El juicio por el caso del Hotel Royal Palm (Pájara) se acerca. En febrero se dictó el pase a procedimiento abreviado y falta que se dicte la apertura de juicio oral y que la Fiscalía y las acusaciones presenten sus escritos de acusación y los acusados sus escritos de defensa.

El 17 de junio, la jueza María Isabel Quintero, del Juzgado número 1 de Puerto del Rosario, rechazaba los recursos y las alegaciones presentadas por las defensas contra la transformación del sumario en procedimiento abreviado.

La magistrada señala que “obran indicios racionales fundados de responsabilidad criminal por los hechos denunciados contra cada uno de los investigados, basados precisamente, tanto en la documental que obra en autos, como en los acuerdos municipales adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en las fechas en las que ocurrieron los hechos denunciados”.

El fiscal de Medio Ambiente, Carlos Fernández Seijo, también había rechazado el recurso y las alegaciones de los acusados. El fiscal destaca que “durante el período comprendido entre 2007 y 2014, los integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara dictaron resoluciones por las que se autorizaba la concesión de prórrogas de la licencia de obras para la construcción del complejo hotelero Royal Palm, de cuatro estrellas”.

El fiscal añade que aunque el terreno administrativamente estaba definido como “suelo urbano/urbanizable, con afección a área residencial y/o turística”, la parcela donde se llevaron a cabo las obras “estaba incluida en un área liberada de edificaciones, según las determinaciones contenidas en el Plan Parcial de Esquinzo-Butihondo, afectando además a la servidumbre de protección de Costas de cien metros”.

Esas resoluciones son los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Pájara de 18 de octubre de 2007, 13 de mayo de 2013, 28 de abril de 2014 y 30 de junio de 2014 y un decreto firmado por el alcalde Rafael Perdomo en 2008 que están en el centro de la investigación.

“Como fundamento jurídico y técnico de tales resoluciones, señala el fiscal, fueron decisivos los informes emitidos por los investigados Silvia García Callejo y José María Fernández Muñoz. Todos esos informes eran contrarios a la normativa territorial y urbanística imperante en la zona, fueron realizados conscientemente a sabiendas de que con ello se vulneraba la misma y, como no podía ser de otro modo, sirvieron de cobertura jurídica para la adopción de los acuerdos y resoluciones municipales que favorecieron la construcción del complejo hotelero”, destaca el fiscal de Medio Ambiente.

Informe de la Apmun

En el año 2017, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) realizó un informe para el Juzgado sobre la legislación vulnerada para permitir la construcción del hotel. Ese informe dice claramente que la servidumbre de Costas es de cien metros y no de veinte y que el Ayuntamiento, “a pesar de las reiteradas peticiones de Costas”, no ha demostrado aún, 29 años después de que se le requiriera por primera vez, el carácter urbano de ese suelo antes de que entrara en vigor la Ley de Costas de 1988.

El Ayuntamiento no ha demostrado, 29 años después, que el suelo fuera urbano

La licencia para el hotel se otorgó en base al Plan General de 1998, que calificaba la parcela como suelo turístico, pero la prórroga de dicha licencia es de julio de 2007, cuando un mes antes había entrado en vigor un nuevo Plan que dejaba la parcela como área liberada de edificación, por lo que, como señala este informe, la prórroga se otorga contra el propio planeamiento municipal y contra los informes técnicos y jurídicos.

Hay que recordar que en esta causa figuran como investigados el exalcalde y actual concejal del grupo de gobierno Rafael Perdomo; la exconcejal y actual diputada autonómica Rosa Bella Cabrera; el concejal Farés Sosa y los antiguos ediles Jordani Cabrera, Antonio Carmelo González y Diego Bernardo Perera; además del arquitecto municipal, José María Fernández y Silvia García, que ejerció de secretaria del Ayuntamiento de Pájara; la propietaria del hotel, Raffaela Di Meglio; su empresa, Canarias Turística 2000; el que fuera apoderado de la misma, Héctor Ruiz; y el arquitecto del establecimiento, Miguel Cabrera Cabrera.

En la causa, además de la Fiscalía, ejerce la acusación popular la Asociación canaria de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, así como dos acusaciones particulares. Uno de los denunciantes, Juan Carlos Cabrera Batista, solicita cuatro años de prisión para cada uno de los acusados como responsables de un delito contra la ordenación del territorio, y la disolución de la empresa promotora del hotel.