Puerto del Rosario se ha despertado este jueves con un trozo menos de su historia. El antiguo cuartel de la Guardia Civil, un edificio del siglo XIX ubicado en la calle García Hernández, ha aparecido en el suelo. La demolición se produce sin que hubiera una licencia de derribo del Ayuntamiento.

El concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Eduardo Tarquis (Podemos), mostraba este jueves por la mañana su sorpresa tras enterarse por Diario de Fuerteventura del derribo.

Poco después, se ponía en contacto con el concejal de Urbanismo, Javier Fernández Ledó (PSOE), quien, según Tarquis, le “confirmó que no se había dado ninguna licencia de derribo para ninguna casa que esté incluida en la fase previa del catálogo arquitectónica, y menos para esta que se ha derribado”.

Precisamente, la vivienda de la calle García Hernández aparece como edificio a proteger en el borrador que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario encargó el pasado año ante la falta de un catálogo arquitectónico, tal y como exige la Ley de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias 11/2019 y la Ley del Suelo de 2017.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó en 2016 un Plan General donde no se contemplaba ninguna figura de protección para el casco de la ciudad. La medida daba total libertad a la piqueta.

El concejal de Patrimonio Histórico asegura no tener constancia de que el expediente de esa vivienda se llevara al Consejo de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. Aún desconoce si el Consistorio tomará medidas legales por el derribo.

Tarquis reconoce que hoy es un día triste para Puerto del Rosario al tiempo que considera que por haber sido uno de los primeros cuarteles de la Guardia Civil en la capital “debería haber tenido otro tipo de protección”.

El periódico Diario de Fuerteventura publicó en noviembre de 2018 el reportaje: “La historia que puede acabar destruida por la piqueta” donde el historiador Francisco Cerdeña aconsejaba proteger determinados edificios de la capital por su valor histórico.

En aquellos meses, el tema del casco histórico de Puerto del Rosario estaba de actualidad después de que el Ayuntamiento hubiera dado licencia de derribo para demoler la pensión Zamora, una fonda de principios del siglo XX.

Un informe de Patrimonio Histórico del Cabildo, en el que recomendaba su protección, no logró parar la piqueta. En aquel entonces, el consejero de Patrimonio Histórico y hoy alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, se mostraba especialmente crítico con el derribo.

En el reportaje, Cerdeña destacaba la importancia de este edificio, que fue una de las primeras sedes de la Guardia Civil tras su llegada a Fuerteventura y recordaba que la puesta en funcionamiento del Puesto de la Guardia Civil en la isla fue el 23 de enero de 1899.

Tras permanecer un tiempo en el Cuartel de la Milicia y en unas dependencias, propiedad del Ayuntamiento, en la calle del Norte, la Corporación puso a disposición del puesto un inmueble en el número 20 de la calle La Marina, hoy García Hernández.

El contrato con fecha de agosto de 1901 describe la casa con “dos habitaciones para matrimonio con sala y cuarto, Sala de Armas para cuatro solteros, una despensa, una cocina, un lugar excusado y un aljibe”.

En la vivienda que han derruido permaneció hasta que se inauguró el actual cuartel en 1960. La edificación albergó la sede de la Guardia Civil durante casi seis décadas.

El historiador Carmelo Torres inició en 2018 una iniciativa para declarar 75 edificios de la capital como BIC (Bien de Interés Cultural). La idea no ha conseguido salir adelante. Torres resume hoy el derribo “como un desastre más, fruto de un cúmulo de circunstancias que está llevando a que el centro de Puerto Cabras vaya desapareciendo con una agonía insoportable”.

Torres recuerda que en la ciudad de Puerto del Rosario “sólo está protegida la iglesia, y el resto tendrá los días contados. Poco a poco, irán cayendo bajo la piqueta fruto de una especulación urbanística galopante”.

El historiador lamenta que, pese haber salido una nueva ley de Patrimonio, “no se toman carta en el asunto”. Vaticina que seguirán los derribos y explica que “el sentido común llevaría a que, al menos, se paralizasen las demoliciones, a través de una suspensión cautelar, en tanto se aprobase el catálogo”.

“Mientras se elabora un catálogo para proteger se aprovecha ese vacío para coger licencias de demolición que, a todas luces, son fruto de la especulación”, añade.

Tras el derribo, Torres pide que el Ayuntamiento tome medidas legales contra el propietario, “debería tomar cartas en el asunto para que no dé ejemplo a otros propietarios”.