La representante de la cadena RIU, Águeda Borges, ha reclamado este viernes, en un acto con la plantilla y representantes políticos y empresariales, que el Ministerio para la Transición Ecológica archive el expediente abierto para anular la concesión del dominio público en las Dunas de Corralejo y, además, otorgue la autorización para reformar el hotel y los apartamentos Oliva Beach.

Borges descalificó el expediente abierto para anular la concesión de 2003, que se modificó en 2007 y se prorrogó en 2016 por 75 años más. “Conocemos muchas concesiones otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, firmadas por la directora general de Costas [Ana María Oñoro] y que siguen criterios distintos”, afirmó la responsable jurídica de RIU, quien dio a entender que a la cadena hotelera se le “aplican otros criterios", lo que, dijo, “raya lo punible”.

El Ministerio considera que la concesión para más de 59.000 metros cuadrados de domino público es nula porque RIU no era el único titular de las fincas, al existir 20 apartamentos en manos de otros propietarios, y también que el uso de los apartamentos no estaba consolidado cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988. Además, la directora general de Costas sostiene que la concesión es única y que engloba al hotel y los apartamentos, por lo que entiende que, de anularse, afectaría a todas las instalaciones.

Por su parte, la portavoz de RIU defendió este viernes, tras una visita para mostrar el estado de obsolescencia en el que se encuentra el hotel, que “la concesión tiene una legalidad inexpugnable que se está poniendo en duda” por los responsables del Ministerio. “Es el momento de decir que ya está bien, porque no podemos más con esta frustración y necesitamos una solución ya”, añadió Borges.

La portavoz de RIU reclamó al Ministerio que, en todo caso, saque de la actual concesión de Costas a los otros propietarios, dueños de 20 apartamentos, y que les otorgue el permiso “al que tendrán derecho”.

Mientras que el Ministerio afirma que no tuvo conocimiento de que RIU no era el único titular de los terrenos cuando dio la concesión en 2003, lo que considera un requisito “esencial” que se habría incumplido, Borges dijo que el Gobierno debía conocer a los propietarios cuando efectuó antes el deslinde del dominio público. “Si no les notificaron, a lo mejor lo que es nulo es el deslinde”, apostilló.

"Es una cuestión de Fuerteventura"

El pasado 17 de septiembre se produjo una reunión entre el Ministerio, la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, y la responsable jurídica de RIU. En ese encuentro, aseguró Borges, la directora general de Costas se comprometió a elaborar “un nuevo informe complementario”, necesario para otorgar la licencia de las obras de reforma. “Creo que no se ha pedido”, dijo la representante de la empresa.

En cambio, “de forma paralela”, el 25 de septiembre se inició el expediente para anular la concesión del dominio público. Para la portavoz de RIU, eso “no es óbice” para que se le conceda la licencia de obras para reformar el establecimiento alojativo.

Cuestionada sobre si la empresa valora emprender acciones legales de forma específica contra la directora general de Costas y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la portavoz de RIU afirmó que han sumado a su equipo legal “a un especialista penal”. “Si eso le contesta...”, deslizó.

La representante de RIU insistió en que la reforma del Oliva Beach “no es solo la reivindicación de una empresa que trata de hacer su negocio” sino que afecta de forma directa a las familias de 400 trabajadores y al tejido económico de la Isla. “Es una cuestión de Fuerteventura y de Canarias más que de la empresa”, recalcó Borges, quien confió en que van a conseguir la reforma del establecimiento y mantener la concesión.