La Audiencia Provincial ha confirmado las múltiples ilegalidades urbanísticas cometidas en el desarrollo del polígono industrial de El Cuchillete, que provocaron la inhabilitación de dos antiguos alcaldes de Tuineje: Gonzalo Báez y Salvador Delgado.

En ambos casos, militaban en CC cuando dieron las licencias por las que, según la Justicia, prevaricaron. Báez fue condenado a ocho meses de prisión y ocho años de inhabilitación. En el caso de Delgado, era primer edil cuando fue condenado a un año y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación, y tuvo que dejar el cargo hace algo más de dos años.

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena de Báez, que abandonó la política municipal hace cuatro años, cuando militaba en las filas del PP. La sentencia, dictada antes del estado de alarma pero que no había trascendido, ratifica la del Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario del año pasado.

Los hechos probados revelan las ilegalidades cometidas en la urbanización, que afloran cuando, en diciembre de 2005, la empresa PRAICSA solicita la licencia de primera ocupación de las naves industriales construidas en dos parcelas del polígono, que habían sido autorizadas en junio del año anterior.

En 2006, el arquitecto técnico municipal emite informes desfavorables a la concesión de la licencia porque se habían unido dos naves, reduciendo la anchura establecida en el plan parcial, lo que afectaba a los retranqueos, lo que tenía “difícil solución” para edificar y afectaba a una parcela de titularidad municipal. También se había abierto una calle no prevista, no se había ejecutado el alumbrado y otro vial “no se había ejecutado conforme al proyecto de urbanización”.

Sin embargo, el entonces alcalde, “con pleno conocimiento de que la obra ejecutada no se correspondía con la autorizada por la licencia municipal” y de que las obras de urbanización no habían sido recepcionadas y de las múltiples irregularidades cometidas, asumió las competencias de Urbanismo y concedió la licencia de primera ocupación solicitada de forma ilegal.

Resolución "esperpéntica y grosera"

“La arbitrariedad de la resolución es indiscutible, pues es tan esperpéntica y grosera, que era susceptible de ser apreciada por cualquier persona, por mucho que sea ‘lega’ en derecho, que además no es el caso del acusado, el cual es de profesión procurador de los tribunales y licenciado en derecho”, señala la Audiencia en su sentencia.

El mismo ‘modus operandi’ se repitió en 2010, cuando la empresa promotora pide licencia de primera ocupación para 16 naves industriales, cuando solo se había concedido la construcción de cuatro.

Delgado concedió las autorizaciones, según la sentencia que lo obligó a dejar la alcaldía, en contra de los informes jurídicos y técnicos, y a pesar de que la concejal de Urbanismo había denegado con anterioridad la autorización, ya que las naves eran más pequeñas de lo que establecía el planeamiento. A pesar de ello, Delgado asumió las competencias de Urbanismo en octubre de 2011 y dio los permisos.