El juez que investiga la muerte de la ciudadana belga residente en Fuerteventura Katty Oosterlinck ha ordenado el ingreso en prisión provisional de su hijo, Aaron, acusado de delitos de asesinato cualificado y estafa continuada, según han informado este lunes desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El cuerpo de la mujer, de 56 años, fue localizado el pasado viernes en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario, cuatro días después de denunciarse su desaparición.

La Guardia Civil detuvo como presunto autor de los hechos a su hijo, un joven de 22 años que, según las investigaciones, confesó haber matado a su madre, descuartizar el cadáver y depositar los restos en bolsas de plástico arrojadas posteriormente a un contenedor de basura.

El auto recoge que la medida cautelar se adopta tras la comparecencia en el Juzgado y a solicitud del Ministerio Fiscal, que apreció riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

La resolución judicial expone, siempre de forma indiciaria y sin prejuzgar el resultado del procedimiento, que los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 3 de mayo. Según el relato recogido en el auto, el investigado habría acudido al domicilio familiar “con la intención de acabar con la vida de la víctima y obtener dinero que esta se había negado a entregarle”.

De acuerdo con los indicios reseñados por la instructora, en el interior de la vivienda se produjo una discusión y, a continuación, una agresión presuntamente desarrollada con extrema violencia.

El auto sostiene que, tras la muerte de la mujer, el investigado habría efectuado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.000 euros.

El detenido habría desmembrado el cadáver con una radial para luego arrojarlo en bolsas de basura a contenedores

La resolución añade que parte de ese dinero se habría destinado, presuntamente, a gastos realizados durante la madrugada y a la compra, a primera hora de la mañana, de diversos utensilios -entre ellos una sierra radial con la que supuestamente habría desmembrado el cuerpo- y productos de limpieza.

Siempre según el contenido del auto, después el investigado habría regresado a la vivienda, habría descuartizado el cadáver con la radial y se habría deshecho de los restos en contenedores próximos al domicilio, además de limpiar la escena y eliminar parte de los instrumentos utilizados.

Entre los principales elementos indiciarios valorados por el Juzgado figuran las manifestaciones testificales, el visionado de cámaras de seguridad, los movimientos bancarios, los albaranes de compra, la inspección ocular practicada en la vivienda, los hallazgos efectuados en el vertedero y la propia declaración del investigado, así como la diligencia de reconstrucción de hechos.

El auto también menciona indicios sobre la posible participación de una tercera persona no identificada plenamente en este momento procesal. Asimismo, la instructora destaca que todavía no han aparecido algunos de los objetos supuestamente empleados en los hechos, circunstancia que refuerza, a juicio del Juzgado, el riesgo de destrucción de pruebas si el investigado quedara en libertad.

Desde el punto de vista jurídico y de manera provisional, la jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de asesinato con varias circunstancias cualificadoras.

En concreto, el auto aprecia de forma indiciaria alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar la comisión de otro delito, además de un delito continuado de estafa por las transferencias realizadas sin consentimiento desde la cuenta bancaria de la fallecida.

El investigado habría efectuado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.000 euros

La resolución examina igualmente la alegación relativa al consumo de drogas y concluye, en esta fase inicial, que no existen elementos suficientes para apreciar que esa circunstancia afectara de forma relevante a la capacidad del investigado en el momento de los hechos.

También razona que, según los indicios expuestos, el consumo de sustancias no excluiría la posible planificación previa que el auto sitúa al menos desde la mañana del mismo día.

Para justificar la medida cautelar, la jueza subraya principalmente el riesgo de fuga, atendida la gravedad de los delitos investigados y de las penas asociadas, que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión por el asesinato cualificado.

La resolución también tiene en cuenta la edad del investigado, su escaso arraigo familiar tras los hechos y la situación personal y laboral reflejada en las actuaciones.