El Juzgado de lo contencioso administrativo número tres de Las Palmas ha declarado la “imposibilidad legal de ejecutar la sentencia” que anuló la licencia de construcción del centro comercial Las Rotondas, ubicado en Puerto del Rosario.

En el auto se indica que cabe la apertura de una pieza separada para “determinar la indemnización que, en su caso, correspondería” ante la declaración de imposibilidad de ejecutar la sentencia que anuló el permiso de construcción. De hecho, en la misma resolución se incoa la citada pieza separada “una vez se presente la oportuna demanda ejecutiva”.

El Ayuntamiento ha pedido en tres ocasiones que el Juzgado declarase que era imposible ejecutar la sentencia del año 2007 que anuló la licencia de obras, otorgada en 2002. En las dos primeras ocasiones, la petición fue desestimada.

En cambio, en la tercera ocasión, ha tenido en cuenta el criterio del Consistorio, que argumentó que se había aprobado de forma definitiva el Plan General de Ordenación, que entró en vigor en enero de 2017, en el que se incluye un convenio urbanístico con la propiedad del centro comercial.

En el auto, dictado el pasado 29 de marzo, el Juzgado señala que “la existencia de una nueva ordenación urbanística” en Puerto del Rosario “no puede ser obviada, sin que pueda considerarse que la misma tiene como objetivo evitar la ejecución del fallo” de la sentencia que anuló el permiso de obras.

Los tribunales determinaron que se incrementó de forma irregular el aprovechamiento urbanístico de la zona para ejecutar el centro comercial: de 14.700 a 47.423 metros cuadrados. El centro, incluyendo la parte construida bajo rasante, que no computa, tiene más de 69.500 metros construidos.

Según el convenio incorporado al Plan General, la propiedad de Las Rotondas, para “regularizar” su “situación jurídica”, debe entregar al Ayuntamiento determinadas parcelas. Para compensar el “déficit” de espacios libres y dotaciones, así como el aprovechamiento urbanístico que le corresponde obligatoriamente al Ayuntamiento, los propietarios del centro comercial tendrían que abonar también 2,1 millones de euros, según el convenio.

Con posterioridad, el pleno municipal modificó el convenio: una parcela que se consideraba que era propiedad de los promotores, en realidad la tendrían que haber cedido al Consistorio cuando urbanizaron. Así, tendrían que abonar 409.000 euros más o entregar otra parcela de 867 metros.

“Sin ningún tipo de demolición”

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha valorado este viernes el auto del Juzgado y ha destacado que la resolución “garantiza, en principio, la continuidad del centro comercial tal y como lo conocemos, sin que sufra ningún tipo de demolición”.

El grupo de gobierno (CC y PSOE) destaca “los más de diez años de proceso judicial que ahora toca a su fin” y recalca que ha utilizado “todas las herramientas y recursos jurídicos posibles para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales recaídas en el procedimiento y al mismo tiempo evitar que el conjunto de los vecinos y ciudadanos de Puerto del Rosario sufran un perjuicio de impredecibles consecuencias”.

Así, se presentó en el Juzgado un plan de demolición de parte del centro comercial, que finalmente no se tendría que ejecutar. “El auto supone, en la práctica, la recuperación de los espacios comunes asociados al centro comercial en la parte sur del edificio y su destino para servicios ciudadanos, que contemplan una superficie de unos 1.500 metros cuadrados”, subraya el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario destaca que presentó “toda la documentación requerida” y que ha “planteado las alternativas oportunas para evitar el derribo, que supondría un daño económico inasumible para las arcas municipales al tener que hacer frente a posibles indemnizaciones, además del coste de las obras de demolición”.

El Consistorio señala que también ha pretendido “evitar la pérdida de puestos de trabajo vinculada a esta gran infraestructura, hoy plenamente integrada en la ciudad e interiorizada entre la ciudadanía no solo de Puerto sino de toda la Isla”.