Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuerteventura al responsable de una empresa dedicada a la jardinería y al mantenimiento de piscinas, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Según la investigación, empleaba a personas extranjeras sin autorización de trabajo, conociendo su situación administrativa irregular y les imponía condiciones laborales abusivas.

La operación, desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, comenzó el pasado mes de agosto tras la declaración de un trabajador que denunció las condiciones laborales en las que se encontraba prestando servicio en una empresa. Posteriormente, un segundo afectado relató, de forma independiente, hechos similares relacionados con la misma sociedad.

Ambos manifestaron que habían sido captados a través de grupos de mensajería dirigidos a personas en situación administrativa irregular. Según sus testimonios, recibían entre 30 y 40 euros por jornadas de seis a once horas, con pagos en efectivo, sin justificante y trabajaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

También denunciaron la ausencia de vacaciones y pagas extraordinarias, así como frecuentes retrasos en los pagos e impagos por parte del empresario.

Los trabajadores señalaron, además, que el investigado les indicaba que debían huir o esconderse ante la presencia de la Policía o de la Inspección de Trabajo.

Uno de los afectados manifestó que no recibía salario y que únicamente obtenía comida y útiles de aseo a cambio de su trabajo

En el transcurso del operativo, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió localizar al investigado y a un tercer trabajador en un complejo de apartamentos de Corralejo. Este último manifestó posteriormente que no percibía remuneración económica y que recibía únicamente comida, víveres y útiles de aseo.

La investigación, basada en las declaraciones de los tres afectados y en las comprobaciones policiales, culminó el 30 de septiembre con la detención del responsable de la empresa que fue puesto a disposición de a autoridad judicial competente como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.