades de la tragedia dejan profundas reflexiones sobre los derechos, seguridad y protección de las personas y la normalización social de las políticas de muerte en las fronteras. “Cada cifra que presentamos representa una vida que nadie devolverá, una muerte que quedará impune. Y todas juntas son la representación del fracaso de la protección del derecho a la vida, el triunfo de la necrofrontera como negocio esperpéntico”.

Acuñado por el sociólogo y filósofo Carlos Valencia, el concepto de necrofrontera hace referencia a las fronteras como espacios donde las políticas migratorias no solo buscan impedir el paso, sino que también provocan y permiten la muerte de migrantes.

Caminando Fronteras es directa en señalar como principal culpable a la política migratoria europea que entre el control de la frontera y el derecho a la vida, pues se decanta claramente por el control.

Leyendo el informe, me llama la atención los casos expuestos, con fechas y horas concretas, de alertas de embarcaciones precarias en peligro detectadas en altamar y la monitorización de esos cayucos y pateras por naciones que se pasan la pelota unas a otras a ver a quién le compete su búsqueda y rescate, un hecho que ni contiene el peligro ni la angustia de los ocupantes. 

Estos hechos y los números escuecen, así que no extraña que sean pocos los medios de comunicación que concedan el espacio informativo que merecen y mucho menos  cuando se trata de hacer análisis o investigación.  Sin tapujos, la ONG vincula las tragedias y el aumento de fallecidos “a la falta de activación oportuna de los protocolos de rescate” y “la utilización de medios de búsqueda y rescate con sesgo de control migratorio”.

Sin reservas, también asegura que “esta es una práctica generalizada que hemos identificado en todas las rutas de acceso al Estado español y que nuestra organización ha monitoreado en distintos informes publicados los últimos años”.

Las principales causas de salida de África siguen siendo la pobreza extrema, las guerras y los efectos del cambio climático, detectándose en la Ruta Canaria un aumento de huida y muerte entre niños, niñas y mujeres. En 2024 se contabilizan 1.538 menores y 421 mujeres fallecidos. “Estas mujeres provienen de zonas muy empobrecidas, y un gran número se ven forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud en Mauritania para poder pagar el viaje, que perciben como una liberación final a las violencias estructurales que las asfixian”.

Y sobre el drama de los desaparecidos, es una tragedia más dentro de la tragedia. La ONG subraya el impacto legal, social y psicológico y la búsqueda que condena a los familiares de los desaparecidos a un estado de duelo no resuelto.

Ya que 2024 ha sido para España un año de reinante desinformación e intoxicación en distintas temáticas, entre ellas, el fenómeno migratorio, sería saludable que si los medios no investigan y ocultan parte de la información, que al menos las instituciones canarias no digan patujadas cuando se refieren o convocan ruedas de prensa dizque para “analizar” la realidad de la movilidad forzosa de seres humanos.

Es posible que para algunos sean solo números o la coartada perfecta para esconder problemas y sus responsabilidades, estas sí que directas, en sanidad, educación o vivienda, pero es la realidad inocultable de los hijos de nadie, los dueños de nada.