La conexión marítima entre Cádiz y Puerto del Rosario desapareció el pasado 30 de junio. Ese día finalizaba el contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) que ahora opera la naviera Baleària Canarias, una vez que absorbió a la naviera Armas-Trasmediterranea. La consecuencia es que la escala que se efectuaba en la capital majorera ya no se hace.

El presidente de la compañía, Adolfo Utor, anunció el mes pasado, durante su participación en el V Foro Económico de Lanzarote, que, como alternativa, los viajeros que quieran desplazarse entre Cádiz y Fuerteventura deberán hacerlo a través de una conexión intermodal por Corralejo, combinando barco y guagua, o bien transportando su propia mercancía por carretera, con tránsito por el puerto de Playa Blanca, e incluso embarcando en Morro Jable hacia Tenerife, y de ahí a Cádiz.

El mismo día que finalizaba la conexión, Baleària anunciaba, como una gran noticia, que incorpora a sus rutas con la Península “el buque de carga rodada con mayor capacidad histórica de transporte de mercancías del Archipiélago”. El buque Josefina de la Torre tiene capacidad para 4.000 metros lineales de carga, 280 camiones y 230 tomas eléctricas para unidades de carga frigorífica, y “permite aumentar significativamente la capacidad semanal de transporte de mercancías de las Islas con el puerto de Cádiz”. También anunciaba que Baleària Canarias enlazará Cádiz con Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria tres veces a la semana y dos con Santa Cruz de La Palma y Arrecife, todo ello con ese buque y con otros dos buques más: el Volcán de Tazacorte y el Volcán de Tinamar.

Ninguna de esas medidas o anuncios satisface las necesidades de Fuerteventura. El Cabildo insular, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario e incluso la Autoridad portuaria de Las Palmas, se han sumado a las voces que piden que se mantenga la conexión directa con Puerto del Rosario. El alcalde de la capital, David de Vera, ha enviado cartas tanto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como a Ana Núñez Velasco, directora general de la Marina Mercante y a la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández Cerezo.

En esas cartas se traslada la “preocupación institucional” por esta situación. “La renovación de este contrato no solo afecta a la continuidad de un servicio de transporte, sino que condiciona de manera estructural el modelo de conectividad del Archipiélago, con impacto directo en la cohesión territorial, la estabilidad del abastecimiento y la competitividad económica del conjunto de las Islas”, señala el alcalde, que considera que la línea entre Cádiz y Canarias constituye una infraestructura estratégica de primer orden y que la importancia va mucho más allá del transporte de pasajeros “ya que garantiza el flujo constante de mercancías esenciales que sostienen la actividad productiva, comercial y logística del Archipiélago”.

La interrupción de la línea, además, se produce en un momento en que el muelle de Puerto del Rosario está creciendo y ya supera el millón y medio de toneladas anuales de mercancías, por lo que se destaca “su consolidación como infraestructura logística en expansión y no como un enclave secundario dentro de la red marítima canaria”.

“Consideramos esencial que el nuevo diseño del servicio se realice desde un enfoque equilibrado del territorio, evitando concentraciones excesivas en los principales puertos que puedan debilitar la funcionalidad operativa de infraestructuras emergentes como la de Fuerteventura. La preocupación que trasladamos no es teórica, sino basada en experiencias previas en las que la configuración de rutas ha generado desigualdades en términos de conectividad, costes logísticos y oportunidades de desarrollo entre islas”, señala Vera.

La reivindicación principal reside en que el nuevo pliego de condiciones que tendrá que salir para la nueva OSP garantice “una integración real de todas las islas en el servicio, asegurando la continuidad operativa de Puerto del Rosario dentro del corredor marítimo y evitando cualquier degradación progresiva de su papel logístico”.

