“La población penitenciaria tiene muchos problemas, sobre todo a la hora de reinsertarse, pero la que procede de Fuerteventura tiene el doble”. La asociación Derecho y Justicia lo sabe bien, porque lleva 22 años trabajando en el Centro Penitenciario de Lanzarote, que también es la prisión de referencia para los majoreros. En opinión de Tharais Armas, ellos cumplen “una doble condena, por vivir en la periferia de la periferia”.

Noelia ha vivido en esa prisión y coincide en la misma idea: “Nosotros estamos mal, pero es que a la gente que viene de Fuerteventura, alguien le tendría que dar voz”. Ella pasó por el módulo de mujeres, por el Centro de Inserción Social (CIS) y ahora sigue en tercer grado con la pulsera telemática, y es consciente de que ese difícil proceso lo es aún más para los internos majoreros.

Antes de obtener esa pulsera, lo habitual es que deban pasar un periodo saliendo a trabajar durante el día y regresando a dormir al CIS de lunes a viernes. Para un lanzaroteño no es fácil, porque el centro está ubicado junto a la prisión, por donde ni siquiera pasan las guaguas, y la parada más cercana está a media hora caminando. Pero para alguien que debe acudir a trabajar a Fuerteventura, ese camino hacia la reinserción se torna casi “inviable”.

A la combinación de transportes terrestres desde Tahíche hasta Playa Blanca, hay que sumar un barco, más el traslado desde Corralejo hasta su destino final. “Eso no hay cuerpo que lo soporte, es inhumano”, apunta Noelia. Además, está el coste económico. “Aunque tengan coche, económicamente no te da para cruzar con él todos los días, porque lo que ganan se lo están gastando en transporte. Tienes que tener mucha conciencia para decir: bueno, estoy invirtiendo en que me den el dispositivo telemático cuanto antes para poder volver a mi vida, pero te lo ponen muy difícil”.

A ralentí

En la prisión de Lanzarote cumplen condena una media de entre 120 y 150 internos procedentes de Fuerteventura, incluyendo los que están en segundo y en tercer grado, pero Tharais Armas afirma que son muy pocos los que consiguen compatibilizar un trabajo en su isla de origen con regresar a dormir al centro penitenciario de Tahíche. “A lo mejor para un interno de Corralejo no es tan complejo, pero si por ejemplo es de Morro Jable, es imposible”.

Algunos optan por esperar a que les concedan otro tipo de medidas previstas en el tercer grado, pero con eso retrasan también su proceso de reinserción. “Es verdad que se está mejorando, y desde la oficina de medidas alternativas del centro están intentando que puedan acudir a firmar a los Juzgados de su isla de referencia o que lleven la pulsera para no tener que ir a diario a Tahíche, pero va muy lento, porque el sistema penal es como un dinosaurio que se mueve al ralentí”, lamenta la coordinadora de Derecho y Justicia.

“Si el interno es del sur, es imposible que trabaje y regrese a dormir”

Además, subraya que ese precio de la doble insularidad no solo lo pagan los internos, sino también sus familias, que “aunque están fuera también cumplen condena”. “Cada día veo a familias de Fuerteventura que hacen el esfuerzo de venir hasta Lanzarote para las visitas. Vienen madres de edad avanzada, mujeres con hijos chiquititos...”, describe Tharais.

Si viven en el sur, algunas tienen que coger hasta cuatro o cinco guaguas y un barco para llegar hasta la parada más próxima a la prisión, y desde ahí caminar cerca de media hora. “Si eres una persona de 76 años, imagínate”, subraya. Los hay que pueden permitirse pagar un taxi para evitar ese último tramo del trayecto a pie, pero otros muchos no. Y es que casi siempre son familias de escasos recursos, porque ese es otro de los datos que subraya Tharais: “La gran mayoría de la población que cumple condena en este centro es por delitos relacionados con adicciones y con pobreza”.

En general, esa es la tónica que reflejan las estadísticas en toda España. “La gente que tiene más dinero tiene una condena menor, porque pueden pagarse un abogado y resolver todos los recursos y todas las trampas que tiene el sistema judicial, pero quienes lo sufren son los pobres”, lamenta.

Problema ignorado

Por el contacto que mantienen con las familias, Tharais explica que en ocasiones ellas mismas se ofrecen a recogerlas en Arrecife o incluso en el puerto de Playa Blanca, para acercarlas a visitar a sus hijos o a sus maridos en prisión. Sin embargo, subraya que es algo que hacen “de manera voluntaria” y que “no es una solución”, porque en ocasiones hay más de 150 internos majoreros en Lanzarote.

Por eso, desde la asociación reivindican que el Cabildo se implique con este problema, facilitando de alguna manera esos traslados, porque muchos internos y muchas familias sufren esta situación, y “también son población de Fuerteventura”.

Hay madres que cogen hasta cinco guaguas y un barco para visitar a sus hijos

“Lógicamente la preocupación la compartimos, sin duda”, afirma por su parte el consejero de Bienestar Social, Víctor Alonso. Sin embargo, confirma que la Corporación insular no ofrece ningún tipo de ayuda para sufragar esos traslados, y tampoco tiene proyectado hacerlo. “Es una tarea que está pendiente”.

El Cabildo sí llegó a firmar en su día un convenio con la asociación, pero ya no está activo. “Estamos pendientes de mantener una reunión con Derecho y Justicia y con el Cabildo de Lanzarote, porque siempre vamos juntos de la mano”, afirma Alonso. La subvención que estudian retomar cubría una pequeña parte de los servicios que presta la asociación en el centro penitenciario -desde cursos y talleres hasta asesoramiento legal a los internos lanzaroteños y majoreros-, pero no contempla ninguna ayuda para facilitar unas visitas que algunos ni siquiera pueden permitirse.

