Si Canarias se convirtió el pasado año 2017 en la comunidad autónoma con mayor número de ahogados en sus costas, con 93 víctimas mortales, Fuerteventura y Tenerife se pusieron a la cabeza del archipiélago con un total de 21 fallecidos cada una, en el caso de la Isla majorera casi duplicando los 12 fallecidos de 2016.

A estos datos hay que sumar entre un 15 y un 20 por ciento más de decesos de personas rescatadas en semiahogamiento grave o crítico, que acaban muriendo por causas directamente relacionadas con el episodio, aunque no se reflejan en las estadísticas oficiales por constar como causa de la muerte un paro cardíaco u otras.

Ante esta alarmante siniestralidad, el Gobierno de Canarias ha dado un impulso a la tramitación del futuro decreto regulador de medidas y actuaciones de salvamento y seguridad en playas y zonas marítimas de baño, que sustituirá a la actual normativa, en vigor del año 1972, tras el fallido decreto de 2003.

En aquel momento, la normativa propuesta, que estuvo vigente apenas unos meses tras ser recurrida por algunos ayuntamientos, se consideró pionera y, de hecho, fue adoptada casi punto por punto por la comunidad balear. En Canarias, sin embargo, fue suspendida sine die para buscar fórmulas que “minimizaran el elevado impacto económico que su aplicación suponía para las haciendas locales”, argumento esgrimido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. No hay que olvidar que son los consistorios quienes cuentan con las competencias en seguridad y emergencias y por tanto deben financiar el gasto en este ámbito.

Con 21 ahogados en 2017, la Isla se pone a la cabeza de la siniestralidad en las zonas de baño

Así, en el informe preceptivo del futuro decreto, elaborado con datos aportados por los ayuntamientos canarios, se determinan las medidas a implementar, con su correspondiente estudio económico, que concluyen en Fuerteventura la necesidad de aumentar las plantillas de salvamento en 32 efectivos, hasta los 78 socorristas para las 67 playas de la Isla, cinco de ellas (Playa Blanca y cuatro de La Oliva) con “muy alto” grado de protección por los datos de afluencia.

El informe colige que, en la mayoría de los casos, el impacto económico que estas mejoras supondrían a las partidas presupuestarias asignadas al capítulo de gastos y servicios municipales son del todo asumibles, suponiendo entre el uno y el cuatro por ciento de aumento.

Sin embargo, advierte de casos como el de La Oliva, en el que el gasto se dispararía un 150 por ciento sobre el actual, aunque los redactores del informe explican que puede tratarse de un error en los datos de afluencia aportados por el ayuntamiento, “por lo que se obtienen grados de protección superiores a los que les correspondería, incrementándose la dotación en recursos humanos y medios materiales, lo que aumenta la estimación del gasto”.

Preocupación para el turismo

La preocupación por el alto índice de ahogamientos es patente en el sector turístico. Cabe destacar que el 70 por ciento de los fallecidos en 2017 fueron extranjeros, la mayoría bañistas, aunque también pescadores (13 por ciento) y buceadores y deportistas (12 por ciento). El perfil es un varón foráneo, de entre 50 y 80 años, lo que presupone cierto riesgo por desconocimiento de los peligros de la actividad náutica en según qué zonas costeras.

El gerente del Patronato insular de Turismo, Moisés Jorge, asegura que las administraciones deben priorizar la calidad de sus servicios “competa a quien competa”. Cree que como destino “deberíamos distinguirnos de la competencia por nuestros servicios y la calidad de los mismos” y considera vital “ante todo, que se informe en todo momento al turista de que en cualquier playa, esté vigilada o no, debe tener personalmente las precauciones correspondientes”. También apunta a la necesidad de señalizar las playas más visitadas y “asegurar cobertura telefónica, para que puedan ser efectivos los teléfonos móviles en casos de emergencia”.

Aguas Verdes, en Betancuria es un ejemplo del problema que supone la falta de cobertura, en una costa de corrientes marinas y viento, donde no existe señal de ningún operador móvil, por lo que no se pueden realizar siquiera llamadas de emergencia desde la costa. También apuesta por dotar de servicio de socorrista a aquellas playas con mayor tránsito de visitantes o turistas.

Medidas de prevención

Por su parte, Iñaki Elustondo, de la empresa Salvamento y Rescate en Canarias y durante años jefe de Protección Civil de La Oliva, alude a las medidas de prevención que se dan en países con miles de kilómetros de costa, como Australia, donde la información es la piedra angular.

“Desde el avión ya se traslada al turista el riesgo de bañarse en sectores no acotados por banderas y se hacen campañas a través de los circuitos cerrados de televisión de los hoteles”, indica. Pone también el ejemplo de Los Ángeles, la ciudad del verano eterno en el sur de California, con sus ocho playas icónicas y donde no hubo ninguna víctima mortal por ahogamiento el pasado año.

Elustondo apunta a medidas como la numeración de las playas, para que el visitante pueda dar su ubicación exacta a los servicios de emergencia, o la instalación de botones de alarma, acotación de zonas de baño y carteles informativos sobre las banderas.

El estudio divide las zonas de baño por afluencia y determina así su grado de protección, estableciendo siempre un coordinador por ayuntamiento, que designará la alcaldía entre la plantilla municipal en activo.

En el caso de Betancuria, por ejemplo, el coordinador del plan de seguridad es el único efectivo adscrito y quien supervisaría a los efectivos de emergencia y protección civil que cubrieran un hipotético incidente.

Para zonas de protección moderada se establece, además de la figura de coordinación, un socorrista en torre, otro de actividad acuática y dos socorristas en embarcación. La dotación sube en las zonas de alta protección, con dos vigilantes más a pie de playa.