ANÁLISIS

Los responsables políticos de la Isla ante la inmigración: antología del disparate

Quienes deben apagar el fuego del racismo lideran las protestas para no alojar inmigrantes en hoteles

Eloy Vera 0 COMENTARIOS 12/05/2021 - 07:31

El último martes de abril la Asociación Entremares volvió a desplegar la pancarta de “No más muertes en las costas” en la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario. El día anterior habían aparecido 17 cadáveres en un cayuco a casi 500 kilómetros de Canarias. Más tarde se supo que el número de fallecidos era de 24. Alrededor de la pancarta, se concentraron 10 personas para guardar un minuto de silencio que se interrumpía con el ruido de sables que llegaba desde Caleta de Fuste.

Allí, una treintena de empresarios y políticos se oponían a que un grupo de inmigrantes, entre ellos varias mujeres y niños, se alojaran en un hotel de cuatro estrellas. Ese día Fuerteventura escribía un nuevo capítulo en su historia, un episodio del que más de uno -seguro que miles de majoreros- sentirá vergüenza al encontrarlo algún día en la hemeroteca.

El filósofo y ensayista búlgaro Tzvetan Todorov aseguraba que “el miedo a los inmigrantes, al otro, a los bárbaros, será nuestro primer gran conflicto en el siglo XXI”. La reapertura de la ruta canaria, uno de los caminos más peligrosos de los inmigrantes hacia Europa, ha puesto al archipiélago como escenario de algunas de esas batallas y Fuerteventura, (mejor matizar, sus representantes políticos), no ha querido quedarse fuera del combate.

Cuatro días antes de la protesta, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, ordenó el desalojo progresivo de la Nave del Queso después de que llegara a su mesa un informe del Defensor del Pueblo que alertaba sobre la situación de hacinamiento que sufrían las personas que pasan la cuarentena en el recinto.

También Amnistía Internacional había alertado de las condiciones “infrahumanas” en las que se encontraban los inmigrantes, “sin mínimas medidas de higiene, privados de libertad y hacinados”.

La imagen de Fuerteventura volvía a los medios de comunicación de todo el país. No porque un grupo de inmigrantes durmiera en un hotel, sino por tener alojadas a personas en espacios donde no se respetan los derechos humanos. Ningún político se ha manifestado, que se sepa, a las puertas de la nave para pedir su cierre inmediato. Sí lo hicieron a la llamada de los empresarios de El Castillo, tras enterarse de que un grupo de inmigrantes iba a ser alojado en un hotel de la zona.

Hasta la concentración o escrache, como lo han definido algunos, se acercó la consejera de Turismo del Cabildo, Jéssica de León (PP). También el alcalde de Antigua, Matías Peña, que compungido aseguraba que el municipio vivía “un día muy triste”. Tal vez, no se le pasó por la cabeza pensar en la tristeza que debía haber en los pueblos y aldeas de las 24 personas que murieron en el cayuco en busca de tierra firme.

Por suerte, los manifestantes llegaron cuando los inmigrantes ya estaban dentro del hotel y la prensa no pudo captar el momento. La fotografía de los políticos y empresarios a las puertas del recinto hotelero oponiéndose a que esa gente durmiera en una cama con sábanas limpias sí que no hubiera sido la más idónea para la imagen de Fuerteventura.

De inmediato, el Ayuntamiento de Antigua envió un comunicado donde aseguraba que “alojar inmigrantes en hoteles de Caleta de Fuste es un ataque directo a la economía del lugar”. La llama ya estaba encendida. Ahora era solo cuestión de avivarla. De eso se encargaron otros alcaldes, el Cabildo, los partidos políticos y las asociaciones de empresarios turísticos. Los comunicados fueron llegando sin dar apenas respiro a la bandeja de entrada del correo. Había que mantener viva la hoguera. Por una vez, parecía que todos se unían y decidían remar hacia el mismo rumbo.

Coalición Canaria hablaba de “caos” y acusaba al Gobierno central de “la misma ineficacia de quienes reactivaron el centro de internamiento de El Matorral, sin tener en cuenta que ahora funciona con instalaciones abiertas”. Los nacionalistas se olvidaban de matizar que las personas que migran no cometen ningún delito que les haga estar privados de libertad en recintos.

