La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión para un ciudadano de Bangladesh acusado de formar parte de una organización que trasladaba a migrantes asiáticos hasta Canarias y a la que atribuye, entre otros viajes, la llegada a Fuerteventura de dos embarcaciones con ocho ciudadanos pakistaníes y bangladesíes entre 2021 y 2022.

El acusado, identificado como S.M., será juzgado el próximo 23 de septiembre ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según el escrito de acusación, las investigaciones del Grupo III de la UCRIF de Las Palmas detectaron una organización integrada por ciudadanos de Bangladesh que contactaba en ese país con personas bangladesíes y pakistaníes interesadas en emigrar a Europa.

La Fiscalía sostiene que los migrantes pagaban unos 13.000 euros y eran trasladados desde Bangladesh a través de India y Emiratos Árabes Unidos hasta Mauritania, donde otros integrantes de la organización se encargaban de gestionar la siguiente fase del viaje.

El acusado será juzgado el próximo 23 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

El Ministerio Público afirma que los migrantes disponían además de documentos presuntamente falsificados por miembros de la organización y que, una vez en Mauritania, muchos trabajaban en negocios vinculados a sus responsables hasta reunir el dinero necesario para completar el trayecto.

La acusación sostiene que la organización contrataba posteriormente con grupos dedicados a organizar salidas desde Mauritania y Marruecos el traslado en pateras o neumáticas hasta Canarias, pese a conocer, según la Fiscalía, las condiciones de precariedad y la ausencia de medidas de seguridad de esas embarcaciones.

Llegaron a Fuerteventura

Entre los viajes que figuran en el escrito de acusación se encuentra una neumática llegada a Fuerteventura el 7 de septiembre de 2021 con tres ciudadanos pakistaníes y 50 personas de origen subsahariano.

La organización cobraba unos 13.000 euros a personas de Bangladesh y Pakistán para trasladarlas hasta Europa a través de India, Emiratos Árabes, Mauritania y finalmente Canarias

La Fiscalía atribuye también a esta operativa la llegada a Fuerteventura, el 30 de enero de 2022, de otra embarcación neumática en la que viajaban cinco ciudadanos bangladesíes y 47 personas subsaharianas.

En total, las dos embarcaciones citadas por la acusación que alcanzaron Fuerteventura transportaban a 105 personas, ocho de ellas de origen pakistaní o bangladesí.

El escrito menciona asimismo una tercera neumática que llegó a Gran Canaria el 25 de enero de 2022 con nueve ciudadanos bangladesíes y 52 personas de origen subsahariano.

Labores logísticas en Mauritania

La Fiscalía sostiene que S.M. formaba parte de la organización y estaba establecido en Mauritania, donde actuaba a las órdenes de otros dos ciudadanos bangladesíes a los que sitúa como responsables del grupo.

Uno de ellos, identificado como Mohamed S.S. y conocido con el alias de "Mastermind", era, según la acusación, propietario de varios restaurantes en Nuakchot en los que trabajaban migrantes antes de continuar su viaje.

El Ministerio Público sostiene que el procesado realizaba labores logísticas en Mauritania y pide para él una pena de cuatro años y nueve meses de prisión

La Fiscalía menciona también a H.A. como propietario de alojamientos utilizados por las personas que permanecían en Mauritania hasta completar el pago del trayecto.

Al procesado se le atribuyen labores como buscar y alquilar alojamientos para ciudadanos bangladesíes y pakistaníes que llegaban a Mauritania a la espera de viajar a Canarias, por las que, según el Ministerio Público, cobraba 200 euros por persona.

La acusación añade que participaba en la planificación y facilitación de la entrada de migrantes en Mauritania, Argelia o Marruecos para su posterior traslado a España.

S.M. llegó finalmente a Gran Canaria en un cayuco el 18 de octubre de 2022, después de haber salido de Nuakchot cinco días antes, según recoge el escrito.

La Fiscalía señala además que dos testigos protegidos consiguieron llegar a Europa después de haber pagado a la organización a la que atribuye la pertenencia del acusado, que permanece privado de libertad desde el 23 de octubre de 2022.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, además de los cuatro años y nueve meses de prisión, solicita para el acusado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.