El Ayuntamiento de Pájara ha acordado hoy en sesión plenaria la aprobación inicial del presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2020, que asciende a 40 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,28 por ciento respecto al año anterior.

La concejala de Economía y Hacienda, Kathaisa Rodríguez, destaca que las cuentas para el próximo año “consolidan el gasto social, la acometida de inversiones financieramente sostenibles y la ejecución de nuevos proyectos en el sur de la Isla, todo ello sin olvidar cuestiones necesarias como la mejora y accesibilidad de las infraestructuras o la reorganización de los recursos humanos”.

Las inversiones recogidas en los presupuestos ascienden a un montante de 4,5 millones de euros, que servirán para ejecutar las distintas obras programadas, contando además para ello con fondos del FDCAN y remanentes de otras partidas, estableciendo un programa de ejecución para el ejercicio 2020.

Por otro lado, los gastos se incrementan en un 3 por ciento, con respecto al año anterior, encontrándose las principales diferencias en gastos financieros, gastos de personal y transferencias corrientes.

“Las señas de identidad de la política fiscal de esta administración han sido durante muchos años el férreo control sobre el gasto corriente, sin tocar en ningún caso las partidas sociales, la mayor eficacia recaudatoria y las facilidades para el pago de impuestos”, señala el alcalde sureño, Pedro Armas.

El primer edil hace hincapié en la búsqueda de la mayor transparencia de cara a los contribuyentes,  “que son, en última instancia, a los que hay que rendir cuentas sobre sus impuestos”.

Reducción del IBI

En relación a la propuesta del anterior grupo de gobierno de modificar la ordenanza para la reducción de los Impuestos de Bienes Inmuebles, la subida de las bonificaciones y la facilidad de pago de los recibos para el próximo ejercicio fiscal, esta no ha podido incluirse en el proyecto de presupuestos para 2020 al no haberse aprobado en tiempo y forma en sesión plenaria.

El grupo de gobierno explica que esto se debe a que dicha modificación debía someterse a información pública y audiencia de los interesados en un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, llevándose finalmente a pleno el pasado 21 de noviembre, sin tiempo material suficiente para  realizar los procedimientos necesarios y estar publicada 30 días hábiles antes del 1 de enero del nuevo año, fecha límite para poder aplicar la ordenanza en el ejercicio fiscal en cuestión.

“Si se hubiera convocado antes el pleno extraordinario para esta cuestión podría haber entrado en vigor para el siguiente ejercicio, pero se entiende que no era una cuestión prioritaria para el anterior grupo de gobierno, cuando se antepone la dimisión del alcalde a la bajada del IBI”, lamenta el primer edil.