Ningún político se ha manifestado en contra del hacinamiento de inmigrantes

La patronal turística majorera Asofuer iba más allá y calificaba de “auténtica aberración” alojar a inmigrantes en hoteles. Su presidente, Antonio Hormiga, aseguraba estar “consternado” y ponía en aviso que dar techo a esta gente en zonas turísticas supone un “golpe durísimo a la imagen de destino seguro y de calidad que queremos proyectar”. Horas antes había emitido un comunicado pidiendo no “demonizar” la imagen de los turistas, después de que un informativo nacional emitiera un reportaje con las imágenes de decenas de ellos de fiesta en las calles de Corralejo, saltándose el toque de queda y las medidas contra la COVID.

Tras la concentración de los empresarios, por la tarde, una caravana de coches daba vueltas alrededor del hotel con las luces encendidas tocando la pita. Al día siguiente, el alcalde de Antigua llamaba a la calma. El portavoz del PP, Gustavo Berriel, lo acusaba entonces de “acobardarse” y recular, y pedía convocar una gran manifestación, “cumpliendo siempre con las medidas anticovid”, precisaba. Se le olvidaba que, en tiempos de pandemia, mejor que los responsables públicos eviten llamar a la ciudadanía a participar en grandes concentraciones.

Durante todos estos días, los ayuntamientos turísticos y el Cabildo se han encargado de ir echando palitos a la hoguera. El alcalde de Pájara, Pedro Armas, con frases míticas en su historial como “maricón el último” durante la presentación del pacto PSOE, AMF-NC y Unidas Podemos, por la que el colectivo LGTBI le exigió pedir perdón, volvía a abrir la boca para preguntar a quién se le ocurrió alojar a personas inmigrantes en hoteles y sentenciaba: es como si “los restos que nos sobran en casa los pusiéramos en el hall”.

La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, manifestaba que un municipio turístico “no podía dar la imagen de alojar en establecimientos hoteleros a inmigrantes” y precisaba: “no por racismo, sino por una cuestión de imagen”. Un día antes, el equipo de gobierno de La Oliva había pedido al Gobierno de Canarias la Casa de los Coroneles, una casona palaciega del siglo XVIII, para trasladar allí sus despachos.

Barbaridades

El presidente de Entremares, Marco Rodríguez, no oculta su preocupación por los exabruptos que los políticos han ido repitiendo en las últimas semanas: “Las frases que se han vertido no son más que frases, el problema es cuando son ideas que sostiene, no cualquier persona, sino los responsables políticos de la Isla”.

La última de las barbaridades, de momento, llegó del Cabildo de Fuerteventura. Allí, su presidente Sergio Lloret, y sus dos vicepresidentes, Lola García (CC) y Claudio Gutiérrez (PP), se reunieron el 4 de mayo con los ayuntamientos para coordinar asuntos relacionados con la gestión migratoria. Las conclusiones giraban en torno a la “voluntad y el compromiso total” de Cabildo y municipios con la solidaridad y el respeto a los derechos de las personas inmigrantes. También abogaban por la necesidad de proteger la salud y no poner en riesgo la recuperación económica, y la intención de cooperación, coordinación y colaboración plena con el Estado español y el Gobierno regional.

“Es como si la sola presencia de personas de otra raza nos molestara”

Sin embargo, ningún alcalde contemplaba la acogida en establecimientos turísticos ni tampoco la cesión temporal de albergues, residencias e instalaciones insulares y municipales. En el caso de levantar campamentos con barracones, tal y como ha propuesto el Estado, Cabildo y ayuntamientos aceptaban que fueran en ciertos espacios de la Isla “siempre alejados de zonas residenciales, comerciales y turísticas”.

Marco Rodríguez cree que para los políticos el sitio adecuado para alojar inmigrantes es “lejos de cualquier otra persona”. Para ellos, el único criterio para separar físicamente a unas personas de otras es “la raza y su nivel económico. Pueden estar en la misma Isla siempre que no nos tropecemos, ni veamos, porque la sola presencia de personas de otra raza nos molesta y creemos que es un problema para la convivencia”.

Todo esto lo dicen, continúa el presidente de Entremares, “al mismo tiempo que muestran su compromiso con el respeto de las personas migrantes”, y se pregunta “a qué derechos se refieren si el más elemental, que es la convivencia, se niegan a que pueda existir”.

En los últimos tiempos, una corriente de bulos y xenofobia ha circulado por la Isla respecto a los inmigrantes. Se les ha acusado de traer la COVID y de protagonizar episodios violentos que luego no han podido demostrarse. Los bomberos que deben apagar el fuego, en este caso los políticos, han recurrido, a veces, a echar garrafas de gasolina a las brasas. Las administraciones deben ser el espejo en el que se miran los ciudadanos. En situaciones como ésta, es preferible que el espejo tenga vaho.