Desde el Cabildo y el Ayuntamiento insisten en que la renovación de la licitación no puede entenderse como un trámite administrativo más, sino como una decisión de Estado que incide directamente en la cohesión territorial, la seguridad del abastecimiento, la competitividad de la economía y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos canarios, ya que la línea entre Cádiz y Canarias es la principal infraestructura marítima subvencionada que articula la relación logística entre el Archipiélago y la Península.

Los cabildos del eje oriental consideran que lideran el crecimiento de Canarias. El Cabildo de Fuerteventura destacaba recientemente, tras una reunión con el Cabildo de Lanzarote, que Fuerteventura ha crecido un 59,1 por ciento entre los años 2010 y 2023. Además, señalaba que “ambas islas lideran la recuperación del empleo” con las menores tasas de paro del Archipiélago  y un aumento del empleo del 59,3 por ciento en Fuerteventura desde ese año 2010.

“Cuando una isla pierde centralidad en las rutas marítimas, pierde también competitividad”

“Aunque el sector turístico sigue siendo clave para ambas islas, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura abogan por diversificar la economía, potenciando sectores como la tecnología, la agricultura sostenible y la economía verde, así como mejorar infraestructuras de transporte y servicios públicos para fortalecer la competitividad insular, fomentar la innovación y el emprendimiento simplificando trámites y facilitando acceso a la financiación para desarrollar prácticas sostenibles en el turismo y proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de los residentes”, decían ambos cabildos en un comunicado conjunto.

Los datos económicos dan argumentos a las instituciones majoreras para sosotener que la Isla no solo acompaña el crecimiento económico del Archipiélago, sino que “lo impulsa desde una posición cada vez más relevante”. “La experiencia demuestra que cuando una isla pierde centralidad en las rutas marítimas, pierde también competitividad, oportunidades de inversión y capacidad de desarrollo”, señala en su carta el alcalde de Puerto del Rosario a la senadora por la Isla, a la que le pide su implicación activa.

En la misiva al ministro, De Vera le dice que “la realidad contrasta con la percepción de que la planificación de la nueva licitación pueda seguir respondiendo a esquemas excesivamente centralizados en los grandes puertos, sin reflejar adecuadamente la evolución real de infraestructuras como la de Fuerteventura” y le solicita que el nuevo contrato incorpore garantías explícitas que aseguren la plena integración operativa de Puerto del Rosario en el servicio, con escalas regulares, frecuencias adecuadas y capacidad de carga coherente con la evolución económica real del Archipiélago. La licitación prevista para 2026, con una vigencia plurianual y una inversión pública de gran magnitud, constituye una herramienta decisiva de política territorial del Estado en Canarias”, añade.

Cámara

Desde la Cámara de Comercio, su presidente, Juan Jesús Rodríguez Marichal, señala que la OPS abre un debate clave para el futuro de la conectividad y la cohesión territorial del Archipiélago y pide que se evite que las conexiones vuelvan a diseñarse exclusivamente desde una visión centrada en los grandes puertos capitalinos.

El nuevo contrato condiciona el modelo de conectividad del Archipiélago

“La conectividad marítima no afecta únicamente al transporte de pasajeros, también resulta esencial para el abastecimiento de mercancías, el desarrollo industrial, la competitividad empresarial y la movilidad de miles de residentes y en territorios fragmentados como Canarias, el transporte marítimo constituye una infraestructura estratégica de cohesión económica y social”, destaca Marichal.

El presidente de la Cámara pide que se garanticen por contrato frecuencias mínimas estables para puertos no capitalinos, escalas obligatorias y no condicionadas únicamente a criterios de rentabilidad, capacidad suficiente para mercancía rodada y carga industrial, así como horarios y tiempos logísticos competitivos y sistemas de control y seguimiento del cumplimiento del servicio.

“Puertos como Puerto del Rosario, Arrecife o Santa Cruz de La Palma desempeñan un papel esencial en el equilibrio territorial del Archipiélago y en sectores emergentes vinculados a la economía azul, las energías renovables o la industria logística”, así que se pueden corregir desequilibrios históricos: “El nuevo contrato marítimo entre Canarias y la Península no debe entenderse únicamente como una licitación de transporte, sino como una herramienta estratégica para asegurar igualdad de oportunidades entre todas las islas del Archipiélago”, asegura.

