El Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario ha condenado al presidente de la fundación Playas de Jandía, Juan Déniz, vinculada al club deportivo del mismo nombre, que compitió 12 temporadas consecutivas en la Segunda División B de fútbol y tres más en Tercera División, según ha podido saber Diario de Fuerteventura.

La sentencia asume los argumentos del fiscal Tomás Fernández de Páiz y le considera culpable de un delito contra la Hacienda Pública y le impone un año y tres meses de prisión, que puede ser de seis meses más en caso de impago. Se enfrenta al pago de un total de 404.363 euros, de los que una mitad se corresponde al dinero defraudado y la otra mitad a la multa impuesta.

En julio de 2011, después de 15 años de trayectoria, el club de fútbol abandonaba la competición ahogado por las deudas. En un comunicado, la junta directiva aseguraba entonces que tenía pendientes de cobro 200.000 euros del Cabildo y 1,2 millones del Ayuntamiento de Pájara. Y se lamentaba de que el club hubiera solicitado ayuda a las instituciones para “solventar” una deuda de 75.000 euros pero que no había obtenido “respuesta”.

En sus años de gloria, el equipo se había enfrentado al Real Madrid en la Copa del Rey y llegó a disputar una fase de ascenso en Segunda División B después de haber quedado segundo de su grupo.

Sin embargo, el último episodio de la historia del Playas de Jandía lo ha escrito la Justicia, que considera acreditado un desfalco de las arcas de la fundación. Prácticamente cuatro años después de que el club dejara de competir, la fundación que se creó para sortear deudas de la entidad deportiva recibió 427.061 euros de la empresa pública Gestora Deportiva Municipal de Pájara, propiedad del Ayuntamiento. Había sido condenada a abonar 351.569 euros más los intereses al Playas de Jandía.

Del dinero ingresado, el único pago que se ha podido justificar, según la magistrada Alicia María Buendía, fueron los 28.813 euros que cobró el abogado Manuel Travieso por el pleito con el Consistorio.

El resto del dinero fue retirado de la cuenta de la fundación en la Banca March por el presidente de la entidad: 30.175 el mismo 30 de junio de 2015 que la empresa municipal abonó los fondos, 100.000 euros el 3 de julio, 80.000 euros una semana después, 74.000 euros el 13 de julio, otros 75.000 euros el 21 del mismo mes y 67.885 euros tres días más tarde.

Con la última retirada se canceló la cuenta corriente. En la sentencia se considera que el presidente de la entidad incorporó un total de 398.247 euros “a su patrimonio, sin que conste el título jurídico para ello, y sin que la fundación haya reclamado cantidad alguna al mismo”.

Ni coherentes ni creíbles

La línea de defensa del único acusado era que cuando llegó a la presidencia del club “tenía ya bastantes deudas”, procedentes de la anterior directiva, incluida la Seguridad Social y Hacienda. La fundación, explicó en su declaración, se utilizaba porque el club “no podía recibir subvenciones”. Cuando el Ayuntamiento fue condenado a pagar los 427.000 euros, en el patronato de la fundación del Playas de Jandía “quedaban pocos” miembros, entre ellos el secretario, ya fallecido.

El Juzgado de lo Penal dicta sentencia por un delito contra la Hacienda Pública

Aseguró que el dinero se guardaba en la casa de este otro directivo y que era el secretario quien lo iba “repartiendo” entre las personas a las que se debía dinero. Insistió en que no “dispuso de nada” para sí mismo, que no obtuvo “beneficio propio” y que “se entregó hasta el último céntimo”.

Sin embargo, para la magistrada carecen de “verosimilitud” las declaraciones juradas de varios testigos de la defensa -un par de jugadores, otro directivo, el gerente y un agente- que aseguraron haber recibido cantidades en efectivo por aquellas fechas para saldar supuestas deudas. Entre los argumentos, que no quedó constancia de los pagos, que hay vínculos de amistad o en algunos casos que pertenecían al mismo partido político: AMF.

“Los testigos que afirman haber recibido dinero en efectivo se contradicen, no pueden probar la recepción de dinero alguno ni resultan coherentes ni creíbles en sus testimonios”, añade la sentencia.

El límite del delito fiscal está en los 120.000 euros por ejercicio. En este caso, la cuota defraudada, 176.462 euros, “rebasan en mucho” la “frontera entre el delito y la infracción”.