Las aulas modulares, en otros tiempos denominadas barracones, se niegan a abandonar los centros educativos majoreros. Instaladas hace más de 20 años para dar respuesta a un aumento desorbitado de alumnado, dos décadas después más de una decena de ellas siguen prestando funciones en colegios e institutos de la Isla.

Según el Gobierno de Canarias existen 11 aulas modulares en la Isla tras la retirada de tres en el CEIP Morro Jable. El mapa de las modulares en la Isla, quedaría repartido en cinco en el CEIP El Tostón en El Cotillo; una en el CEIP Francisca Pérez de Triquivijate; una en el CEIP Tarajalejo; una en el CEO Antigua; otra en el IES Corralejo y dos en IES La Oliva.

Pero, por qué siguen dos décadas después estas aulas prestando funciones en los centros educativos de la Isla cuando desde la Consejería de Educación se lleva años anunciando su retirada. La respuesta parece estar en la falta de inversión en materia educativa.

El Plan de Infraestructuras Educativas 2018-2025 contemplaba la construcción de 11 centros y trabajos de ampliación en otros tantos en Fuerteventura. El documento llegó a su fin con sólo tres inaugurados: el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Morro Jable y los de Villaverde y El Castillo. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dejó de invertir unos 43 millones de euros en Fuerteventura.

A finales de 2024, el Gobierno canario anunció el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2035. El documento reconoce que Fuerteventura había experimentado un notable crecimiento poblacional, especialmente en áreas urbanas y turísticas, lo que “ha generado una elevada presión sobre las infraestructuras educativas”. En el texto se asegura que la falta de suficientes centros educativos para atender el creciente número de alumnado “está ocasionando dificultades para garantizar el acceso a la educación obligatoria en condiciones óptimas”.

Dos años después de entrar en funcionamiento el Plan y a menos de un año de acabar la legislatura, la Consejería regional de Educación, en manos del popular Poli Suárez, sólo ha conseguido inaugurar el colegio de El Castillo en septiembre de 2024.

PSOE: “Las modulares demuestran el fracaso del Gobierno”

La respuesta al porqué de estas aulas modulares parece tenerla el parlamentario socialista, Manuel Hernández Cerezo, y está, en su opinión, en “la falta de compromiso” por parte de  la Consejería de Educación del Gobierno canario (CC-PP).

Hernández Cerezo lamenta que, a pesar de que la Consejería de Educación haya contado estos años “con los mayores recursos de la historia de la comunidad autónoma”, la ejecución de infraestructuras educativas en la Isla ha “brillado por su ausencia”.

Las obras nuevas son “la parte fundamental para poder acabar con las aulas modulares, que no dejan de ser una solución coyuntural que se ha convertido en estructural por la falta de iniciativa de la Consejería”, subraya.

De las 11 aulas modulares que asegura el Gobierno de Canarias que tiene en la Isla, nueve de ellas se encuentran en régimen de alquiler salvo la del CEO de Antigua y la del CEIP Francisca Pérez en Triquivijate. “El alquiler de estas aulas está suponiendo un importante coste a la comunidad autónoma mientras se sigue sin ofrecer una solución estructural”, denuncia el parlamentario majorero.

El Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2035 apunta, entre sus objetivos prioritarios, “la sustitución y eliminación” progresiva de las aulas modulares. La meta, recoge el documento, “es reemplazarlas por construcciones permanentes que proporcionen a los estudiantes un entorno educativo más adecuado y estable”.

El documento, elaborado por la Consejería de Educación, contempla la construcción de nuevos centros y la ampliación de los existentes en los lugares donde hay instaladas aulas modulares.

Hernández Cerezo coincide en que el fin de las modulares está en la construcción de nuevos centros educativos en Fuerteventura. Sin embargo, “no se está poniendo remedio, a corto y medio plazo, para acabar con esas aulas modulares. En el fondo, se trata de dignificar la labor docente y educativa”.

