La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) tiene previsto ejecutar el próximo martes, 30 de enero, la demolición de la vivienda de Josefa Hernández en Betancuria, con orden judicial de derribo.

El caso alcanzó gran relevancia después de que la conocida como abuela de Fuerteventura llegara a ingresar en la prisión de Tahíche (Lanzarote), en agosto de 2015, por no derribar unas obras declaradas ilegales en su casa.

Hernández fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, el Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de la ampliación de su vivienda.

La mujer pagó la multa, pero no demolió la casa porque no tenía otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependían de ella, entre ellos una hija discapacitada y tres nietos menores.

Un Juzgado de Puerto del Rosario ordenó que cumpliera la pena de prisión, que inicialmente había quedado en suspenso pero la Audiencia Provincial revocó la medida, después de que incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado que sería indultada.

La vivienda de Josefa se encuentra en Campo Viejo. La Apmun ha recibido vía libre para acceder al inmueble para llevar a cabo la demolición. Las obras fueron denunciadas hace una década por la Guardia Civil al haberse ejecutado sin licencia y el Juzgado determinó la restauración de la realidad física alterada.

Tras su salida de la prisión de Tahíche, Josefa reside en una casa de protección oficial en Puerto del Rosario. La mujer ha indicado en declaraciones a Canarias7 que aunque le cabría algún recurso contra la ejecución del derribo, considera que “no serviría de nada”.