El tesorero del Ayuntamiento de La Oliva entre 1991 y 2017, José Hilarión Cabrera, que se enfrenta a ocho años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos, se negaba a efectuar un arqueo de caja para el interventor que entró en la Corporación en 2017 porque decía "que no le coincidían las cuentas".

Así lo ha manifestado este martes el entonces alcalde de La Oliva, Pedro Manuel Amador, que ha sido el primero de los cinco testigos que finalmente han declarado en esta jornada ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas en el juicio que se sigue contra el tesorero.

"Ni vendiendo mi casa" van a cuadrar las cuentas, es lo que le llegó a responder el procesado al entonces alcalde de La Oliva, que fue el primero que denunció el descuadre en la contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, que en una sentencia responsabiliza a Cabrera de haber causado un perjuicio al Ayuntamiento de 303.410 euros.

El exalcalde ha señalado que el tesorero se cogió una baja médica y nunca llegó a efectuar el arqueo y ha recordado que, para conseguir la apertura de la caja fuerte y el armario blindado donde se guardaba el dinero y documentación de Tesorería, hubo que recurrir a la Policía Local y a un cerrajero ante la negativa del acusado a facilitar las llaves.

Tras desmontar la puerta para entrar en lo que llamaban el "cuartito de tesorería" se logró abrir el armario blindado con una radial y la caja fuerte con la mediación de un cerrajero, y en ellas encontraron más de 10.000 euros en efectivo, ha precisado otra testigo, la que fuera en esos años la secretaria municipal, Raquel Antón.

En su declaración, ha detallado que necesitaron tres días para la apertura del armario y de la caja, así como para examinar su contenido, y que el entonces alcalde se quedó "pálido" cuando contaron el dinero porque pensaba que había más. Se suponía que podía haber 600.000 euros, ha apuntado la testigo.

El ahora concejal en la oposición denunció en abril de 2017 al Tribunal de Cuentas el descuadre que había en las cuentas porque el interventor le había señalado que eran "cantidades injustificables", según ha explicado Amador.

En un principio, ha dicho que se pensó que superaba los 900.000 euros, pero finalmente el Tribunal de Cuentas lo cifró en 303.410 euros, que es la cantidad que el Ministerio Fiscal y la acusación que ejerce el Ayuntamiento reclaman al acusado que restituya en este juicio.

Amador ha relatado que en el Ayuntamiento de La Oliva los ingresos se hacían en metálico hasta que ordenó que se efectuaran por transferencia o con tarjeta bancaria para evitar que hubiera efectivo en la corporación.

Carecían de titulación

Otra testigo, que fue interventora accidental y también fue investigada por el Tribunal de Cuentas, Rita Darias, ha indicado que era administrativa y que asumió en dos ocasiones la responsabilidad de intervención, la última entre julio de 2008 y noviembre de 2015, y que entonces no hubo problemas de descuadre, solo algún error de contabilidad sin consecuencias.

Darias ha admitido que tanto ella como el tesorero carecían de titulación para los puestos que les asignaron, pero que sacaban el trabajo adelante con los conocimientos que tenían.

Esta testigo ha indicado que la llave de la caja fuerte de tesorería la guardaba el acusado, si bien la del armario blindado ella la tuvo en alguna ocasión.

“Graves” descuadres

En esta sesión ha declarado como testigo el que fue concejal de Votemos La Oliva Álvaro de Astica Hernández, que también presentó en 2017 una denuncia al Tribunal de Cuentas por el descuadre de los fondos municipales.

Ha calificado de "graves" esos descuadres y ha añadido que en su denuncia figuraban tanto el tesorero como los concejales de Economía y Hacienda que habían firmado arqueos de caja que cuestionaban, si bien ha recordado que el Tribunal de Cuentas solo halló como responsable al acusado.

Tribunal de Cuentas

El interventor y habilitado nacional Francisco Díaz, que ocupa este cargo en el Ayuntamiento de La Oliva desde 2018, ha indicado al tribunal que emitió un informe de arqueo en el que apreciaba que los datos no se ajustaban a la realidad y que también se remitió al Tribunal de Cuentas.

El juicio continuará este miércoles con la declaración de los peritos y del acusado.