Greenpeace ha pedido amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar su denuncia contra los miembros de la Armada que embistieron a la lancha con la que sus activistas intentaban protestar contra las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2014, cuando dos embarcaciones rápidas de la Armada interceptaron a unas lanchas de Greenpeace que pretendían acercarse al buque perforador contratado por Repsol para buscar hidrocarburos unos 60 kilómetros al este de Lanzarote, en un incidente que acabó con tres personas heridas.

A su vez, los activistas de Greenpeace que participaron en esa protesta se vieron señalados por cargos de piratería, porque, entre otras cosas, vulneraron el perímetro de exclusión decretado por el Ministerio de Fomento alrededor del buque de las prospecciones.

La Audiencia Nacional consideró que no había pruebas ni para procesar a los militares que interceptaron a los ecologistas, ni para inculpar a los miembros de Greenpeace por piratería, por lo que decretó el archivo de todas las diligencias sobre ese incidente.

En un comunicado, Greenpeace explica que ya ha agotado todos los recursos ordinarios contra esa decisión de la Audiencia, por lo que ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para reclamar que se protejan los derechos fundamentales de sus activistas.

"No podemos aceptar bajo ningún concepto la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, cuando expresamente y en todo momento se había señalado por nuestra parte y constaba acreditado cuáles eran nuestras intenciones", asegura el abogado de Greenpeace, José Manuel Marraco, en un comunicado.

En este procedimiento, la organización ecologista presentó como prueba dos vídeos que mostraban cómo abordaron las embarcaciones de la Armada a sus lanchas neumáticas para cortarles el paso.

"La violencia incomprensible de la embestida quedó reflejada en unas impactantes imágenes de vídeo, que demuestran la desproporcionalidad de la actuación de la Armada. Tanto las imágenes tomadas desde el buque Rowan Renaissance de Repsol como desde la embarcación de Greenpeace, son de contenido sensible", opina la ONG.

Por ello, Greenpeace expresa su confianza en que el Constitucional "ampare el derecho de manifestación pacífica y libertad de expresión absolutamente necesario en una sociedad democrática".