El día que comenzó la Marcha Verde, el 6 de noviembre de 1975, Mokhtar Ayach estaba en casa de sus abuelos en Hagunía, un pueblo del desierto saharaui. Poco después, fueron arrastrados hasta una explanada a las puertas de El Aaiún a vivir bajo jaimas. Comenzó, entonces, un infierno para miles de saharauis bajo las órdenes de Marruecos. Mokhtar aguantó hasta que pudo venirse a España hace 27 años. Desde entonces, espera por la nacionalidad española.

Mokhtar tenía siete años cuando Marruecos irrumpió en territorio español en el otoño de 1975. Su padre, Mohamed, se alistó en las tropas nómadas del ejército español y llegó a tener DNI español durante el tiempo en el que el Sáhara fue colonia española, aunque su hijo no sabe dónde fueron a parar los documentos de su padre, que ahora tiene 83 años.

El saharaui cuenta que cuando comenzó la Marcha Verde estaba en el desierto con sus abuelos, a unos 100 kilómetros de El Aaiún. “Pero a los dos días nos bajaron a la ciudad, nos trajeron del desierto e hicieron un campamento a la entrada de El Aaiún y metieron allí a toda la gente. Estuvimos casi un año hasta que mi padre buscó una casa y nos fuimos a vivir a ella”.

Cuando la bandera española dejó de ondear y fue sustituida por el rojo y verde de la marroquí, empezó el miedo. Llegó la época de las detenciones, torturas y cárceles marroquíes. “Un montón de veces me cogieron y me llevaron a la comisaría para cogerme los datos. Solo por ir por la calle”, cuenta.

Su padre se quedó sin trabajo y tuvo que montar una pequeña tienda en El Aaiún. Cada tres meses viajaba a Gran Canaria en busca de mercancía hasta que Marruecos instauró el sistema de aduanas. Poco a poco, Mohamed se fue asfixiando. Al final, acabó yéndose al desierto junto a un amigo. Allí, sobreviven gracias al pastoreo con un ganado de cabras y camellos. “Mi padre dice que no aguanta la vida bajo las órdenes de Marruecos. No tiene nada que ver con su cultura ni con su forma de ser”, explica su hijo.

Mokhtar también se cansó de vivir bajo el yugo de Marruecos. Con 28 años cogió un avión y viajó a Gran Canaria, atraído por los cantos de sirena que llegaban desde el Archipiélago como territorio de oportunidades. Era 1996. Estuvo 15 días trabajando en la zafra en Vecindario, pero se acabó la faena y se fue a buscar suerte a Lanzarote, aunque en la Isla de los volcanes no la halló.

Cruzó el estrecho de La Bocaina para probar fortuna en Fuerteventura. Al poco, empezó a trabajar en una ganadería en Tetir. Los dueños le arreglaron el permiso de residencia. Tiempo después, se fue a trabajar a la construcción hasta que llegó la pandemia de 2020 y se tuvo que ir al paro.

En 2011, pidió la nacionalidad española, pero se la denegaron. Una sanción al volante, que acabó en multa y la pérdida del permiso de conducir, sirvió de motivo para que le denegaran la solicitud. Cinco años después, en 2016, volvió a intentarlo. Se presentó a las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) del Instituto Cervantes para acreditar “su grado de integración en la sociedad española”. Tuvo que pagar 450 euros y los viajes a Lanzarote y Gran Canaria para poder presentarse a los dos exámenes, porque en Fuerteventura no se hacían las pruebas presenciales. Respondió a preguntas sobre la Constitución española, de geografía, gramática y cultura.

A pesar de las dificultades de los exámenes, logró aprobarlos. Le aseguraron que, si aprobaba, en dos años tendría la nacionalidad española. Sin embargo, siete años después y con el aprobado, sigue esperando por ella. Cuando busca la resolución en la página del Ministerio sólo le aparece “en trámite”.