Parlamento

En el mismo sentido, el Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley (PNL), instada por Fernando Enseñat, diputado del Grupo Popular, para agilizar la licitación de la obligación de servicio público de la línea marítima Cádiz-Puerto del Rosario. En su exposición de motivos repite los mismos argumentos anteriores y añade que el Gobierno de España no ha culminado todavía la nueva licitación ni ha ofrecido garantías claras sobre la continuidad efectiva del servicio “generando una situación de incertidumbre que ya está afectando a usuarios, empresas y operadores logísticos”.

Según Enseñat, numerosos pasajeros han denunciado en las últimas semanas la cancelación de reservas marítimas previstas para los meses de verano, especialmente en el próximo mes de agosto, por la falta de seguridad jurídica y operativa sobre la continuidad de la línea, desviando este pasaje al muelle de Arrecife.

La pérdida de la ruta con Cádiz tendrá “consecuencias directas sobre el coste de vida”

“La posible pérdida o reducción de esta conexión marítima tendría además consecuencias directas sobre el coste de vida en Fuerteventura y en el conjunto de Canarias, provocando previsiblemente un incremento de los costes logísticos y del transporte de mercancías, con el consiguiente encarecimiento de productos básicos y de la cesta de la compra para miles de familias majoreras. Su desaparición temporal impactaría negativamente en la competitividad económica de la isla y agravaría aún más la inflación que ya sufren las familias de Fuerteventura”, resalta el texto.

Enseñat se acoge al artículo 138 de la Constitución española, que consagra el principio de solidaridad y equilibrio territorial, y al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las singularidades y desventajas estructurales de las regiones ultraperiféricas, obligando a los poderes públicos a adoptar medidas específicas que garanticen su conectividad y cohesión.

El Parlamento de Canarias aprobó la iniciativa por unanimidad, instando al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a “agilizar de manera inmediata la licitación de la nueva obligación de servicio público de la línea marítima Cádiz-Puerto del Rosario, garantizando la continuidad del servicio sin interrupciones a partir del 1 de julio de 2026”, así como a informar “públicamente y con transparencia sobre el estado actual del procedimiento de licitación, los plazos previstos y las medidas de contingencia previstas para garantizar la continuidad del servicio”.

Barco Josefina de la Torre de Baleària, que hace la ruta entre Cádiz y Canarias. Foto: Cedida.

Obligación

El diputado socialista por Fuerteventura, Rafael Nogales, señala que el Ministerio de Transportes “es consciente del problema” y está trabajando en una solución. Destaca que entre 1998 y 2020, Fuerteventura no entraba en la obligación de servicio público, que la incorporó el Gobierno en ese año.

Rafael Nogales dice que el Ministerio está trabajando en una solución

Nogales asegura que el problema deriva de la compra de Balearia y que el retraso en la renovación de la OSP obedece “a la falta de disponibilidad voluntaria de la naviera para continuar”, ya que no ha visto la necesidad de seguir con la línea, pero que se está renegociando con esta naviera e incluso con la opción de otras navieras para saber si les interesa la línea.

Destaca Nogales que ya está elaborado el informe justificativo que requiere el Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de la línea, porque la subvención anual es de unos dos millones de euros, y que se sigue intentando que se mantenga la línea porque el perjuicio para el tráfico de mercancías es muy alto, por el encarecimiento del transporte.

Por su parte, la senadora Paloma Hernández se remite a la nota enviada a mediados del mes de junio tras su reunión con el secretario general de Transportes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Benito Núñez Quintanilla. En esa nota, la senadora garantizaba “el firme compromiso del Gobierno de España de mantener la conexión marítima entre Cádiz y Puerto del Rosario” y decía que el Ministerio ya trabaja en la nueva licitación de esta “ruta estratégica”.