Desde el sindicato UGT Canarias se lleva tiempo señalando, de forma recurrente, las carencias estructurales de la red pública de enseñanza y exigiendo la eliminación progresiva de los barracones y aulas modulares mediante una “planificación real” de obras.

Las obras son “la parte fundamental para poder acabar con las aulas modulares”

El liberado sindical de UGT-Docentes de Fuerteventura, Rubén Reyes, insiste en que “las aulas modulares pueden ser una solución provisional ante una necesidad urgente, pero no pueden convertirse en una respuesta permanente a la falta de infraestructuras educativas en la Isla” y recuerda que no se puede normalizar que “el alumnado y el profesorado tengan que desarrollar su actividad durante años en espacios concebidos como temporales”. Además aboga por “un calendario claro para sustituir las instalaciones provisionales por infraestructuras educativas definitivas”.

Para el sindicalista, el día a día del profesorado que trabaja en aulas modulares puede convertirse en “un auténtico desafío”. A las responsabilidades habituales de preparar e impartir las clases, atender a la diversidad y garantizar el aprendizaje se suman “las dificultades derivadas de las condiciones materiales de algunos de estos espacios, especialmente cuando las temperaturas son elevadas, la ventilación es insuficiente o faltan instalaciones complementarias”.

Desde UGT defienden que el aula es también un puesto de trabajo por lo que la Administración tiene “la obligación” de garantizar unas condiciones seguras y saludables. “No podemos normalizar que lo provisional se convierta en permanente ni dejar que el profesorado asuma en solitario las consecuencias de las carencias de infraestructuras”, concluye.

Aulas modulares en el centro educativo de El Cotillo.

El Cotillo

Los vecinos de El Cotillo se despertaron un día de verano viendo cómo la empresa adjudicataria encargada de la construcción de dos aulas retiraba las modulares. Sin embargo, al poco regresaron. “Volvieron a ponerlas porque la empresa que ganó la licitación terminó abandonando la obra”, cuenta la presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de El Cotillo, Rosi Rodríguez.

La historia de las obras del colegio de El Cotillo tiene capítulos donde se reduce el presupuesto y capítulos donde se retiran las empresas adjudicatarias, mientras esperan por la construcción de un nuevo colegio del que lo último que se sabe es que Educación ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto. Esta legislatura el alumnado de El Cotillo tampoco estrenará colegio.

UGT: “Pueden ser una solución provisional, pero no una respuesta permanente”

En la actualidad, el centro tiene cinco aulas modulares en alquiler. Dos de ellas desde 2021 y tres desde 2024. Rosi Rodríguez teme que la presencia de las modulares se acabe enquistando. Para la representante de los padres y madres de El Cotillo su retirada está condicionada a la construcción de un nuevo centro. “Desde mi punto de vista, no creo que se vaya a invertir en hacer aulas nuevas cuando hay un proyecto para hacer un colegio”, indica.

Las aulas modulares que pueblan los colegios e institutos de la Isla nada tienen que ver con las que se instalaron hace 20 años. Se han mejorado y tienen, entre sus servicios, aire acondicionado, algo inusual en unos centros que sufren, con cada vez más frecuencia, las consecuencias de las olas de calor sin que haya respuesta por parte de Educación más allá de la de su consejero, Poli Suárez, que invita a los colegios a comprar ventiladores.

“No se está poniendo remedio para acabar con estas aulas modulares”

En centros como el IES La Oliva las aulas modulares están mejor que las otras. Lo mismo ocurre en el colegio de El Cotillo donde Rosi Rodríguez cuenta que estas, al menos, “tienen aire acondicionado”. En el resto de aulas, “igual no podríamos poner el aire porque la instalación eléctrica no nos lo permitiría”.

“En la actualidad, estas infraestructuras permiten impartir docencia, pero no dejan de ser una solución que no va acorde con la integración que debe existir dentro de los centros educativos. Las condiciones son aptas para dar clase con carácter general, pero no deja de ser una solución que demuestra el fracaso del Gobierno de Canarias en infraestructura educativa”, subraya el parlamentario Manuel Hernández Cerezo.