El Defensor del Pueblo alerta de que algunos centros de acogida para las mujeres que llegan en patera a Canarias con hijos a su cargo presentan carencias que provocan que no estén detectando casos de trata de seres humanos, víctimas de violaciones, o niñas y adultas que necesitan protección por riesgos asociados a su género, como la mutilación genital.

En una resolución a la que ha tenido acceso Efe, el Defensor comunica a los Secretariados de Migraciones de los dos Obispados de Canarias que, a raíz de sus quejas, ha decidido abrir de oficio una investigación por posible vulneración de derechos fundamentales, algo para lo que ya ha solicitado la colaboración del Ministerio de Inclusión, la Policía, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canaria.

El objeto de esa investigación no solo alcanza al trato que reciben las mujeres adultas, sino también sus hijas e hijos, porque los inspectores de la institución constataron problemas como retrasos en la escolarización, no inscripción en Registro Civil de menores que no tenían documentos de su país, demoras en las pruebas de ADN que acreditan el parentesco con la mujer que los trajo a las islas o falta de atención psicológica especializada.

La denuncia que ha puesto en marcha esta investigación se presentó en abril de 2021 por una serie de irregularidades que los Secretariados Pastorales de Migraciones de Canarias observaron en el centro de acogida inmediata (CAI) de Tenerife, una instalación gestionada por Cruz Roja. Sin embargo, estuvo un tiempo paralizada por las explicaciones que sus responsables ofrecieron por escrito.

"Me temo que la respuesta que dieron fue coger un manual de buenas prácticas de acogida y hacer un copia y pega", señala a Efe el abogado que formalizó esas quejas de los Obispados, David Melián.

Cinco centros inspeccionados

Sin embargo, la situación cambió cuando en noviembre de 2021 el Defensor decidió enviar a sus técnicos para que inspeccionaran sin previo aviso el CAI de Tenerife y otros cuatro centros de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con el mismo perfil de asistencia a mujeres que llegan solas con niños pequeños a su cargo.

En la resolución por la que comunica la apertura de la investigación, la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, reconoce "el esfuerzo realizado desde la Secretaría de Estado de Migraciones para facilitar espacios adecuados a las necesidades específicas de este colectivo especialmente vulnerable que son las mujeres embarazadas y con menores a su cargo".

Su informe subraya que no todos los centros inspeccionados tienen la misma situación, sino condiciones "muy dispares" de instalaciones y de "capacitación del personal que presta servicio en ellos", pero expone las carencias detectadas en términos genéricos, sin concretar ni en cuál de ellos se apreciaron esas deficiencias ni en qué grado.

El Defensor ya había expresado durante el mandato de Francisco Fernández Marugán su preocupación por la posibilidad de que a la red de acogida le estuvieran pasando desapercibidas víctimas de trata o mujeres en situación especialmente vulnerable porque el número de casos aflorados cada año le llamaba la atención por escaso, aunque solo fuera por mera sospecha estadística, dado el alto volumen de llegadas (45.587 personas entre 2020 y 2021, solo en Canarias).

Patricia Bárcena le pone ahora cifras a la situación: el 14 % de los inmigrantes rescatados el año pasado en Canarias son mujeres, casi siempre con menores a su cargo (unos mil niños llegaron en esa situación en 2021). Y hay algunos países con tasas notables: son mujeres el 41 % de las personas procedentes de Costa Marfil, el 30 % de las de Guinea y el 24 % de las de Camerún, según detalla.

Riesgo de caer en manos de proxenetas

El Defensor del Pueblo subraya que sus inspectores constataron "una presencia muy significativa de mujeres muy jóvenes embarazadas o acompañadas de bebés en los centros visitados" y remarca que el sistema falla especialmente con ellas, las más jóvenes, lo que "facilita que las adolescentes con indicadores de trata de seres humanos o con necesidades de protección internacional (...) no sean detectadas con la necesaria celeridad".

"Tras las entrevistas realizadas se concluye que un número significativo de las mujeres residentes en estos centros tiene necesidades de protección internacional. Se detectaron también indicadores de trata de seres humanos, en varios casos. A pesar de lo anterior, el número de mujeres que había manifestado su voluntad de solicitar protección internacional era muy escaso. Ninguna de las mujeres entrevistadas había sido identificada como víctima de trata", explica la adjunta segunda de Ángel Gabilondo.

Desde su punto de vista, la falta de "una estrategia eficaz que detecte el riesgo" que presentan algunas de esas mujeres ahora acogidas en Canarias, sumada a su condición de irregulares y "la invisibilidad de los menores que les acompañan, les ponen en grave riesgo de que su única salida de supervivencia en Europa sea a través de contextos irregulares que conducen, con cierta frecuencia, a entornos de prostitución forzada y de explotación laboral".

Patricia Bárcena critica la "falta enfoque de género" en la atención, algo que ayudaría a tener en cuenta, cita como ejemplo, que buena parte de esas mujeres, adultas o niñas, han sufrido violencia sexual en su tránsito migratorio hasta llegar a Canarias.

O provienen de algunos de los países con tasas más altas de prevalencia de prácticas que les harían merecedoras de protección internacional, como la mutilación genital o los matrimonios infantiles forzosos, completa su argumento el abogado que representa a los denunciantes, que cita Costa de Marfil y Guinea, precisamente los dos países con mayor porcentajes de mujeres en las pateras.

En su informe, el Defensor del Pueblo subraya que la información que estas mujeres reciben sobre su derecho a pedir protección internacional "se encuentra seriamente mediatizada (...) por la falta de intérpretes con la capacitación adecuada o la del personal que les atiende". El letrado David Melián da fe de ello: él documentó casos de mujeres a las que no se les explicó su derecho a pedir protección y cómo hacerlo, mujeres que no entendieron lo que les decían y mujeres que solicitaron refugio porque entendieron que, si lo hacían, se iban a quedar bloqueadas en Canarias.

El Defensor también pone el acento en algunas deficiencias de la atención a los niños, entre las que le preocupan especialmente dos: la falta de información adaptada a la infancia sobre el derecho a obtener protección internacional y la carencia de atención psicológica especializada.

La primera, porque muchas niñas "proceden de países africanos donde la mutilación genital continúa siendo una práctica muy extendida", y la segunda, porque los niños necesitan ayuda psicológica para "detectar y atajar las potenciales secuelas de la dura travesía en frágiles embarcaciones durante la que han presenciado situaciones de violencia y, en numerosas ocasiones, fallecimientos de otros integrantes de la embarcación".