La Cámara de Comercio de Fuerteventura ha destacado la urgencia de abordar las largas colas para acceder a taxis en el aeropuerto, así como en otros puntos de la Isla, especialmente durante las horas punta. Estas situaciones recurrentes afectan tanto a la población local como a los turistas, que se encuentran con un servicio insuficiente ante la demanda de este tipo de transporte. La Cámara subraya la importancia de declarar el Aeropuerto de Fuerteventura como una "zona sensible", un procedimiento que lleva más de diez años en proceso sin resolución.

Por otra parte, la política de reparto de licencias impide una organización eficiente y sostenible del servicio: en ocasiones, los taxis que no pertenecen al municipio de Puerto del Rosario deben hacer el camino de regreso sin pasajeros. Esta situación, además de ralentizar la operativa, aumenta las emisiones de CO2, lo cual repercute de forma negativa en los objetivos de sostenibilidad de la isla.

Para mitigar este problema, la Cámara de Comercio, así como otras organizaciones que ya se han pronunciado al respecto, apuestan por un sistema de prestación conjunta que permita la movilidad de taxis entre municipios durante periodos de alta demanda. Asimismo, sugiere crear una estructura de indicadores que permitan regular la entrada de taxis de otras zonas turísticas, garantizando un equilibrio en la oferta del servicio.

Las largas esperas que se producen en el aeropuerto, que a veces superan la hora, se repiten también en otras zonas de la isla, repercutiendo en la calidad de vida de residentes y trabajadores, que encuentran dificultades para desplazarse a sus lugares de trabajo y residencia. Esta situación también pone de manifiesto la insuficiente afluencia del transporte público de la isla, que en ocasiones obliga a los usuarios a tomar un taxi en determinados horarios y trayectos.

La Cámara de Comercio de Fuerteventura hace un firme llamado a las administraciones locales y regionales para que adopten acciones urgentes y efectivas ante un problema que afecta de manera transversal a la sociedad majorera. El organismo cameral considera imperativo que, después de más de una década de demanda, se tomen medidas concretas para resolver la situación de forma definitiva.