El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha frenado en seco el intento de la empresa Dehesa de Jandía, del grupo Lopesan presidido por Eustasio López, de que se confiriese a Cofete, mediante un “farragoso entramado de alegaciones”, la clasificación y categorización como “asentamiento rural”. El TSJC recoge la apreciación de que se trata de un “palmario fraude de ley” que, como última finalidad, “permitiría” a la empresa “darle a esa propiedad extensa que detenta, con características de latifundio”, un “renovado brío urbanístico”.

La sentencia del TSJC confirma una resolución previa del Juzgado de lo contencioso administrativo número cinco de Las Palmas. En el procedimiento se enfrentaron la empresa de Lopesan y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). El citado Juzgado desestimó en primera instancia de forma íntegra el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dehesa de Jandía, que acudió a la Justicia como propietario de un terreno en Cofete sobre el que se había acordado la demolición de obras.

Se consideró la legitimación de la empresa para interponer acciones legales, por cuanto se le había obligado a la demolición de obras ilegales “realizadas sin su consentimiento en su propiedad”. Sin embargo, la compañía de Lopesan pretendió aprovechar la oportunidad que se le abría en los tribunales para que se reconociera judicialmente una categoría al suelo que no tiene. El tribunal reconoce la “actuación paradójica” de la empresa, que “combate” la actuación de la comunidad autónoma pese a que “va en pro de su propiedad”.

La empresa pretendió impugnar de forma “indirecta” el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) y el Plan General de Ordenación (PGO) de Pájara. Las casas de Cofete se encuentran enclavadas en suelo rústico de protección natural, según el planeamiento en vigor. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Fuerteventura zonifica el poblado dentro del suelo rústico especialmente protegido, declarándolo además área de sensibilidad ecológica. Está dentro del Parque Natural de Jandía, cuyo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) fue anulado judicialmente en noviembre de 2013. El nuevo PRUG es uno de los documentos encargados por el Cabildo majorero a la empresa pública Gesplan. Por su parte, el planeamiento de Pájara de 1989 clasifica el suelo como rústico de protección natural.

Una disposición adicional de la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial del año 2009 que modificaba, a su vez, la normativa de espacios naturales de Canarias para, en Jandía, considerar “compatibles” con el Parque Natural, con carácter “excepcional”, la localidad de Puerto de la Cruz y “el asentamiento rural preexistente de Cofete”.

No obstante, la letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias destacó en sus alegaciones en el procedimiento judicial que “no hay incompatibilidad” entre lo que establecen el PIOF y el PGO de Pájara con la citada disposición adicional. “No la hay”, señala la sentencia, porque la “alusión” al “asentamiento rural preexistente de Cofete” no puede ser de aplicación “a las obras ejecutadas con posterioridad, como es el caso”.

El Tribunal Superior de Justicia destaca, sobre la clasificación del suelo real de Cofete que tanto el planeamiento insular como el municipal “contienen determinaciones que impiden la legalización de las obras” efectuadas sin amparo, que en este caso se ejecutaron en 2012.

Ningún instrumento le reconoce la condición de asentamiento

Además, añade la sentencia, “el lugar donde se ubican las obras -un diseminado de chabolas o infraviviendas- no tiene reconocido en ningún instrumento de planeamiento a día de hoy la condición de asentamiento rural, no reuniendo siquiera las características para ser reconocido como tal, extremo éste que es reglado y no discrecional”.

“Es más”, acoge el TSJC, “ni una aprobación provisional de un nuevo instrumento de planeamiento aún no aprobado definitivamente que pueda contener alguna referencia al respecto, no autoriza a concluir que se esté en presencia de un asentamiento rural”. Y, sobre la “aplicabilidad” de la citada disposición que menciona a Cofete en la Ley de Medidas Urgentes de 2009, la sentencia en el caso de Lopesan la “descarta”.

“Limbo jurídico”

La Consejería de Política Territorial que dirige el majorero Manuel Miranda, que se ha reunido recientemente con vecinos de Cofete, apuesta por la posible solución de aprobar “un proyecto de Ley para la delimitación” exacta del citado “asentamiento rural preexistente”, que solo “incluye algunas edificaciones” y “quedó en un limbo jurídico al no disponer este espacio natural de su Plan Rector de Uso y Gestión”.

Desde Política Territorial se reconoce que se utilizará “como base” documentación del año 1994, que fue la utilizada “para describir este espacio en el Parque Natural de Jandía”. Es decir, que se utilizará la cartografía y las fotos aéreas de hace tres décadas, y las edificaciones que realmente existían entonces, y no se dará vía libre para regularizar construcciones ilegales ejecutadas sin autorización desde la protección del espacio. Miranda dice que el objetivo de esa ley específica “es dar mayor seguridad jurídica a los propietarios hasta que se apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión”, por lo que solo tendría “carácter transitorio”.