La Isla tiene un problema serio con el agua. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), que suministra a casi el 80 por ciento de la población, ha incrementado en los últimos años el porcentaje de líquido que pierde, que se aproxima ya al 50 por ciento del agua que sale de las plantas desaladoras. Para que un litro de agua llegue a los hogares de Fuerteventura se tienen que desalar prácticamente dos litros, con el impacto económico, energético y ambiental que eso supone.

En el año 2013 se produjeron 7,9 millones de metros cúbicos y se facturaron a los abonados del CAAF unos cinco millones. En ese ejercicio, el Consorcio de Aguas, organismo público compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos de la Isla, perdió 2,8 millones de metros cúbicos, lo que representó el 36,3 por ciento de la producción.

En 2016, el último año de los datos a los que ha podido acceder Diario de Fuerteventura, se tuvo que aumentar la desalación de agua hasta superar los 10 millones de metros cúbicos para entregar a los consumidores prácticamente la misma cantidad de líquido: 5,3 millones de metros cúbicos. El agua que no se facturó superó los 4,7 millones de metros cúbicos, con un 46,7 por ciento de pérdidas. Es decir, para vender al final apenas 320.000 metros cúbicos de agua más a sus clientes, el Consorcio tuvo que desalar 1,8 millones de metros cúbicos adicionales.

En un informe, el Consorcio reconoce un “considerable aumento de las pérdidas” en los últimos ejercicios, acentuadas desde el año 2015, y se destaca que “el índice de agua perdida ha aumentado un 10 por ciento en los últimos cuatro años”. El análisis interno es de 2017, y a falta de datos precisos sobre el pasado ejercicio, la tendencia no se había corregido sino todo lo contrario: las pérdidas seguían “en aumento, lejos de estabilizarse o disminuir”.

Las pérdidas de agua tienen diversas causas. Por ejemplo, las grietas o desbordamientos que se producen en los depósitos, las fugas en las redes de distribución de agua y otros motivos como errores en los contadores, fraudes o enganches ilegales.

El incremento de las pérdidas de agua tiene un notable impacto económico para el Consorcio, que se ve obligado a desalar más, con los costes que conlleva, para tratar de garantizar el suministro. Se estima que el coste medio del metro cúbico de agua es de 0,99 céntimos de euro. Más de un 46 por ciento de pérdidas de agua, como las que se registran en el sistema público, tiene una traducción económica de 4,6 millones de euros para las arcas del Consorcio.

Para cuadrar los números, el CAAF tiene que echar mano del Cabildo. Así lo ha advertido en los últimos años el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), la organización mayoritaria en el comité de empresa del Consorcio, que ha presentado reclamaciones a los presupuestos del organismo público.

En una de esas reclamaciones se apunta que la aportación de la Corporación insular supera los dos millones de euros de “subvención”, un dinero “que se ahorrarían las arcas públicas corrigiendo el índice de pérdidas” de agua hasta situarlo en un nivel del 25 por ciento, que se aproxima a lo que se puede considerar aceptable en el sector de la desalación de agua.

Para ello, el sindicato recalca que “se necesita tener la adecuada plantilla” y “medios” técnicos para desempeñar su trabajo. Así, destaca que el Consorcio cuenta con una plantilla de 111 trabajadores, “con 41 plazas vacantes” adicionales, que figuran en los presupuestos pero que no se cubren. Uno de los departamentos en el que más se aprecia la falta de personal, explica el sindicato, es precisamente en el encargado del mantenimiento de las redes de distribución de agua. En vez de externalizar el servicio para localizar las fugas en las redes de abastecimiento, que “sería más caro”, lo que plantean es dotar de forma adecuada al propio departamento del CAAF.

Otra de las quejas de los representantes de los trabajadores es la falta de equipos y de maquinaria, y que parte del parque de vehículos del Consorcio se encuentra en mal estado.

Recomendación y amenaza

“El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, en colaboración con las demás entidades gestoras del servicio de abastecimiento de agua en la Isla y con otras administraciones públicas” competentes en la materia “deberían elaborar e implementar un plan general de inversiones para la mejora de los sistemas de almacenamiento y redes de distribución de agua de la Isla, que incluya como objetivo transversal la reducción del porcentaje de pérdidas de agua”.

La recomendación no la hace el comité de empresa del CAAF sino el presidente del Tribunal de Cuentas, en un dictamen demoledor sobre la gestión del agua en la Isla, aunque la respaldan plenamente los representantes de la plantilla, que añaden otro “talón de Aquiles” a los problemas del ente público: la ausencia de “coordinación” para algo tan básico, señalan, como cartografiar de forma precisa las redes, sobre todo en los cascos urbanos, y la “falta de implicación” de buena parte de los ayuntamientos.

De hecho, los municipios turísticos, como Pájara y La Oliva, escindieron en su día “la parte más rentable del abasto”, que son los hoteles. Y en vez de pensar en fortalecer el Consorcio público, las intenciones van en sentido contrario, con amenazas, como la del Ayuntamiento sureño, de “buscar alternativas al servicio del CAAF”, del que forma parte.

Diario de Fuerteventura intentó contactar, sin éxito hasta el cierre de esta edición, con el consejero de Aguas del Cabildo, Andrés Díaz. Desde el Cabildo se apuntó meses atrás que su intención es aprovechar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para acometer una batería de inversiones en obras hidráulicas, que ascenderían a 31,7 millones. Entre los proyectos se encontrarían módulos de desalación, un aerogenerador, nuevos depósitos de almacenamiento (6,4 millones) y nuevas redes de distribución y sustitución de tuberías (3,9 millones).