Eran las cinco de la tarde de un jueves de mediados de junio. Ese día Mercedes Fernández recibió una notificación para desalojar la vivienda, propiedad de un banco, que había okupado hacía un año a la desesperada y para evitar que ella y su hijo Alberto, con síndrome de down y un 82 por ciento de discapacidad intelectual, se vieran durmiendo a la intemperie. Si no consigue una solución en breve, tendrá que abandonar la vivienda. No le quedará más remedio que vivir en la calle.

Mercedes de origen palmero, pero se siente majorera. Llegó a Fuerteventura con ocho años y decidió que en la Isla crearía un hogar y una familia. Sin embargo, los sueños se fueron torciendo según iba cumpliendo años: un matrimonio fallido, la muerte de una hija víctima de cáncer con solo 14 años y el nacimiento de su tercer hijo con síndrome de down le fueron echando por tierra las ilusiones.

La crisis económica tampoco se saltó a Mercedes. Después de años trabajando como dependienta en un centro comercial fue despedida. La respuesta fue la crisis y la solución, irse al paro. Luego, vendría una sustitución en el servicio de ambulancias del 112 y, de nuevo, el paro. Era 2012, las empresas echaban el cierre, la cola del desempleo aumentaba y Mercedes no encontraba soluciones, salvo pedir ayuda a los Servicios Sociales.

Un verano de hace tres años, la mala suerte volvió a sacudir a esta mujer. Explica cómo se le incendió su casa en el barrio de El Charco y el techo se desplomó. “Acudí a Servicios Sociales en busca de ayuda, pero no hicieron nada. Decían que no había viviendas, ni ayudas de emergencias en ese momento y que el tema no era competencia de ellos”, recuerda. Al final, “me vi sola durmiendo en el suelo en casa de unos amigos durante un mes y con mi hijo”, recuerda.

La situación se hizo insostenible, después de un mes durmiendo en el suelo, y tuvo que optar por un alquiler compartido con varias personas. En el nuevo hogar los problemas de convivencia no tardaron en llegar. La situación estaba afectando al estado de ánimo de Alberto y Mercedes tuvo que buscar ayuda antes de terminar durmiendo en la playa.

Ha intentado llegar a un acuerdo con el banco para tramitar un alquiler social. “Pero yo soy una okupa y no quieren saber nada, sólo que me ponga en la calle”, dice

Sin soluciones al frente, sólo encontró algunas voces que le animaron a meterse de okupa en alguna de las viviendas vacías. “Tenía miedo. No quería hacerlo porque sabía lo que podía pasar. Era consciente de que, antes o después, acabaría en la calle”, comenta. Sin embargo no le quedó más remedio: “Me vi en un momento en el que me dije ‘como no me meta ahora en una casa, mi hijo duerme esta noche en la calle’”.

Mercedes relata cómo vivió todo aquel cambio. “Avisé a una gente, ellos hablaron con otra persona y me dieron la llave de una casa, propiedad de un banco, en Puerto del Rosario”, dice.

Una noche de 2018, ella y Alberto entraron en la vivienda. Se encontraron con una casa inhabitable con un agujero en el techo, los cables por todas partes, las paredes sucias y con una plaga de cucarachas de compañeras de piso.

La mujer empezó a contar su situación a través de Facebook. Pronto aparecieron amistades virtuales dispuestas a ayudarla. Unos trajeron comida y otros le ayudaron a arreglar los desperfectos de la vivienda hasta convertirla en un hogar.

Tras llevar sus cosas, acudió a la Comisaría de la Policía Nacional. “Avisé de que me había metido de okupa en una casa y también fui a Servicios Sociales del Ayuntamiento a comunicarlo. No sé si pensaron que era una solución, un problema menos”, indica.

