La guerra contra las torretas eléctricas inicia una nueva batalla. La asociación Fuerteventura Sostenible y Ben Magec-Ecologistas en Acción han impugnado el permiso del Gobierno de Canarias al tramo de la nueva red de alta tensión en el norte de la Isla. El proyecto modificado acaba de ser autorizado por el Ejecutivo en funciones y, según destaca Yurena Marichal, secretaria y portavoz de Fuerteventura Sostenible, se trata de “un auténtico despropósito”.

El proyecto impugnado consiste en la implantación de una línea de transporte de energía eléctrica entre las subestaciones de Puerto del Rosario y de La Oliva, tiene una longitud aproximada de 29 kilómetros y consta de 85 nuevas torretas.

La autorización concedida por el Gobierno de Canarias para una reforma del proyecto original presentado por Red Eléctrica Española (REE) se produjo poco después de que el Tribunal Supremo ratificase la paralización del tramo entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal.

“Una vez más, el Gobierno de la comunidad autónoma hace oídos sordos tanto a la Justicia como a la ciudadanía, y otra vez asistimos a la inoperancia de los gobiernos locales de Fuerteventura”, subraya Marichal, que se queja de que un mes después de la resolución del Supremo, que confirma la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ninguna de las corporaciones afectadas ha dado señales de solicitar la ejecución de la sentencia, ya firme.

Tanto Fuerteventura Sostenible como Ecologistas en Acción recalcan que el tramo en el norte de la Isla de la nueva línea de alta tensión, de 132 kilovoltios, forma parte de un proyecto mucho más amplio, entre la localidad de Mácher, en Lanzarote, y Matas Blancas, con un total de 379 torretas, cuyo impacto ambiental no se ha evaluado de forma conjunta.

Los ecologistas se quejan de que las instituciones públicas no defiendan ni sus propios acuerdos. “En septiembre de 2017 el pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó por unanimidad instar a la Dirección de Industria y Energía la declaración de oficio de nulidad de las resoluciones que autorizaban a REE la instalación de la línea eléctrica de alta tensión entre La Oliva y Puerto del Rosario, entre la capital y Gran Tarajal, y entre esta localidad y Matas Blancas”, recuerda Marichal.

El acuerdo político “se anunció a bombo y platillo, pero que a día de hoy podemos decir que se quedó en una intención vacía de contenido, a la vista de los resultados”, afirma la portavoz de Fuerteventura Sostenible.

A finales de mayo, el Gobierno de Canarias daba vía libre a la autorización ahora recurrida por los colectivos ecologistas, que declara de utilidad pública la nueva línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y La Oliva. Un tramo que, no obstante, aparentemente ya está prácticamente ejecutado, “sin tener en cuenta que esta autorización, por las características de la instalación, debe ser siempre previa al inicio de su construcción”, especifica Marichal.

Tramitación defectuosa

La portavoz de Fuerteventura Sostenible considera que las razones de los tribunales para anular los permisos de la línea de alta tensión de Puerto del Rosario Gran Tarajal, y la subestación de Gran Tarajal, se pueden aplicar plenamente para el tramo del norte de la Isla. Así, señala que la Justicia ha apreciado “indicios legales suficientes de una tramitación defectuosa, que no se ajusta a la ley”.

Además, añade, se tendría que aplicar “el principio de precaución o de cautela frente al mandato de protección ambiental, un principio que no ha aplicado el Gobierno de Canarias” que, en cambio, ha utilizado “un procedimiento excepcional” para dar luz verde a la reforma del proyecto para el tramo del norte de la Isla “sin justificación suficiente”.

En su recurso, la asociación Fuerteventura Sostenible denuncia que los cambios planteados por Red Eléctrica en el proyecto entre Puerto del Rosario y La Oliva son “modificaciones sustanciales” y que, por tanto, “necesitan autorización administrativa previa para acometerlas”. Sin embargo, la mayor parte de la nueva línea aérea de alta tensión está ejecutada a día de hoy.

Informe desfavorable

La Unidad de Medio Ambiente del Cabildo majorero emitió un informe “desfavorable” en el que coincidía con los colectivos ecologistas en que el proyecto de nueva línea eléctrica para el norte de la Isla formaba parte de otro más amplio y recordaba que el Plan Insular indica que los nuevos trazados de los tendidos deben discurrir por los “pasillos” ya habilitados en el planeamiento.

Además, Medio Ambiente destacaba que “las previsiones actuales de la demanda energética han disminuido notablemente y deben hacer reflexionar sobre la necesidad de la infraestructura que se propone, máxime cuando la Isla está planificando un nuevo escenario energético con mayor eficiencia”, con “generación distribuida” y “redes inteligentes”.

También incidió Medio Ambiente en que “el trazado atraviesa un área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada y que la única garantía en este caso de no afección sería el soterramiento de la línea tal y como recoge el propio planeamiento”.

Responsabilidades

A la espera de la conformación de los nuevos gobiernos autonómicos y locales, los colectivos ecologistas afirman que no dejarán mucho tiempo “para pedir responsabilidad a las administraciones, y esta vez tendrán que demostrarlo con hechos y no sólo con palabras”.

En su recurso contra el tramo de la línea de alta tensión en el norte también ponen en tela de juicio los números aportados en el proyecto y señalan que, pese a tratarse de una modificación “que afecta prácticamente al cien por cien de la instalación”, el presupuesto especificado por REE es de 665.000 euros, frente a los 9,5 millones del proyecto original.

“Esta cuestión”, añaden, “no es baladí puesto que, año tras año, la Ley de Presupuestos Generales se encarga de recordar que el sector eléctrico recibe aportaciones del Estado para sus inversiones, lo que nos lleva a concluir que parte de su liquidez la consigue de dinero público y éste debe ser adecuadamente utilizado y su uso perfectamente justificado”.

“Esto incluye la legalidad y transparencia de cada uno de los pasos que llevan al objeto de la inversión”, agregan, al tiempo que destacan que para declarar de utilidad pública la instalación de torretas, la normativa obliga, como paso previo, “a tener una relación concreta e individualizada de los bienes” de “necesaria expropiación” para garantizar los “derechos” de los afectados”.