Defensor del Pueblo

Ha preguntado en todos lados, pero nadie sabe qué ha pasado. Cansado de no encontrar respuesta, se puso en contacto con la Asociación Entre Mares. La organización presentó una queja al Defensor del Pueblo en junio de 2021, pero el Ministerio de Justicia, a día de hoy, sigue sin responder al requerimiento realizado por el Defensor del Pueblo sobre el estado de tramitación de su solicitud de nacionalidad española por residencia.

“No entiendo por qué me deniegan la nacionalidad. Es un derecho que tengo y que me han quitado. Mi hermana llegó más tarde que yo a España. Presentó los papeles en Badajoz y le dieron rápido la nacionalidad, pero a mí me la deniegan”, lamenta. “Declaro a Hacienda, me hacen contratos de trabajo, pero luego no me dan la nacionalidad”, añade.

Mokhtar aprobó los exámenes para la nacionalidad, pero sigue sin tenerla

Mokhtar, con pareja española desde hace años, tiene el permiso de residencia de larga duración y es ciudadano de pleno derecho en España. Sin embargo, vive con la inseguridad y la incertidumbre de qué puede pasar el día de mañana. También se disparan los temores cuando viaja a El Aaiún. “Si tengo la nacionalidad puedo ir a ver a mi familia tranquilo, pero con la residencia puede que vaya a El Aaiún y pase algo. Si me encierran ¿quién me va a sacar? El Gobierno de España no. Ese es el miedo que tengo. Quiero estar seguro”.

En febrero de este año, Unidas Podemos presentó una Proposición de Ley en el Congreso para conceder la nacionalidad española, bajo la modalidad de carta de naturaleza, a los saharauis nacidos bajo soberanía española hasta 1976 y a los hijos que tuvieron. Todos los partidos votaron a favor, salvo el PSOE. Se desconoce el número de saharauis a los que afectaría la concesión de la nacionalidad española, pero algunas fuentes cifran en 10.000 los posibles beneficiados.

Muchos de los 75.000 censados documentados con nacionalidad española, cuando la ocupación marroquí en 1975, han muerto, por lo que principalmente afectaría a sus hijos. En Canarias tampoco se sabe el número, pero las Islas son una de las regiones españolas donde más población saharaui hay asentada.

Mokhtar celebra la propuesta, en tramitación parlamentaria, con alegría y esperanza. “Me parece muy buena idea. A ver si sale adelante. Ese detalle es lo mínimo que pueden hacer con el pueblo saharaui después de habernos traicionado”.

No se sorprende de que el PSOE se haya desmarcado de la propuesta después de que hace un año firmara un acuerdo con Rabat en el que respalda el plan de Marruecos de una ‘autonomía’ para el Sáhara y que Pedro Sánchez calificara la propuesta de autonomía marroquí como la “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

“El Gobierno español está tratando muy mal a los saharauis. Se ha olvidado de que el Sáhara fue una comunidad española. Pedro Sánchez se ha unido con Marruecos y al pueblo saharaui lo tiene olvidado. No quiere saber nada de ellos”, lamenta. “Se ha unido por intereses económicos. Vamos a volver a la escuela vieja y a saquear los recursos saharauis”, apostilla.

Desde el Sáhara ocupado, Mokhtar recibe noticias preocupantes. “Están viviendo muy mal. Tengo dos hermanas que tienen casi 50 años y no han trabajado en la vida y tampoco les dan ayudas. Mi hermano cobra 1.500 dirham, lo están pasando mal”, cuenta.

Él y su hermana, la que vive en Bélgica, envían remesas para ayudar a la familia. Los judíos sefardíes tuvieron que esperar 500 años hasta ver reconocido en 2015 su derecho a ser españoles. Los saharauis llevan esperando cerca de medio siglo. Mokhtar lleva 27 años luchando por que el país en el que vive y bajo la bandera que nació le reconozca el derecho a ser español.