Sin recursos

Mercedes y su hijo viven con 268 euros al mes. Es lo que recibe Alberto de su paga de dependencia. La mujer no encuentra empleo desde hace años. Tampoco sabe con quién dejaría al joven si la llamaran para algún trabajo. Además de su discapacidad intelectual, el chico sufre apneas y no puede hablar desde que padeció una meningitis que le afectó a las cuerdas vocales. “Cuando cuento todo esto, a la gente le da miedo hacerse cargo de él”, asegura. Ella tampoco está bien. Hace un año tuvo un carcinoma. El tratamiento contra el cáncer le produjo una vasculitis que, cada cierto tiempo, le ocasiona hemorragias.

Cuando pensaba que la situación no podía complicarse más, apareció una notificación de desahucio. Sabía que la orden de desalojo llegaría, “pero como no molesto a nadie y no hago ruido ni nada, aparentemente estaba tranquila. Era consciente de que llegaría ese momento, pero no tan rápido. Sé de mucha gente que está de okupa desde hace años y aún no han recibido notificación”, explica.

Ha intentado llegar a un acuerdo con el banco para tramitar un alquiler social. “Pero yo soy una okupa y no quieren saber nada, sólo que me ponga en la calle”, dice. Ha acudido a Servicios Sociales del Ayuntamiento, pero no le dan solución. Le dicen que los desahucios “no son competencia de ellos” y que no tienen viviendas sociales donde alojarlos. Ha intentado reunirse con el alcalde, pero aún espera por la cita. También por que le notifiquen quién será su abogado.

“Mi hijo es el motor que me levanta todos los días. La solución no es meterlo en un centro. Conozco experiencias ‘momentáneas’ de padres que aún están en los juzgados para que les devuelvan a sus hijos”

“No veo solución ninguna”, lamenta. Sus cosas están en cajas a la espera del juicio. Sabe que se irá en breve a la calle. No puede pagar un alquiler con 268 euros y mantenerse ella y su hijo. Las ayudas no llegan y tampoco una oferta de trabajo. “La única opción es meterme en otra casa para que vuelva a pasar lo mismo y vuelvan a echarme a la calle”, dice resignada.

Sin embargo, sabe que esa no es la solución. “Lo único que pido y quiero es que a quien le competa este tema haga algo o tramite con el banco. Que pueda hablar con ellos y me pongan un alquiler social o una vivienda porque las hay”, insiste.

Precisamente, el último censo de población y viviendas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, hace ocho años, señala que en Fuerteventura había 53.942 viviendas. De ellas, 8.142 estaban vacías, prácticamente la mitad, en Puerto del Rosario: 3.941. Si se tiene en cuenta la crisis económica que se desató en 2008 y cómo esta paralizó casi por completo la construcción de viviendas en la Isla, a grandes rasgos la situación no ha variado demasiado. Además, la construcción de grandes promociones privadas no ha vuelto a ponerse en marcha.

Por otro lado, el anterior Gobierno de Canarias diseñó un plan de vivienda hasta 2022, pero con pocas medidas específicas para Fuerteventura. El Ejecutivo regional inició los trámites para la construcción de 200 viviendas en Arrecife. Sin embargo, para Fuerteventura no hay un proyecto de esa envergadura. Además, la iniciativa del Gobierno de Canarias para adquirir 180 viviendas, ya construidas, en toda la comunidad autónoma, apenas contempla comprar 25 en Fuerteventura.

A Mercedes no le asusta acabar durmiendo en la playa, pero le preocupa su hijo. “Me sugirieron la opción de ponerlo en un centro, de forma provisional, hasta que se solucione la situación”, pero se niega a ello. “Mi hijo es el motor que me levanta todos los días. La solución no es meterlo en un centro. Conozco experiencias que iban a ser momentáneas y aún están luchando en los juzgados para que les devuelvan a sus hijos. Por ahí no paso”, sentencia.

Mientras Mercedes relata su historia, Alberto apura su refresco. De vez en cuando, levanta la mirada y sonríe. Vive ajeno a todo, aunque en los últimos días está algo nervioso al ver a su madre metiendo las cosas en cajas. Tampoco sabe que él y su madre están denunciados por el banco por haber okupado una vivienda de su propiedad. A cada uno de ellos, la entidad bancaria le pide 1.000 euros. 2.000 en total. Mucho dinero para quienes no saben dónde dormirán en unos días.