La familia propietaria de la casa de Cueva de la Negra, en Pájara, ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, además de presentar una queja y pedir una intervención urgente ante las actuaciones de la Administración General del Estado respecto a la casa.

Destaca que ya se han producido “dos importantes despliegues de medios públicos”, el 26 de agosto y el 21 de septiembre, vinculados a la ejecución de actuaciones promovidas por la Demarcación de Costas de Canarias sobre la vivienda de Pascuala Roger, que tiene 80 años, y que existe riesgo de que se produzca una tercera intervención.

En un extenso escrito, repasa la historia de la vivienda y las actuaciones promovidas hasta ahora y solicita protección institucional previa a cualquier nueva actuación, ya que, además, se ha presentado una solicitud formal de investigación ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los propietarios reclaman una investigación integral de las actuaciones administrativas realizadas hasta ahora

“Persisten cuestiones sin aclarar sobre las medidas cautelares, las condiciones judiciales, las notificaciones, el domicilio, la identificación física del inmueble, el patrimonio arqueológico y la cadena de decisiones administrativas”, señala el escrito, que añade que “existe además una petición estatal de ampliación del plazo para continuar actuando”.

La familia reclama que se admita la queja y se acuerde una investigación integral del conjunto de actuaciones administrativas que se han llevado a cabo, que comprenda “la cadena de decisiones, órdenes, comunicaciones internas y externas, comprobaciones jurídicas y administrativas, coordinación entre administraciones y organismos, actuaciones patrimoniales, notificaciones, identificación del inmueble, comprobación del domicilio y cualquier decisión o actuación preparatoria destinada a una nueva entrada, inhabilitación, precinto, tapiado o demolición”.

Piden que se aclaren las condiciones judiciales, las notificaciones y las discrepancias en la identificación del inmueble

Solicita información de un eventual precinto o tapiado y su relación con la autorización judicial existente y que se determine qué garantías existen para impedir que pueda organizarse un tercer dispositivo sin haber comprobado previamente la totalidad de resoluciones judiciales, administrativas y patrimoniales.

Entre otras medidas, también pide que se aclare la discrepancia existente entre los mojones 255-256 indicados en el auto judicial y los mojones 262-263 mencionados posteriormente en la documentación administrativa.

La familia solicita garantías antes de cualquier nueva entrada, precinto, tapiado o demolición y advierte de la existencia de una petición estatal para ampliar el plazo de ejecución

En otro orden de cosas, solicita que se recaben distintos informes del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Pájara y que se requiera al Ministerio para que informe sobre la existencia o inexistencia de concesiones, compensaciones, derechos de ocupación o aprovechamiento u otros títulos administrativos reconocidos a Punta del Sol SA.

Finalmente, solicita del Defensor del Pueblo que tenga en cuenta la existencia de una solicitud de ampliación del plazo de ejecución, frente a “la manifestación estatal de proceder cuanto antes a una nueva entrada”.

Reclama que se investigue la actuación administrativa. “Después de dos despliegues, una mujer de 80 años no puede quedar a la espera de un tercero sin conocer antes qué ocurrió, quién tomó las decisiones y qué controles fallaron”, apunta.