“Si a los problemas sociales se les presta poca atención, en lo penitenciario es peor todavía”, lamenta Tharais Armas. “La población penitenciaria no es popular, no está muy bien vista, y entiendo que eso influye a la hora de buscar soluciones y de abordar los problemas con agilidad”.

Ciudadanos

En su opinión, para las instituciones y para la sociedad, “una vez que una persona entra en prisión, deja de ser ciudadano”. Por eso considera esencial recordar que aunque están privados de libertad, en el resto “tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano”. Que tienen “derecho a la educación, a la cultura o a la sanidad”, y que los escasos recursos de la prisión merman esos derechos.

“El número de técnicos que los atienden es ínfimo. No digo que no hagan su trabajo, porque lo hacen, pero no llegan a todo”, cuestiona. Afirma que faltan juristas, trabajadores sociales, educadores sociales y, por supuesto, psicólogos “a mansalva”, porque es una figura imprescindible y esa atención no está llegando a los internos.

Noelia, que lo ha vivido en carne propia, también subraya esas carencias. Aún recuerda que una de las primeras cosas que pidió al ingresar en prisión fue un psicólogo, tanto para afrontar la situación como para continuar la terapia que ya seguía fuera, pero nunca llegó a tener una sesión. “Solo los vi cuando tenían que hacer informes”.

En cuanto a la parte legal, la mayoría de los internos solo cuenta con abogados de oficio, y quien mantiene el contacto con los distintos Juzgados, sigue el cumplimiento de la condena y valora cuándo pueden pedir un permiso o el tercer grado, son los juristas de la prisión. “Ahora mismo hay dos para 500 internos”, subraya Tharais. “¿Sabes los niveles de ansiedad y de estrés que puede haber en un centro penitenciario cuando tu único anhelo es que venga a verte la persona que puede tener tu libertad en sus manos?” .

Lo que “lo cambia todo”

“La diferencia de que tu experiencia en prisión sea mejor o peor, además del equipo de funcionarios que te toque, es la bondad de los voluntarios que entran allí a sentarse contigo, cuando podrían estar en cualquier otro sitio. Son las personas que lo cambian todo”, defiende Noelia, que destaca lo que supone el trabajo que las asociaciones desarrollan en el centro penitenciario, y que compensan la falta de recursos de la Administración.

“Quienes lo sufren son los pobres. La gente con dinero no tiene estos problemas”

Desde el programa de reinserción Reincorpora, financiado por la Fundación La Caixa, hasta las distintas actividades que ofrece Derecho y Justicia, que cree que “han evitado más de un suicidio”. Y es que en un lugar “donde te levantas siempre a la misma hora, te acuestas a la misma hora y todo está marcado por horarios, cualquier actividad que te saque de la monotonía es algo extraordinario”.

Uno de los peores momentos, de hecho, es “la hora del chape”. Así llaman los internos a las dos horas y media que deben pasar en sus celdas tras la comida. En total, sumadas a las doce horas de la noche, son casi 15 horas al día encerrados. Si en el resto del tiempo no realizan ninguna actividad, se alimenta el “círculo vicioso” para algunos internos. “Bajan al patio, no tienen nada que hacer, se aburren, se drogan, la lían, los castigan, vuelven a no tener derecho a ninguna actividad, se amargan, consumen, la lían... Es un bucle que no les permite avanzar”, advierte Noelia.

Desde las asociaciones que trabajan en prisión también con- firman que “la cantidad de droga que hay en prisión es brutal”, aunque existe una unidad terapéutica “absolutamente libre de sustancias” y pueden acudir allí a deshabituarse los internos que lo soliciten voluntariamente. “Podría tener más vinculación con el centro de día o con el centro cerrado de Zonzamas, pero está funcionando bien”, apunta Tharais.

Tharais Armas, de la ONG Derecho y Justicia.

Reinserción o castigo

La Ley General Penitenciaria establece que las prisiones “tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social”, pero Tharais Armas plantea que “deberíamos preguntarnos si de verdad tenemos un sistema de reinserción o un sistema punitivo”. En su caso, que conoce las carencias de los centros penitenciarios y los problemas adicionales de los internos que cumplen condena fuera de su isla, tiene claro que una cosa es lo que diga la ley y otra la realidad. Y aún más, si se remite al propio sistema judicial.

“La población penitenciaria no es popular y eso influye al buscar soluciones”

Como ejemplo, explica que “hay internos que han cumplido diez años de prisión porque una noche con un mono horrible se metieron en una urbanización y rompieron cristales de cinco apartamentos”. Solo por entrar a una casa, sin que exista ninguna agresión, precisa que la pena puede llegar a dos años y medio de cárcel, que se multiplica por cada uno de los apartamentos. Es decir, por esa noche pueden tener “una condena mayor que si hubieran cometido un homicidio o una agresión sexual continuada”.

“¿Cómo va a cumplir diez años de cárcel una persona con un problema de adicción? Una vez que se rehabilita y se deshabitúa de ese consumo, es una persona totalmente normalizada”, defiende. Sin embargo, lamenta que estas personas “no solo se enfrentan a la condena del juez, sino también a la condena social”. Por eso cree que sus necesidades no se incluyen en la agenda política.

Tampoco la de los internos que son ciudadanos de Fuerteventura, pero que se enfrentan a una situación “imposible” cuando pasan al tercer grado, si tras el trabajo tienen que regresar a dormir a la cárcel de Lanzarote. Ni la de sus familias, que para visitarlos deben realizar una peregrinación de transportes y trayectos a pie. Para todos ellos, Derecho y Justicia insiste en lanzar un mensaje: “Por favor, que los apoyen, porque están cumpliendo una doble condena”.