La posibilidad de que uno de los concejales del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Pájara pierda su sueldo como concejal liberado por abandonar el partido por el que se presentó en 2019 a las elecciones (Podemos) y su paso al grupo de los no adscritos, está creando una crisis institucional de consecuencias imprevisibles.

La historia es larga. Rodrigo Berdullas fue el único concejal elegido por Podemos en las elecciones de 2019. Accedió al grupo de gobierno por la moción de censura firmada junto a PSOE y AMF, que desbancó a Miguel Ángel Graffigna para colocar en la alcaldía a Pedro Armas (AMF), y permaneció después de que Armas prescindiera del PSOE y reincorporara a CC y PP.

Berdullas es concejal delegado de Desarrollo Local, Formación y Empleo, Medio Ambiente y Escuelas Infantiles Municipales. Tiene un sueldo de 45.800 euros brutos al año. Ese grupo de gobierno contrató como cargo de confianza a Guillermo Concepción, exlíder de Vox en Fuertevenrtura. Después de esa incorporación, la Comisión de Garantías de Podemos sancionó a Berdullas con dos años de inhabilitación y comunicó al Ayuntamiento que no podía representar a Podemos. Era septiembre de 2020.

En mayo de este año 2021, es Berdullas quien comunica su baja voluntaria al partido, y así se lo informa Podemos al Ayuntamiento de Pájara, añadiendo que, por tanto, debería pasar a ser concejal no adscrito, según la Ley de Municipios de Canarias.

Así se lo comunica el secretario, Juan Manuel Juncal, que le emplaza a realizar alegaciones. El edil alega que no ha sido expulsado y que no pertenece al grupo de Podemos, sino al grupo Mixto. Podemos solo había obtenido un concejal, por lo que no podía formar grupo propio. Alega que la condición de no adscrito se refiere a quien abandona grupos políticos municipales, no el partido de procedencia, por el que se presenta a las elecciones.

El secretario elabora un dictamen de 18 folios, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, por el que determina que, al ser concejal no adscrito, Berdullas no puede seguir cobrando su retribución. Señala que la figura del concejal no adscrito tiene por objeto la persecución del transfuguismo político, según doctrina del Tribunal Constitucional (TC).

Dice el secretario que cuando en la Ley se determina el paso a la condición de no adscrito cuando sea expulsado de su formación, debe reputarse lo mismo cuando se abandona el partido político. Añade un auto del TC que habla de que debe ser así “en caso de expulsión o de abandono”.

Informe del secretario municipal.
 

El alcalde

El siguiente paso era llevar este asunto a comisión y después a pleno, pero el alcalde, Pedro Armas, no lo lleva. El 25 de agosto, el secretario emite una diligencia en la que dice que el expediente ya está concluso para ir a la comisión de asuntos plenarios, pero que el alcalde no lo incluye porque cree que hace falta otro periodo de alegaciones de 20 días. El secretario señala que ya ha cumplido con sus funciones y que a partir de entonces se desentiende de los sucesivos trámites.

El alcalde, efectivamente, da 20 días a Berdullas, que encarga un dictamen jurídico a Manuel Travieso, abogado y concejal de Puerto del Rosario, que acaba de regresar a AMF, el partido que preside Armas. El informe concluye que Berdullas no es un tránsfuga porque no ha sido expulsado y porque el abandono de la formación política no se contempla como transfuguismo.

El secretario insiste en llevar el asunto a comisión y el alcalde se sigue negando. “Lo procedente es llevarlo a pleno, cosa que hasta la fecha el alcalde se ha negado a realizar pese a las advertencias por parte de esta secretaría”, escribe el funcionario. El alcalde alega ahora que hace falta un informe externo y responde por escrito a la diligencia del secretario. La guerra ya es abierta.

