El Grupo Municipal En Marcha ha presentado una moción que será debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento de La Oliva, previsto para el miércoles 5 de agosto, con el objetivo de que las empresas que organizan excursiones turísticas en quads, buggies y vehículos similares contribuyan económicamente al mantenimiento de los caminos públicos que utilizan para desarrollar su actividad comercial.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento inicie los estudios jurídicos, técnicos y económicos necesarios para aprobar una ordenanza fiscal que regule una tasa por el aprovechamiento especial, intensivo y lucrativo de los caminos y pistas de titularidad municipal.

Desde En Marcha explican que “estas empresas obtienen un beneficio económico mediante la utilización reiterada de caminos públicos, mientras que los costes derivados del desgaste, la reparación, la limpieza y el mantenimiento de esas vías terminan siendo asumidos por el conjunto de la ciudadanía a través del presupuesto municipal”.

“El objetivo no es impedir esta actividad económica, sino ordenarla y garantizar que quienes obtienen un beneficio privado utilizando de manera intensiva bienes públicos contribuyan también a su conservación”, señala Fiamma Guerra, portavoz del grupo municipal.

En Marcha recuerda que la circulación frecuente de caravanas de quads y buggies puede provocar “un deterioro acelerado del firme, la aparición de baches y surcos, el levantamiento de polvo, procesos de erosión y daños en los márgenes y sistemas de drenaje de los caminos”.

La formación considera que existe actualmente una situación de “desigualdad” respecto a otras actividades económicas del municipio. Así, “un restaurante que instala una terraza en la vía pública debe contar con autorización y pagar una tasa por la ocupación del dominio público, mientras que las empresas que incorporan kilómetros de caminos municipales a sus rutas comerciales no realizan una contribución equivalente por ese aprovechamiento”.

“No parece justo que una pequeña empresa hostelera pague por ocupar unos metros de espacio público con mesas y sillas, mientras que otras actividades utilizan durante kilómetros los caminos públicos como parte esencial de su negocio sin contribuir directamente a sufragar su mantenimiento”, sostiene Guerra.

La moción también insta al Cabildo de Fuerteventura a garantizar el cumplimiento “inmediato y efectivo” de la ordenanza insular aprobada en 2019 para regular la circulación de quads, buggies y vehículos análogos.

Esta normativa establece una red oficial de rutas, un sistema de autorizaciones y cupos, límites al número de vehículos por caravana, franjas horarias, requisitos de identificación, seguros obligatorios y un régimen sancionador para los incumplimientos.

En Marcha considera que “no basta con disponer de una ordenanza, sino que es necesario asegurar su aplicación real mediante inspecciones periódicas y controles sobre el terreno”.

Por ello, la moción solicita al Cabildo que ponga en marcha un plan específico de vigilancia en La Oliva, que compruebe que las empresas cuentan con las autorizaciones correspondientes, que los vehículos utilizados son los declarados, que se respetan los horarios y recorridos establecidos y que no se circula por caminos o espacios no autorizados.

“La protección del territorio no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de las empresas. Es necesario contar con normas claras, vigilancia suficiente, sanciones cuando se produzcan incumplimientos y una contribución económica proporcionada al desgaste de los bienes públicos”, concluye Fiamma Guerra.