El Hotel Tres Islas, levantado sobre las Dunas de Corralejo, tiene los días contados. El Gobierno central ha culminado el expediente de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público, otorgada en abril de 2007, y ha preparado la orden de demolición del establecimiento alojativo propiedad de la cadena RIU.

En una propuesta de resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, además de “ordenar el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones existentes”, a costa de la propia RIU, también ordena a la Demarcación de Costas de Canarias “que lleve a cabo el acta de reversión” al Estado de los terrenos ocupados por el Tres Islas. La propuesta de resolución ha sido convalidada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, el socialista Hugo Morán.

El Ministerio ha dado ahora el último paso: tras obtener el aval del Consejo de Obras Públicas, un organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la Abogacía del Estado, ha remitido la caducidad de la concesión al Consejo de Estado para que emita su dictamen.

[DOCUMENTO: Pinche aquí para acceder a la propuesta de resolución del Ministerio de declarar la caducidad de la concesión del Tres Islas y la "retirada" de sus instalaciones]

De hecho, la vía de caducar una concesión en las Dunas ya la sugirió el propio Consejo de Estado respecto al otro hotel de RIU, el Oliva Beach, cuando el Gobierno central inició un procedimiento de revisión de oficio del permiso que terminó archivado porque había vencido el plazo para su tramitación. La revisión de oficio implicaría que el Gobierno admita haber dictado un acto ilegal, mientras que la caducidad por vulnerar las condiciones de la concesión hace recaer la culpa en la empresa.

El secretario de Estado convalidó la propuesta de resolución que caduca la concesión

El Tres Islas, diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, se construyó entre 1970 y 1973, y el hotel Oliva Beach, que lleva la firma de Fernando Higueras, aunque renegase del resultado, se inauguró en 1976 y el inicio de las obras data de cuatro años antes. Sobre ambos hay abiertos expedientes de caducidad de sus respectivas concesiones para ocupar el dominio público marítimo terrestre. El del Tres Islas, que ahora llega a su recta final, se abrió en agosto de 2021.

En abril de 2007, el Gobierno central concedió a la empresa Sonco Canarias, luego absorbida por RIU, la concesión de Costas sobre el Tres Islas. En mayo de 1992, los terrenos del complejo hotelero habían quedado dentro del deslinde del dominio público.

Cuando se otorgó la concesión de unos 40.000 metros cuadrados, por 30 años, hasta 2037, y “sin posibilidad de prórroga”, también se autorizaron obras de “rehabilitación y mantenimiento” del Tres Islas. Sin embargo, la empresa controlada por RIU fue más allá. Así, en abril de 2008, la Demarcación de Costas emprendió un expediente sancionador por un aumento del volumen del hotel, algo prohibido de forma radical, tanto en la legislación como en la propia concesión.

Aquella infracción se resolvió en septiembre de 2008 con una multa de 10.885 euros y la obligación de derribar lo que se había construido en la última planta del hotel “en un plazo de 30 días”. RIU incumplió la orden.

En febrero de 2020, ya en plena polémica entre la cadena hotelera y el Ministerio para la Transición Ecológica por los hoteles de las Dunas, el servicio de vigilancia de Costas informa de que las obras ilegales en el Tres Islas, que habían supuesto un aumento de volumen y que resultaron sancionadas, no se habían restituido a su estado anterior.

En marzo de ese mismo año, el Ministerio requiere a RIU que ejecute esa orden de derribo, que afectaba tan solo a cuatro habitaciones, que se habían construido en el antiguo solarium de la última planta. Unos meses después, en junio, se vuelve a inspeccionar el inmueble por Costas y se constata que la cadena hotelera sigue sin ejecutar la demolición de las habitaciones sancionadas.

El Ministerio establece “el levantamiento y retirada” de “las instalaciones existentes”

Para entonces, la maquinaria del Ministerio ya está en marcha: en agosto se levanta acta de reconocimiento de todas las obras y usos existentes en los terrenos de dominio público. Así, se comprueba que la “superficie real” de ocupación es de 29.600 metros cuadrados y se destaca que “se han detectado nuevas edificaciones e instalaciones posteriores al otorgamiento” de la concesión de Costas.

Se registran las cuatro habitaciones (de la 601 a la 604) construidas en “una nueva planta”, que sería “la séptima” del hotel, lo que supuso “un uso comercial no autorizado” y un “sensible aumento de volumen del edificio”, señala el Ministerio de Transición Ecológica.

Además de este “importante” incremento del volumen también se produjo “un aumento de altura” del hotel “en cinco metros”, lo que a su vez provocó “zonas de sombra sobre el resto de la edificación y zonas libres comunes”, así como un “enriquecimiento ilícito” por parte de RIU gracias a una “explotación comercial no autorizada” de una “construcción declarada ilegal”.

El Ministerio critica además la “muy pobre imitación de la placa modular diseñada” para “cubrir toda la fachada del edificio” por el reconocido arquitecto Miguel Fisac, considerado uno de los más relevantes del siglo pasado.

Vista de las Dunas de Corralejo con los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Foto: Carlos de Saá.

