La Fiscalía ha asumido las tesis del grupo parlamentario de Podemos y ha acordado presentar denuncia contra el exconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en el periodo 2011 y 2015, el majorero Domingo Berriel, como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación y ha solicitado la declaración del mismo en calidad de investigado.

Así lo ha asegurado el diputado Manuel Marrero, que en marzo de 2018 presentó una denuncia en nombre del grupo parlamentario de Podemos Canarias en relación con las irregularidades detectadas en la obra de la carretera del Norte de La Palma.

Domingo Berriel Martínez fue consejero de Obras Públicas, Medio Ambiente, Política Territorial y Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Es ingeniero industrial y licenciado en Derecho, y fue gerente, hasta su jubilación, del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF).

En el Gobierno regional, antes que consejero fue viceconsejero de Industria y Energía, director general de Obras Públicas, así como consejero de Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura.

Marrero indicó este martes que “tras la solicitud por parte de la Fiscalía de los correspondientes expedientes administrativos a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el Ministerio Fiscal ha observado que estas irregularidades pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”.

Según recogía la denuncia, el contrato fue adjudicado el 7 de mayo de 2007 a la UTE Acciona Infraestructuras-Horpa-Lopesan asfaltos y construcciones por 32,4 millones y un plazo de ejecución de 40 meses, con inicio de las obras en agosto.

Posteriormente, el 22 de marzo de 2010, el órgano de contratación autorizó un primer modificado que elevaba el presupuesto hasta los 38,8 millones (un 19,8 por ciento más), y el 23 de noviembre de 2011 se adjudican a la misma UTE obras complementarias por el sistema de negociado sin publicidad por importe de 15,4 millones.

Según Podemos, la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 establece que ese “no era el procedimiento adecuado y sería nulo de pleno derecho, ya que había una modificación clara del contrato inicial”.

De hecho, añade, el 31 de mayo de 2012, se autoriza la redacción de un segundo proyecto modificado -aprobado finalmente el 16 de junio de 2014- que reduce el ámbito de la obra un 33,2 por ciento, de los 23,5 kilómetros iniciales a 15,7 kilómetros, si bien el presupuesto se mantiene igual y el plazo límite de finalización de obras en el 31 de diciembre de 2014.

Así, según un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la suma de los dos proyectos modificados más las obras complementarias suma un sobrecoste del 67,4 por ciento, se han fijado precios incorrectos y "no es posible" analizar la relación entre las obras y su abono.