El principal acusado del 'caso Catastro', la presunta estafa que se dedicaba a falsificar expedientes para apropiarse de 141 fincas rústicas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ha admitido este martes ante la Audiencia de Las Palmas los hechos, ocurridos entre los años 2011 y 2016.

En la primera sesión del juicio, el procesado Santiago Ramón M.M. que se enfrentaba inicialmente a 17 años de prisión por un delito continuado de falsificación de documento público, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ha asumido todos los cargos formulados por la acusación y ha admitido que formó parte de una trama que cambió la titularidad de decenas de fincas e inmuebles sin conocimiento de sus propietarios para lucrarse.

Así mismo, en su interrogatorio ante la sala, ha reconocido que para ello alteró documentos de contratos de compraventa para presentarlos en la gerencia territorial del Catastro de Las Palmas.

En esta trama figuraban en un principio otros cuatro acusados: dos de ellos han fallecido y los otros dos son José O.M. y José María C.F., para los que se piden 13 y nueve años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos que Santiago Ramón M.M., salvo el de estafa.

Sus defensas solicitan para ellos una sentencia absolutoria y ambos declararán al final del juicio.

Fuentes de la defensa del principal procesado han señalado que su cliente ha admitido los hechos al llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que las penas que se le reclaman por cada uno de los delitos que le imputan sean inferiores a los dos años de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, a los acusados se les incautaron 47 vehículos de alta gama, relojes de lujo y joyas, además de las fincas y otros bienes inmuebles.

En esta sesión ha declarado un guardia civil del grupo de Patrimonio que participó en la investigación desde el comienzo y ha explicado al tribunal que el detonante fue un perjudicado de Fuerteventura.

Conforme a su testimonio, la persona que actuaba en el catastro era el acusado y funcionario Jesús O.M. y el que se quería beneficiar de esa primera operación, el procesado ya fallecido Roque M.M., que era el que formaba parte de la trama en Fuerteventura.

Ha comentado que todos los expedientes sobre los que actuaban los acusados tenían una característica común, la falta del trámite de audiencia y que algunos se completaban en un solo día, cuando suelen tardar bastante, y que carecían de acuse de recibo del interesado, por lo que no eran notificados.

Los acusados Santiago Ramos M.M. y Roque M.M., según este testigo, hacían muchos trámites en la gestoría de José María C.F.

El cometido de Santiago Ramos M.M. era también el de captar gente para poder utilizar los contratos privados y elevarlos a escritura pública ante notario; era el "conseguidor de los hombres y mujeres de paja", empleaba siempre a las mismas personas, que, a su vez, vendían las propiedades que les adjudicaban posteriormente a las sociedades mercantiles de los procesados, ha detallado.

El agente declaró que el primer perjudicado era de Fuerteventura y vinculó al fallecido Roque con las operaciones de la trama en la Isla

Se trataba de propiedades que en el Catastro figuraban en investigación y falsificaban los contratos de compraventa y los databan, sobre todo en los años ochenta y noventa, y el propietario legítimo solía estar muerto, ha apuntado también este testigo, que ha precisado que la mayoría eran fincas rústicas.

Además, ha dicho que se alteraron hasta 158 expedientes por la información privilegiaba que obtenían del Catastro a través del funcionario Jesús O.M., ya que tenía acceso a la base de datos.

El testigo ha señalado que en correos electrónicos de Jesús O.M. a José María C.F., que fueron intervenidos, se localizó en varias ocasiones la frase: "Esto es el futuro, tengo tres más".

Este testigo ha situado al acusado José María C.F. en el escalón intermedio de la trama, pues era la persona a la que acudían los entonces investigados para hacer sus "artimañas legales" con el apoyo técnico del funcionario Jesús O.M.

Tanto este testigo como otros dos guardias civiles que han declarado en esta jornada han indicado que participaron en las entradas y registros de oficinas y viviendas de los acusados, así como en la sede del Catastro de Primero de Mayo, y que todos ellos ser llevaron a cabo con normalidad.

No obstante, el abogado de Jesús O.M. ha pedido la nulidad del registro practicado en el Catastro y en la gestoría de José María C.F., en la que también había un despacho de un abogado, por considerar que los guardias civiles se extralimitaron de la orden judicial, y se incautó material informático sin autorización y sin la presencia del fedatario público, una cuestión que el tribunal resolverá en la sentencia.

"La Guardia Civil recabó lo que quiso", según el letrado Sergio Armario, que también ha apuntado que el registro del despacho del abogado no se mencionaba en el auto judicial.

Además, ha rechazado el acta del registro por entender que se acomoda "de forma chapucera" y ha pedido que se retire de la causa todo el materia aprehendido en papel y soporte informático y lo incautado en el despacho del abogado.

De su cliente también ha sostenido que no hay indicios de que haya cometido delito alguno, ya que desde 2012 accedió al puesto de inspector de Sanidad Vegetal en las oficinas del puerto de Las Palmas y no tiene vinculación alguna con la oficina del Catastro.