Más irregularidades

Las visitas de Costas destapan más irregularidades: la modificación interior de instalaciones en unos 1.900 metros cuadrados de superficie, en la antigua casa del periodista Tico Medina, “construyendo unas nuevas instalaciones de SPA con jacuzzi y piscina” de uso para el hotel, una nueva piscina con jacuzzi en la zona de jardines, el techado del control de acceso, la instalación de una nueva planta desalinizadora y una depuradora “en muy mal estado de conservación”, de tal manera que “prácticamente se vierte el agua residual en bruto directamente al mar” a través de un emisario submarino, lo que “puede acarrear daños al medio ambiente”. Todo ello, sin autorización de Costas.

RIU se negó a derribar cuatro habitaciones y se destaparon más obras sin permiso

El Ministerio de Transición Ecológica le da 10 días de plazo a la empresa, tras las visitas de inspección, “para que facilite cuanta información y pruebas” quiera aportar “en defensa de sus derechos”. Sin embargo, “no se recibe contestación alguna” por parte de RIU.

En la propuesta de resolución que ha avalado el secretario de Estado de Medio Ambiente se concluye que “el aumento de superficie por estas obras ejecutadas contraviniendo el título concesional y lo establecido en la legislación de Costas se cuantifica en un total de 1.031,4 metros cuadrados, mientras que el volumen total de las actuaciones ilegales asciende a 2.996,92 metros cuadrados, de los cuales 729,91 metros cuadrados corresponden a las nuevas obras”.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se resalta que los “incumplimientos” de la concesión son “lo suficientemente graves como para justificar” que procede la caducidad del permiso. En la concesión al Tres Islas se especificaba con claridad la prohibición de “realizar obras que no sean de reparación y mejora”, pero “sin aumento de volumen” y siempre “con autorización”.

El secretario de Estado de Medio Ambiente convalidó este pasado mes de marzo la propuesta de resolución "sobre la caducidad de la concesión" del Hotel Tres Islas. Pinche aquí para acceder al documento.

Alegaciones rechazadas

En el expediente, RIU ha alegado “indefensión”, ha negado que los hechos acreditados constituyan un motivo para la caducidad de la concesión “porque el aumento de volumen sería inferior al 10 por ciento” de lo edificado en los terrenos de dominio público o, incluso, que la Demarcación de Costas es “incompetente” para resolver por el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018, que reconoció al Archipiélago competencias en ordenación y gestión del litoral.

El Gobierno de Canarias intentó que el Ejecutivo central parase el expediente en las Dunas

Además de RIU, presentaron alegaciones el Ayuntamiento de La Oliva, el comité de empresa del Tres Islas, una plataforma de defensa del hotel, UGT o Intersindical Canaria. El Ministerio para la Transición Ecológica desmonta todas las alegaciones. Sobre que había prescrito la infracción de RIU por las obras ilegales de las habitaciones en 2008, recuerda que no habían pasado los 15 años que marca la normativa desde que se sancionó, destaca que la Administración “está obligada” a iniciar los trámites para la caducidad de la concesión y resalta que se descubrieron más obras no autorizadas que avalan la extinción del permiso en las Dunas.

El Ministerio también rechaza la “desproporcionalidad” de la medida y aclara, “sobre la cuestión de que no se alcanza el 10 por ciento del aumento de superficie, volumen o altura” con las obras ilegales, que ese precepto de la Ley de Costas “no le es de aplicación” a la concesión del Tres Islas. En ese sentido, a las concesiones que se otorgan para compensar a los propietarios de edificaciones que se han quedado dentro del dominio público, “ni la legislación de Costas” ni las condiciones específicas de las autorizaciones les “permiten ningún aumento de volumen, superficie o altura”.

Es más, la propia “transmisión no autorizada de la concesión”, al pasar de una empresa (Sonco Canarias) a otra (RIU Hoteles), sería motivo de caducidad del permiso, aunque este incumplimiento no se ha incorporado a la propuesta de resolución del Ministerio porque ni siquiera se había contemplado inicialmente.

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. Foto: Diario de Fuerteventura.

Pleito con Canarias

En el procedimiento de caducidad de la concesión del Tres Islas también presentó alegaciones la Consejería regional de Transición Ecológica. El motivo radica en el traspaso de las competencias de Costas, del Gobierno central a la comunidad autónoma. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias también llegó a dirigirse de forma oficial al secretario de Estado de Medio Ambiente para que considerase “la posibilidad” de que el Gobierno central no adoptara “decisiones en los ámbitos controvertidos”, como los hoteles de las Dunas de Corralejo.

Sin embargo, el criterio del Ministerio es rotundo: Canarias ha asumido las competencias en las “concesiones ordinarias”, pero no las de casos como el Tres Islas o el Oliva Beach, que se otorgan, con un régimen transitorio, por un periodo de tiempo determinado, como “justiprecio” por la “pérdida de la propiedad” al quedar las edificaciones privadas dentro del dominio público tras un deslinde. El que afectó al Tres Islas se aprobó en 1992, casi dos décadas después de su construcción.

Tanto estas concesiones como “el seguimiento de sus vicisitudes”, argumenta el Ministerio, “corresponden al titular” del dominio público, el Estado, y “trascienden” el traspaso de la gestión del litoral que se ha acometido en varios estatutos de autonomía, como el canario. “Lo contrario significaría un vaciamiento casi total de la capacidad del Estado de actuar sobre el dominio público marítimo terrestre que es, como se ha dicho, de su titularidad”, sentencia.