La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘ROPU’, una investigación dirigida esclarecer una serie de estafas continuadas que se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de otras 14, miembros de un entramado con sede en Madrid, presuntamente dedicado a estafar, en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, a más de un millar de particulares y empresas de todas las provincias españolas.

La investigación continúa abierta por lo que no se descarta que existan otros perjudicados. Según la investigación, hay varios afectados en Lanzarote y Fuerteventura: un perjudicado en Arrecife, otro en Corralejo, uno en Antigua, uno en Jandía, dos en Pájara y tres en Puerto del Rosario

La operación ‘ROPU’ se inició el pasado mes de febrero cuando la Guardia Civil conoció que varios agricultores del municipio de Jumilla estaban recibiendo llamadas telefónicas de personas que, identificándose como guardias civiles, solicitaban colaboraciones económicas mediante la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil.

Fruto de los contactos mantenidos con estas primeras víctimas se averiguó  que alguna de ellas había colaborado con los presuntos estafadores, en la creencia que lo hacían con la Benemérita y que otros, a pesar de haber declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento.

Las pesquisas practicadas por la Guardia Civil destaparon que esta supuesta red delictiva había actuado en otras provincias, con el mismo modus operandi, perjudicando tanto a organismos públicos como privados.

El pasado mes de junio, y una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil situó el origen de estas prácticas delictivas en una Comunidad de Bienes con sede en Madrid, por lo que se solicitó el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro.

El registro del inmueble se saldó con la detención de tres personas, una de ellas el principal cabecilla de la organización, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, así como con la incautación de abundante documentación relacionada con la trama.

El análisis de los documentos ha permitido identificar a otras catorce personas, supuestos miembros de la organización delictiva, a las que se les ha instruido diligencias como investigadas.

La organización criminal ahora desmantelada se dedicaba, presuntamente, a recabar publicidad en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, haciéndose pasar por miembros de estos Cuerpos, con la finalidad de obtener anunciantes para revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales. Con este método se aseguraban la colaboración de los patrocinadores y la eficacia con sus clientes, publicaciones legales ajenas al engaño.

Han sido detenidas tres personas y otras 14 están siendo investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y falsedad documental

Entre los casos esclarecidos se encuentran víctimas que, además, nunca recibieron la revista con la que colaboraban, otras que recibían otra distinta y otras a las que les facturaban por la inserción de publicidad en varias publicaciones aunque solo habían autorizado su colaboración con una.

La Guardia Civil ha averiguado que alguno de los perjudicados habría recibido llamadas telefónicas en las que su interlocutor, simulando ser miembro de estos cuerpos policiales, lo coaccionó cuando se negó a colaborar.

Al menos dos sindicatos policiales se han visto perjudicados por esta actividad delictiva, al aparecer sus logos o siglas en facturas expedidas a nombre de clientes, que los ahora detenidos utilizaban sin el consentimiento de los titulares, para dar mayor credibilidad a sus operaciones.