El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Puerto del Rosario ha decretado la apertura de juicio oral contra Mario Cabrera, diputado autonómico, y Manuel Miranda, actual concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ambos por Coalición Canaria.

El procedimiento está relacionado con la gestión en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF). La querella se interpuso por parte de la Fiscalía en el año 2018 y, aunque se empezó a instruir en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al perder los diputados autonómico el aforamiento con el nuevo Estatuto de Autonomía, se terminó investigando en un Juzgado de Puerto del Rosario.

El auto de apertura de juicio oral, dictado este martes, se dirige contra Cabrera y Miranda, por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la Ley de Contratos del Sector Público.

La querella inicialmente se presentó contra Mario Cabrera y Manuel Miranda, como consejero del CAAF, pero también contra el sucesor de Cabrera en la presidencia del Cabildo, Marcial Morales, y contra el consejero de Aguas en la etapa de Morales, Andrés Díaz. Sin embargo, ni Morales ni Díaz se sentarán en el banquillo de los acusados.

En la investigación se apuntó a la etapa de Mario Cabrera como presidente del Cabildo de Fuerteventura entre 2007 y 2015. Entre otros aspectos, la querella se refería a una serie de contrataciones de suministro de agua, cuyo principal beneficiario durante este tiempo habría sido el propietario de pozos de agua y empresario del sector Fermín Pérez Armas.

En su momento también trascendieron otras vías de investigación relacionadas con el suministro de maquinaria diversa, como retroexcavadoras, cuyo montante ronda los 100.000 euros, así como la contratación de transporte de agua en cubas, cuyo valor estimado sería de 50.000 euros.

Uno de los indicios de delito para la Fiscalía sería la adquisición de agua al depósito de Tequital, que no estaba conectado a las redes de distribución del Consorcio. El Ministerio Fiscal apuntó al principio de la investigación a que la contratación a Fermín Pérez se habría efectuado de forma irregular durante al menos 10 años.

En su declaración como investigado, en mayo de 2019, Mario Cabrera señaló que “había necesidad de contratar retroexcavadoras para arreglar averías, que eran imprevisibles en cualquier punto de la Isla y a cualquier hora y día del año, debido al estado del servicio”.

Además, Cabrera resaltó encontes que había que "tirar automáticamente de cubas de agua que estuvieran autorizadas por Sanidad para transportar agua potable” y que “no había tantas”. “Con todas ellas se llegaba a acuerdos de forma puntual, sin que fueran grandes las cantidades", detalló.