La Fiscalía ha denunciado al promotor de la urbanización Casilla de Costa, Jesús Fernández-Hijicos, por un presunto delito de falsedad documental. Según la denuncia, presentó en el Ayuntamiento de La Oliva un certificado del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), que había sido alterado, para la recepción parcial de la urbanización, que se construye a las afueras de Villaverde.

En septiembre del año pasado, Fernández-Hijicos registró en el Ayuntamiento la solicitud de recepción parcial de las obras de una de las primeras fases de la urbanización. Es el administrador de la empresa Casilla de Costa Real Estate y en la solicitud al Consistorio intervino en calidad de presidente de la Junta de compensación del plan parcial.

La urbanización, de más de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie, se aprobó en el año 2000, en la época en la alcaldía de Domingo González Arroyo, conocido como el ‘Marqués de las Dunas’. En abril de 2003 se dio vía libre a la construcción. Unos 584.000 metros cuadrados se reservaron para uso residencial, si bien en la actualidad la modalidad del alquiler vacacional permite el alojamiento de turistas bajo esta categoría.

Tras la petición del promotor de que el Ayuntamiento recepcionase parte del plan parcial, la denominada fase A-1, donde ya se ha finalizado la construcción de unas 66 viviendas, un técnico municipal examinó la documentación aportada por el promotor y también inspeccionó la urbanización. El pasado 30 de noviembre, el técnico emitió un informe desfavorable a la recepción parcial y provisional de las obras, tal y como destaca la denuncia de la Fiscalía.

Así, el técnico municipal requirió a la Junta de compensación de Casilla de Costa que, “entre otras deficiencias”, subsanara “la ausencia de certificado de la compañía suministradora”, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), un organismo público formado por el Cabildo y los ayuntamientos de la Isla.

En su requerimiento, el técnico pedía al promotor de Casilla de Costa que acreditara que existía el “suficiente abastecimiento de agua, para consumo humano, para suministrar a la fase” de la urbanización que pedía que asumiera el Consistorio. Con la recepción, el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de los servicios públicos de la zona.

Tres semanas después, el promotor presentó “toda la documentación requerida, a excepción del certificado del CAAF”, se destaca en la denuncia de la Fiscalía. Una fecha clave es el 12 de enero. Ese día se recibe del promotor una “copia” del certificado del Consorcio de Aguas, después de que el Ayuntamiento se dirigiera al Registro de la Propiedad y comunicara que la recepción de las obras de la urbanización Casilla de Costa no se había producido. En el documento del Consorcio aportado por el promotor de la urbanización se dice que desde agosto de 2016 la empresa de Fernández-Hijicos figuraba dada de alta mediante un contrato de suministro de agua.

Documento ‘alterado’

En el Ayuntamiento observan que el certificado del CAAF entregado por el promotor de Casilla de Costa era “una copia” y por ello solicitan el original tanto al empresario como al Consorcio de Aguas. El organismo público entrega “un informe idéntico” al aportado por Fernández-Hijicos pero con una diferencia importante: si en la copia se apuntaba que tenía autorizado el “suministro de aguas”, en el original se especificaba que era un “suministro de agua para obras”. El propio empresario, “ante el requerimiento efectuado”, aporta también el certificado original del CAAF, en el que, del mismo modo, consta que la autorización era para el agua de obra, según destaca la Fiscalía.

La fiscal María Teresa Espino indica que, tras analizar lo sucedido, “se deduce que en la copia del documento original” elaborado por el técnico del CAAF “se alteró su redacción original suprimiendo las palabras ‘para obras’, a fin de adaptar la certificación a las exigencias requeridas por el Ayuntamiento de La Oliva” para recepcionar parte de la urbanización Casilla de Costa.

Por ello, la fiscal considera que Fernández-Hijicos presuntamente incurrió en un delito de falsificación en documento privado, que está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años, y que persigue la alteración de un documento “en alguno de sus elemento o requisitos de carácter esencial”, la simulación de un documento “en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”, o la atribución de “manifestaciones diferentes” en un documento de las que se “hubieran hecho”.

“Irregularidad” y “perjuicio”

La fiscal deja claro en su denuncia, presentada en el Juzgado, que “si bien el Ayuntamiento de La Oliva se percató de la irregularidad existente en la copia del informe del técnico del CAAF, llegó a crearse un perjuicio potencial en el correcto funcionamiento de la Administración y en el interés público, ya que podría haberse concedido la autorización solicitada a la Junta de Compensación sin que se hubiesen ejecutado las dotaciones previstas en el planeamiento y en el proyecto de urbanización”.

Urbanización recepcionada

Según la denuncia de la Fiscalía, el 12 de enero el Ayuntamiento de La Oliva pone en su conocimiento la documentación presuntamente alterada presentada por el promotor de Casilla de Costa. No obstante, el 30 de enero la Junta de Gobierno local acuerda “la recepción parcial y provisional de las obras” de la primera fase de la urbanización, que se materializa el 7 de febrero en un acta irmada por el alcalde, Isaí Blanco, el promotor, Jesús Fernández-Hijicos, el director de las obras, Antonio Cervera, un representante de la constructora Cororasa, Juan Salvador Rodríguez, y un arquitecto técnico municipal, Juan Alberto Machín. Para el portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, recepcionar unas obras después de haber acudido a Fiscalía “es un absoluto disparate”. “Los negocios inmobiliarios del alcalde Isaí Blanco van a acabar con él en la cárcel”, afirma Astica.