Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), a través del europarlamentario de Compromís-Nueva Canarias-BC, Vicent Marzà, ha elevado a la Comisión Europea la alarma causada por las presiones de diferentes grupos para imponer la realización de las extracciones de tierras raras en Fuerteventura, rechazadas por unanimidad.

Marzà ha registrado tres preguntas para su respuesta por escrito al órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) sobre el cumplimiento de las medidas en materia de evaluación ambiental, por su alineación con la Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y por la conveniencia de impulsar un procedimiento de consulta pública previa.

Fruto de la agenda de trabajo en defensa de los intereses del Archipiélago en Bruselas coordinada entre NC-BC y Marzà en unas jornadas de trabajo celebradas el pasado mes de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, el grupo canarista ha decidido elevar a la UE el debate y preocupación existente en Fuerteventura y en Canarias por las maniobras de grupos de presión europeos para influir en el Gobierno español y desactivar la oposición de Canarias a los proyectos de extracción.

Una denuncia que avanzó la presidenta insular y diputada de NC-BC, Natalia Santana, el pasado lunes, al mismo tiempo que hizo un llamamiento a las instituciones locales, organizaciones sociales y ciudadanía para mantenerse alerta con el fin de frenar cualquier intento de imponer proyectos extractivos en la isla.

Santana contempló la posibilidad de elevar el debate al ámbito europeo por medio de Marzá presente esta semana en Las Palmas de Gran Canaria en una delegación de europarlamentarios del grupo The Left. La candidata canarista al Parlamento de la UE en las elecciones del pasado mes de junio, Lorena López, integrante del equipo de trabajo de Marzà en Bruselas, confirmó el registro de las iniciativas dirigidas a la Comisión.

Las preguntas para ser respondidas por escrito van dirigidas a saber si el órgano ejecutivo de la Unión considera que este proyecto cumple con todas las medidas en materia de evaluación de impacto ambiental recogidas en las directivas 2001/42/EC, 2011/92/EU y 2014/52/EU, así como el nuevo Reglamento 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

También si la Comisión cree que se debería de impulsar un procedimiento de consulta pública previa para garantizar la participación de la población local y de grupos ecologistas en cualquier desarrollo planeado, en aplicación de la Convenio de Aarhus, la Directiva 2003/4/EC y la Decisión del Consejo 2005/370/EC.

En tercer lugar, si entiende que la explotación de recursos naturales, sin un estudio detallado de sus consecuencias medioambientales, está alineada con la Estrategia de "dar prioridad a las personas" para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre las cuales se encuentran las Islas.