La empresa Productos Lácteos Lanzarote, perteneciente al Grupo Ganaderos de Fuerteventura, conocido por su marca Maxorata, ha reconocido que durante los 15 años de vigencia del contrato de arrendamiento de la quesería pública del Complejo Agroindustrial de Teguise nunca llegó a desarrollar la actividad quesera para la que le fue adjudicada la instalación y reclama al Cabildo de Lanzarote una indemnización de casi dos millones de euros por los daños y perjuicios que, asegura, le ocasionó la institución insular.

La reclamación figura en el escrito presentado por Esteban David Alberto Pérez, representante de Maxorata, para responder al requerimiento del Cabildo de restitución de la posesión de la quesería, una vez extinguido el contrato de arrendamiento suscrito en marzo de 2011, cuya vigencia finalizó el pasado 21 de marzo de 2026.

En el documento, el gerente de Maxorata se opone íntegramente al requerimiento del Cabildo y sostiene que la institución insular incumplió durante toda la vigencia del contrato su obligación de dotar a la instalación de una depuradora de aguas residuales, infraestructura que califica como un "requisito técnico, normativo y operativo imprescindible" para poder elaborar queso.

La empresa afirma que esa circunstancia "impidió materialmente" desarrollar la actividad quesera, que era la prevista en el contrato, y asegura que se vio obligada a destinar las instalaciones "a la fabricación de yogur como medida de mitigación del perjuicio", actividad que, añade, no pudo comenzar hasta marzo de 2013, por lo que permaneció aproximadamente dos años sin desarrollar actividad alguna en el Complejo.

Según la mercantil, la ausencia de la depuradora durante los 15 años de vigencia del arrendamiento constituye un incumplimiento contractual del Cabildo que le ocasionó importantes pérdidas económicas.

Al menos públicamente no había trascendido esta reclamación de Maxorata al Cabildo, alegada ahora cuando la Corporación insular le pide que desaloje las instalaciones del Complejo Agroindustrial.

La reclamación de la empresa cuantifica el denominado daño emergente en 1.757.086 euros, cantidad que incluye amortizaciones de inversiones y gastos financieros, y añade un lucro cesante derivado de la imposibilidad de producir queso, lo que sitúa el perjuicio total en hasta 1.903.040 euros.

Esteban David Alberto, gerente del Grupo Ganaderos de Fuerteventura.

El contrato

La empresa sostiene que el último párrafo de la cláusula séptima del contrato hacía responsable al Cabildo de "todos los daños y perjuicios derivados de la inexistencia" de la depuradora.

La compañía rechaza el requerimiento de desalojo del Cabildo de Lanzarote para desalojar la quesería del Complejo tras finalizar el contrato firmado en el año 2011

En respuesta al requerimiento del Cabildo, la empresa de Maxorata rechaza abandonar las instalaciones en las condiciones planteadas por la institución insular al entender que ésta "ha incumplido de forma grave, deliberada y sostenida durante los 15 años de vigencia del contrato" sus obligaciones.

La sociedad invoca la denominada excepción de contrato incumplido y sostiene que tiene derecho a mantener la posesión del inmueble hasta que se satisfaga la indemnización que reclama.

Asimismo, anuncia que se opondrá a cualquier procedimiento de desahucio o lanzamiento que pueda promover el Cabildo de Lanzarote y que, en ese caso, formulará una reconvención por la totalidad de los daños y perjuicios que cuantifica en su escrito.

“Retención” de la quesería

La empresa también rechaza la pretensión del Cabildo de reclamar una indemnización por ocupación de la quesería desde la finalización del contrato al considerar que su permanencia en el inmueble constituye "el legítimo ejercicio del derecho de retención derivado del incumplimiento contractual del arrendador".

Maxorata anuncia que se opondrá a cualquier procedimiento de desahucio o lanzamiento y alude incluso a un supuesto derecho de “retención” sobre la nave pública

No obstante, la compañía manifiesta su disposición a alcanzar una solución negociada e insta al Cabildo a designar interlocutores para abrir conversaciones dirigidas a resolver el conflicto por “vía amistosa”.

Como petición principal, solicita que el Cabildo deje sin efecto el requerimiento de restitución posesoria de la quesería del Complejo Agroindustrial y negocie una compensación económica. Subsidiariamente, reclama el pago de los citados 1.903.040 euros, llegando a designar un número de cuenta bancaria, con reserva expresa de ejercitar las acciones judiciales que considere oportunas si no se alcanza un acuerdo.