Unas 300 personas se han manifestado en Fuerteventura en contra de la proliferación “descontrolada e indiscriminada” de parques fotovoltaicos y eólicos en la isla.

También exigen al Gobierno de Canarias “la inmediata” suspensión cautelar de los expedientes en curso y la aprobación de una moratoria energética por parte del Parlamento.

La proliferación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas se ha convertido, en los últimos tiempos, en un quebradero de cabeza para vecinos y colectivos ecologistas de la isla que asisten, a menudo, a la instalación de estas infraestructuras, según afirman.

En este sentido, Fuerteventura pasaría a contar con 27 parques eólicos entre los que están en funcionamiento, los autorizados y los que se están tramitando lo que supondría un total de 83 molinos con una capacidad para producir 231 megavatios.

Además, está prevista la instalación de 50 parques fotovoltaicos, lo que se traduce en 416.384 placas fotovoltaicas con una capacidad máxima de producción de 213 megavatios.

El portavoz de una de las organizaciones convocantes, la Coordinadora Montaña Tindaya, Jesús Giráldez, ha señalado a la prensa que la reivindicación de este sábado es “a favor de las energías renovables, pero con planificación”.

El activista ha lamentado que se haya optado en Fuerteventura por “el peor de los modelos con falta de planificación territorial y energética, abuso muy intenso de la figura del interés general y la utilidad pública y la ausencia de participación de las administraciones, tanto en los procesos administrativos como en el capital para incorporarse a ser titular de parte de la producción energética de la isla”.

Giráldez ha abogado por empezar por un proceso “democrático” en el que participe toda la ciudadanía, de tal manera, que “se haga una planificación territorial y se decida qué tipo de energía renovable vamos a incorporar, dónde, cómo y cuándo”.

A su juicio, se está produciendo “un ataque indiscriminado al territorio con molestias tanto a sus valores naturales como a los núcleos urbanos donde se están instalando estos parques”.

Giráldez ha destacado que, de instalarse estos parques eólicos y fotovoltaicos, podrían llegar a generar una producción energética de 444 megavatios “cuando el pico máximo histórico de consumo en Fuerteventura ha sido de 100 megavatios”.

Entre 250 y 300 personas, según datos de la Policía Nacional, se han convocado a las puertas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en Puerto del Rosario, a la llamada de varios grupos ecologistas para reclamar una planificación territorial y energética.

Entre ellos, el portavoz de la asociación El Time Limpio y Sostenible, Rafael Martínez, que ha insistido en que “esta avalancha” de proyectos de energía eólica supone “la mayor amenaza que se pone sobre el paisaje de Fuerteventura en su historia” a la vez que ha criticado cómo se está produciendo una “especulación del suelo para hacer negocios a base de subvenciones”.

Los convocantes han alertado durante la lectura del manifiesto que, en estos momentos, se encuentran en trámite una “ingente cantidad de autorizaciones, algunas de las cuales ya han obtenido resolución favorable”, lo que significa “una avalancha descontrolada de un gran número de instalaciones energéticas renovables sin ningún tipo de ordenación previa, esparcidas aleatoriamente por todo el territorio insular”.

En este sentido, han alertado del impacto que estos aerogeneradores tendrían en áreas sensibles del territorio, el hábitat natural de multitud de especies endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción.

Los convocantes también han alertado de las “consecuencias desastrosas” que la implantación de los parques tendrá sobre el turismo y se han mostrado críticos con las instituciones que venden Fuerteventura como un destino turístico con un paisaje “natural, virgen y poco degradado”, mientras los que están es “promocionando y permitiendo la destrucción de su paisaje de forma masiva”.

Asimismo, han cuestionado la tramitación de los expedientes, pues se recurre a la “excepcionalidad”, la “discrecionalidad” y la “opacidad” de la norma para “consolidar una forma ya habitual de actuación sin ningún tipo de control previo o supervisión territorial y sin participación ciudadana en el procedimiento”.

Igualmente, han exigido la “inmediata suspensión cautelar”, por parte del Gobierno de Canarias, de todos los expedientes con trámite en curso y la aprobación de una moratoria energética para Fuerteventura por parte del Parlamento de Canarias, en tanto no se desarrolle una ordenación a nivel territorial y regional que sirva de marco y regulación para dicha actividad.