Lo primero que se necesita para acabar definitivamente con Fuerteventura -con su paisaje, tranquilidad e identidad- es contar con un marco legal que lo permita. Las leyes no caen del cielo ni emergen del infierno. Las leyes las hacen la clase política. La ley que permitirá la destrucción de un territorio casi virgen, aislado y de alto valor natural y paisajístico es la Ley del Suelo. La Ley del Suelo se llama así (y no la Ley del Territorio o la Ley de la Armonía Ambiental) porque el suelo es una mercancía y con ella se hacen los negocios y se dan los pelotazos, como es el caso.

La Ley del Suelo, que permite declarar como de interés insular un negocio privado poniéndolo por encima del interés público, fue aprobada en 2017. La aprobó Coalición Canaria, el Partido Popular y Casimiro Curbelo, que por aquel entonces no se había hecho progresista. Lola García, diputada de CC, fue una de las diputadas que aprobó con su voto esta ley (también Mario Cabrera, que ahora se muestra asombrado por sus consecuencias). Si no se hubiese aprobado esa ley, el pelotazo del Dreamland no hubiese sido posible.

La representante del Partido Popular, Jéssica de León, fue la que expuso los argumentos más coherentes en el pleno de la infamia del 28 de noviembre de 2022. Fue un discurso que posiblemente podría ser suscrito por las personas con sensibilidad ecológica y defensoras de un futuro más justo, racional y sostenible. El problema es que su partido también aprobó la Ley del Suelo, que es como aprobar de una tajada todos los dreamlands y pelotazos que se pongan por delante en nuestra tierra. No obstante, y a pesar de estas profundas contradicciones (las de CC y el PP), se agradecen tales gestos: siempre será mejor estos destellos de cordura que seguir con el horizonte ideológico empichado.

La quinta esencia de la política majorera: los partidos que se opusieron a la destrucción de Fuerteventura en el pleno de la infamia forman parte del gobierno insular; los partidos que la apoyaron están en la oposición. Los partidos que votaron en contra del proyecto, aprobaron la Ley del Suelo; los que hoy sustentan este pelotazo empresarial, votaron en contra de esa Ley en el Parlamento.

A estas alturas muchas personas ya no saben si el PSOE es un partido o un lobby empresarial. Para este partido, respetar nuestro territorio y nuestro medio ambiente no es, ni nunca ha sido, una prioridad. Es un partido destructor pero con buen rollito. En septiembre del año pasado, el PSOE, junto a sus compañeros del Pacto de la Flores, aprobaron declarar de interés público el nuevo tendido eléctrico que conlleva la instalación de 235 torretas de más de 35 metros de altura entre Puerto Cabras y Gran Tarajal. Nadie de ese partido ha sido capaz de explicar por qué cambiaron de criterio cuando se oponían con rotundidad a esa barbaridad. Tampoco han explicado cuándo, cómo y dónde se decidió en ese partido beneficiar a la empresa Newport por encima del interés de esta sociedad. La democracia y el debate están ausentes en un partido cuyo único y balbuceado argumento para dar su voto a esta aplicación de la Ley del Suelo es que el proyecto era legal. Ya solo nos faltaba.

Lo del presidente del Cabido, Sergio Lloret, es un caso de estudio psicológico. Cuando el pueblo de Gran Tarajal se mostraba en peso en contra de que se destruyera el Valle de Agando, él insistía en que el progreso era la construcción, cuanta más mejor. Poco se puede esperar de un hombre que tiene como mayor anhelo vital construir un puente entre Lanzarote y Fuerteventura porque, de esa manera, “seríamos una isla más grande que Gran Canaria”. El pelotazo del Dreamland fue aprobado gracias a su voto de calidad. La calidad, nos cuenta el diccionario, es una excelencia de algo o de alguien. Pocas veces un concepto ha sido tan opuesto a quien lo representa.

Nueva Canarias también votó en contra de la Ley del Suelo en 2017. El representante de NC en el Cabildo votó a favor de la destrucción del paisaje majorero. Si el presidente del Cabildo es un caso de posible estudio psicológico, lo de Juan Nicolás Cabrera es de gabinete parasicológico. Por alguna misteriosa causa este hombre ha ido de partido en partido mientras la ideología y la vergüenza huyen de su lado. Cualquier cosa por no trabajar. Pedirle coherencia es un esfuerzo inútil y dado que se trata de un ejemplo extrasensorial solo la magia negra lo puede hacer despegar de su sillón.

Podemos es un partido que surgió de la alegría y se ha dedicado a matar las esperanzas. El consejero Andrés Briansó manifestó en febrero de 2021, cuando estaba en el gobierno insular, que el Dreamland no podía ser declarado de interés insular porque “se trata de un proyecto que no solo son estudios para cine, sino que incluye centros comerciales y restaurantes. Ni el sitio ni el modelo es el adecuado. Estamos de acuerdo con diversificar la economía de la Isla pero con un proyecto modesto en suelo industrial”. Concluía el hombre, entonces, que “hay partidos de la oposición que tienen gente muy importante vinculada al proyecto”. Su voto en el pleno de la infamia a favor de la destrucción de Fuerteventura es, posiblemente, el más doloroso de todos en cuanto que, con absoluta certeza, todas las personas que lo votaron en las elecciones están en contra de esa aberración. Se ha vendido y ha dejado vendidos a todos sus votantes. Pero tenía razón cuando aseguraba que en la oposición (donde él se encuentra en la actualidad) hay gente vinculada al proyecto.

Es el caso también de algunos medios de comunicación prestos a servir, nunca gratuitamente, al proyecto destructor. A la cabeza de la desvergüenza periodística insular se encuentra Josechu Armas, aunque en su descargo hay que explicar que lo que él dirige difícilmente puede ser calificado como medio de comunicación. El periodismo es -o debería ser- otra cosa: información veraz. Pero este personaje, cuyo nivel de expresión escrita no pasaría un examen de Educación Primaria, es un manipulador al servicio de quien lo mantiene: antes de Coalición Canaria (que le financiaba sus medios con propaganda institucional en el reinado de Mario Cabrera) y ahora de Newport, ante cuyos poderosos pies se ha inclinado. Su falta de ética es tan flagrante que se inventó una manifestación de 30 personas para intentar desprestigiar a quienes defienden Fuerteventura. Ha ido mejorando: antes nos llamaba fascistas.

Así se acaba con la isla de los sueños: leyes al servicio de los poderosos, periodismo servil y connivente, políticos que venden por migajas a su propia madre tierra.