El alcalde menciona en un escrito dirigido al secretario las alegaciones de Berdullas hechas por Travieso, al que califica como un abogado “de reconocido prestigio”, que tiene un criterio diferente al del funcionario, y aprovecha para arremeter contra la labor de Juncal, “dada su trayectoria desde que está ejerciendo las funciones de secretario general de este ayuntamiento, en el que no pasa un día en que no haya que rectificar lo realizado el día anterior, generando con ello una gran inseguridad jurídica”.

No obstante, Armas no justifica esas afirmaciones, pero justifica el encargo del informe externo en el hecho de que trata de una decisión “muy lesiva” para Berdullas, que podría “atentar contra sus derechos”. El alcalde apela al Código Civil, al contexto, a la equidad y a la evolución normativa y, “en aras a no causar un perjuicio de difícil reparación” al concejal, solicita ese informe a Juan Pedro Martín Luzardo, también “abogado de reconocido prestigio”, según él, y exsecretario de ese mismo ayuntamiento.

Informe encargado por Berdullas.

A pleno

Finalmente, el asunto va a comisión, donde el secretario dictamina lo mismo: que el concejal debe pasar a ser no adscrito y perder su retribución, y después a pleno, como cuarto punto del orden del día, el 18 de noviembre. Antes del debate, toma la palabra Berdullas y pide que el asunto quede sobre la mesa o se retire el dictamen del secretario porque, dice, es nulo de pleno derecho, y alega otro argumento: sostiene que la comisión informativa previa a los plenos está mal conformada, que es contraria a la ley y que, por tanto, cualquier decisión es nula. El argumento abre la puerta a que todas las decisiones tomadas en todas las comisiones municipales desde julio de 2019 sean nulas.

Berdullas pidió en el pleno abrir un expediente disciplinario al secretario

Berdullas señala que las comisiones están formadas por nueve miembros y que la Ley de municipios fija que deben estar formadas por un número no superior a un tercio de los concejales. Pájara tiene 21 concejales, por lo que deberían estar formadas por siete, según su argumento.

El secretario alega que el alcalde es miembro nato de todas y no se contabiliza, y que la Ley permite añadir uno más si el número de concejales sobre el que se hace el cálculo fuera par, como sería este caso, que serían 20 sin el alcalde. Es decir, ocho concejales más el alcalde: nueve.

En el pleno, Pedro Armas arremete contra el secretario. Le dice que si las comisiones tienen esa composición es “porque usted lo avaló”. Sin embargo, el secretario señala que él no estaba en el cargo en la fecha en que se fijaron las comisiones y que, en todo caso, es el pleno el que las aprueba.

El alcalde insiste: “Si hubiese hecho lo mismo en otros casos, no estaríamos así”, le dice, y argumenta que ningún pleno puede estar por encima de la ley. Llega a decir que si los órganos están mal convocados, las decisiones son nulas de pleno derecho.

El PSOE vota en contra de dejar el tema sobre la mesa: “Para eso tenemos un secretario”. El exalcalde Rafael Perdomo dice que con esta decisión se cuestionan todas las comisiones y que “se quiere retorcer la ley para salvar un caso concreto”, en referencia a la situación de Berdullas. El tema queda sobre la mesa, con 11 votos a favor, de AMF, NC, PP y CC, y ocho en contra, del PSOE y el exalcalde Graffigna.

Informe externo encargado por el alcalde.

Expediente al secretario

Al final de la votación, Berdullas dice que se estudie si es procedente abrir un expediente disciplinario al secretario por la “gravedad” de los hechos, porque “hay que velar por el cumplimiento de dichas normas. “Lo estudiaremos”, dice el alcalde.

La historia finaliza, de momento, el 26 de noviembre. Se celebra un pleno extraordinario y urgente con un único punto en el orden del día y en que ejerce como secretaria la vicesecretaria municipal, “que se vuelve a estrenar como secretaria”, destaca el alcalde, que añade: “El último informe del secretario no deja de ser una opinión, respetable, pero que no se ajusta a la Ley canaria”. Se aprueba el cambio en la composición de las comisiones y se decide enviar la decisión al Consejo Consultivo de Canarias. Continuará.